La administración de lo público implica un múltiple desafío: regirse dentro de la maraña de normas, encarar las crisis heredadas (para nuestro país de varias décadas) y en el mejor de los casos contar con la capacidad de plantear nuevas modalidades de gestión. El «Terrorismo de Estado» es una conceptualización que parte de la justificación de la «razón o razones de Estado» y de ésta a su vez parte la «seguridad nacional». Dichos términos fueron los que nos conminaron a la más cruenta represión que se vivió en el marco del conflicto armado interno. Hoy, con el desempeño de la maquinaria estatal y sus grandes vacíos, se producen nuevas formas de «terrorismo de Estado».
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Si las «razones de Estado», que mediante prácticas ilegítimas, tenían la intención de orientar e inducir a la población civil a determinadas metas «impuestas» o a fomentar un comportamiento inducido, que de otra manera no se podrían alcanzar, entonces es valedero preguntarse cuáles serán las actuales «razones de Estado», cuyas implicaciones se traducen en una pronunciada falta de presencia y negación a un buen desempeño. O, en el peor de los casos, las motivaciones de los detractores al emprenderse algunas acciones para revertir este actual estado de cosas.
Aquí donde la desnutrición es un mal cuya crónica data de varias generaciones de guatemaltecos condenados al abandono y de ahí a las miserias jamás sospechadas, vale interrogarse de las causas estructurales que la crearon y cómo poco se ha hecho para revertir la problemática y, maliciosamente, cuando se pretende hacer algo para disminuir esos nefastos índices, se provocan otros cismas que desvían la atención estatal hacia estos males.
Guatemala es un país lleno de contrastes. Apenas un poco más allá del 2 % de los delitos son llevados a tribunales y obtienen la sentencia correspondiente. Las cárceles están llenas de delincuentes, sí, pero también están hacinadas muchas personas que por carencia de recursos para una hábil defensa, sencillamente el sistema les olvidó.
Ser pobre es la doble miseria de quien padece este otro estructural índice de abandono y decadencia estatal. Y es doble o múltiple su padecer, pues aquí la impunidad es la que reina. Si no se tiene la plata suficiente para seducir al operador de justicia, éste sencillamente se hace cómplice para «olvidar» el expediente que representará una larga estadía en un centro de detención para el pobre recluso.
Más aún si con nuestros desempeños o labores profesionales, provocamos el enfado de aquellos que se ocultan en los poderes fácticos y paralelos, vemos de nuevo como la maquinaria estatal arremete para amedrentarnos y de nuevo intimarnos a asumir una actitud sumisa, que de otra manera no se podría alcanzar.
El mejor ejemplo de ello es la ridícula, por no darle otro adjetivo más peyorativo, sentencia que efectuara el Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para condenar al editor Raúl Figueroa Sarti, por ¡haber utilizado una fotografía al ilustrar una publicación!, con tan sólo la autorización verbal de su autor el señor Mardo Escobar.
Que la sentencia es apelable. Por supuesto. Que podría haber entretelones para evidenciar una modalidad nueva de coacción, restricción, persecución e intimidación por parte de un organismo del Estado. Por supuesto. Pero Raúl ya tiene la doble condena: una la de abandonar su trabajo en pro de la cultura del país para dedicarse a defenderse del absurdo y la otra misión a demostrar que la sentencia de marras es por demás desatinada. La corruptela judicial, con sus mojigatos y pusilánimes magistrados se entroniza en este país del nunca jamás. De nuevo los jinetes del terrorismo, desde el Estado, cabalgan para intentar doblegarnos. Y hay más ejemplos.