Se desató la última semana una serie de manifestaciones encabezadas por la máxima jerarquía de la Iglesia Católica, de desaprobación respecto al reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 279-2009, que desarrolla las actividades para concretar el acceso universal a los servicios de planificación familiar. En nuestro país prevalece una alta tasa de natalidad y elevados índices de paternidad no responsable. En nuestro país, por lo tanto, es obligado hablar abiertamente de planificación familiar.
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El aspecto más oscuro de una situación es negar la existencia de la propia situación. La mejor confrontación es aquella que evita. La que no se produce. Los argumentos en pro y en contra tienen, como en todo lo humano, lo social y lo colectivo, verdades a medias. Es necesario que eduquemos a nuestros hijos, en realidad que nos eduquemos todos.
«La familia goza de un derecho constitucional en cuanto a la educación sexual», se afirmó. «Si se habla de sexo y de métodos anticonceptivos, se acentuará la promiscuidad, los embarazos anticipados y se incrementará el número de abortos», se agregó. Hasta se llegó a mencionar el derecho constitucional de resistencia, contenido en el artículo 45 de la Constitución Política.
En cuanto al derecho constitucional de la familia, lo que ésta (la Carta Magna) afirma es que: «El Estado garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos».
El cuestionado reglamento lo que desarrolla son los aspectos complementarios a la ley contenida en el decreto número 87-2005, es decir la Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar y su integración en el programa nacional de salud reproductiva. Un reglamento que hubo de haber esperado casi CINCO Aí‘OS para ser emitido, pues éste debió haberse promulgado, SESENTA DíAS después de la vigencia del citado decreto.
La actitud que deduzco de los detractores laicos del reglamento durante estos casi CINCO Aí‘OS fue la de la avestruz, NO MIRAR EL PROBLEMA, así éste NO EXISTE. Vaya manera de invitar a la responsabilidad familiar y social. La mejor prédica es aquella que practica con el ejemplo.
Información. Capacidad de analizar y comprender la información que nos llegue. Información procesada mediante el desarrollo del discernimiento. Conocimiento amplio y pleno. Conocimiento de nuestros límites, de nuestros derechos, de nuestras obligaciones. Esos son los fundamentos de la verdadera libertad individual. Con individuos libres habrá ciudadanos responsables y así sociedades responsables. En algún momento se tiene que comenzar a romper el círculo de la ignorancia.
¿Cómo defender el derecho de una familia dentro de una sociedad que está caracterizada por la falta de responsabilidad individual? ¿Cómo garantizar los derechos colectivos e individuales si se promulga el desconocimiento, la información errónea y principios trastocados de un falso y mojigato sentimiento de resguardo por la juventud?
Hablemos abiertamente de nuestras limitaciones humanas, de los alcances y las barreras que habremos de encontrar de continuar con un crecimiento desbordado de nuestras tasas de natalidad y también de los abortos clandestinos. Ambos fundamentados enormemente en la falta de divulgación del uso adecuado de los medios de planificación familiar. Soy de la opinión que la barrera entre la promiscuidad y la responsabilidad sexual, en este caso, se consolida a partir de la educación y el conocimiento fidedigno de las repercusiones de nuestros actos y no de otra manera.