Las actitudes políticas en estos primeros días del nuevo gobierno, así como también están siendo novedosas, plantean nuevos desafíos. La decisión del presidente Colom en cuanto a reafirmar su posición respecto del desempeño de los diputados en los asuntos del gobierno, es decir, circunscribirlos al cumplimiento de sus atribuciones constitucionales -ofrecido en campaña-, frente a una práctica cuyo origen se remonta al papel asignado en la Constitución Política de la Monarquía Española, en Cádiz del 19 de marzo de 1812, ya casi doscientos años. Ello bosqueja un escenario que a su vez implica desarrollar una tremenda capacidad para encarar los nuevos desafíos que se presentan para que no se alimente un ambiente de confrontación que pueda terminar en una atmósfera de ingobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En aquella Constitución se enunciaba que en cada provincia del reino habría una diputación «para promover su prosperidad» (Artículo 325). Y en el artículo 335 entre otras funciones, correspondía a la diputación provincial (numeral primero): «intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido a la provincia. Segundo. Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, para que con su «Visto Bueno» recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos. Tercero. Cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde corresponda los haya. Cuarto. Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia, o la reparación de las antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crean más convenientes para su ejecución… Quinto. Promover la educación de la juventud conforme a los planes aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos. Sexto. Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas públicas.»
Esa diputación ejercía por ley un papel protagónico en el desenvolvimiento de la actividad económica, política y social de cada provincia. Además de proponer las normas susceptibles de constituirse en ley de observancia general.
El gobierno de la Democracia Cristiana Guatemalteca, luego el del Movimiento de Acción Solidaria, las intervenciones de los llamados «depurables» en el régimen de transición de Ramiro de León Carpio, después por el del Partido de Avanzada Nacional, a continuación el del Frente Republicano Guatemalteco y el anterior de la denominada Gran Alianza Nacional, más o menos manifestaban esos y otros papeles en el ejercicio del poder político. El ámbito del poder legislativo en efecto se extendía a esas «competencias» evidentes en los departamentos del país.
El ejercicio de esta nueva actitud del jefe del Ejecutivo, al reafirmar las atribuciones a los diputados implica entonces nuevos desafíos. Por aparte la suma de las expresiones del poder político local, los Alcaldes del país, el pasado sábado 26 de enero manifestaron para sí mismos una nueva actitud de consenso, de unidad de la diversidad. Una planilla única al inicio del período de gobierno es una señal alentadora de otros cambios de actitud. La respuesta entusiasmada del presidente Colom plantea a su vez novedosos retos que han de encararse aún y en medio de los restantes 83 días para el cumplimiento dentro de las metas de los primeros 100 días de gobierno. Otro cúmulo de desafíos.
Ahora se están ejecutando acciones diferentes y justo es de esperar resultados diferentes en el ejercicio del poder político. Pero como en toda búsqueda de cambio de paradigma, se producen las naturales resistencias. Confrontaciones que pueden llegar más allá del simple cruce de palabras. La capacidad para persuadir sobre las bondades de una y otra posición debiera ser el fundamento para encontrar una armoniosa solución que posibilite un proceso sostenido de transformación en el ejercicio del poder político. Caso contrario los impactos podrían ser nefastos.
El sistema de partidos políticos al estar agotado necesita de un arrojo renovado del liderazgo de los políticos por plantear nuevas opciones. Ese debiera ser el quid a resolver.