La investidura de Porfirio Lobo como presidente constitucional de Honduras abre una nueva etapa en las relaciones de ese país con el concierto de naciones, sobre todo luego de que sufrió un serio aislamiento internacional tras el golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya. Hoy, varios de los países que habían marcado distancia con el régimen golpista de Micheletti, vuelven a normalizar su relación con Tegucigalpa y Guatemala es de los primeros en hacerlo.
Hay que sacar algunas lecciones de la crisis hondureña porque definitivamente el golpe de Estado se consolidó al punto de que Zelaya nunca pudo retornar al poder. En buena medida ello fue no sólo resultado de la decisión y determinación del régimen golpista, que contra viento y marea se aguantó las sanciones de la comunidad internacional, sino también de la timorata actitud de Zelaya que puso su situación en manos de esa presión externa sin mover un dedo para organizar un frente interno que sirviera de respaldo a la petición para ser reinstalado. Además hay que notar que el apoyo de Hugo Chávez, lejos de beneficiar al gobernante hondureño, terminó por hundirlo local y mundialmente porque las bravatas del presidente venezolano no le ayudaron y le significaron el distanciamiento de potenciales aliados. El anuncio que hizo Lobo, en el sentido de que habría un total borrón y cuenta nueva, dando amnistía a los golpistas y facilitando a Zelaya la salida elegante del país, abrió espacios para intentar una reconciliación que será sin duda lenta y a lo mejor difícil, pero que es lo que más conviene a los hondureños. Sobre todo tomando en cuenta que Zelaya, efectivamente, había dado pasos en contra de la normativa constitucional cuando alentó planes de reelección que, aunque no fueran en su directo beneficio, sí eran en directa contradicción de las normas de la Constitución de su país. Y al violentar el estado de Derecho se colocó en una posición vulnerable que fue aprovechada por sus enemigos. El respeto a la ley en todas sus dimensiones es una lección que se tiene que extraer de esos acontecimientos porque Zelaya intentó su burla y los militares violaron flagrantemente la ley al deponerlo y expulsarlo del territorio en vez de someterlo a un proceso judicial como correspondía. Obviamente fue un caso complejo que al final de cuentas demostró la fragilidad de los sistemas democráticos en nuestros países, sujetos como siempre a la posibilidad de manotazos y también se mostró inútil la comunidad internacional que aún en sus momentos más graníticos no fue capaz de restablecer el estado de Derecho violentado por el cuartelazo.