Las diligencias que se han realizado por el hundimiento de un sector del Barrio San Antonio, zona 6, podrían concluir en poco tiempo y determinar si el daño fue por causas naturales o existe responsabilidad de las instituciones relacionadas.
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La fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP), realizó a finales de mayo último una inspección en el hundimiento de tierra en la zona 6, con estas diligencias solicitaron un informe o análisis a diferentes entidades como un aporte a la investigación para poder deducir responsabilidades.
El informe fue enviado por entidades como la Municipalidad Capitalina, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
La fiscal de delitos administrativos, Patricia Lainfiesta, indicó que se ha realizado varios estudios físicos en diferentes etapas por parte de otras instituciones.
Sin embargo los resultados de éstos aún no pueden ser cuantificados, puesto que no existen conclusiones por parte de los peritos encargados de realizar las diligencias anteriores.
Nuevo peritaje
Lainfiesta subrayó que el objetivo de los próximos peritajes que se efectuarán en el área física del hundimiento es verificar si los informes escritos que emitieron las instituciones a las que le fue solicitado, coinciden con el estudio que realicen los expertos del MP.
Aún no se tiene fecha prevista para efectuar dicha pesquisa, debido a que todavía no se termina de estudiar los documentos enviados al MP, los cuales «son demasiado largos y poseen un análisis y terminología que compete únicamente a los peritos», señaló la fiscal de delitos administrativos.
Antecedentes
Durante las diligencias de investigación se escuchó a algunas de las personas afectadas, las cuales narraron lo que sucedió. En su momento la fiscalía a cargo informó que las declaraciones no aportaron mayores elementos a la investigación que se ha emprendido.
Lo anterior debido a que los afectados del hecho en mención, presentaron una denuncia abierta y no específicamente en contra de alguna persona o institución, por lo que el MP investiga en esa línea las posibles causas de lo sucedido para deducir responsabilidades.
El jueves 22 de febrero del corriente se formó un agujero de aproximadamente 67 metros de profundidad, esto provocó que varias familias fueran evacuadas y puso de manifiesto la debilidad del estado.