Con el inicio del segundo año de gobierno, el Presidente ha nombrado como Ministro de Relaciones Exteriores a Fernando Carrera, quien fungía como Secretario de Planificación Económica. Le deseamos suerte en tan distinguido y delicado puesto.

Guatemala se ha caracterizado por su poca eficiencia en sus relaciones internacionales. Hemos tenido cancilleres bien preparados como Gerth Rosenthal, Gabriel Orellana, Ariel Rivera, Jorge Skinner Klee, otros de los que sería mejor no acordarse como el permanente presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz y el alambicado Edgar Gutiérrez.

Al nuevo Canciller y al equipo que determine sean sus colaboradores les esperan tres grandes y difíciles cometidos. El primero de ellos es lograr que se materialice el Tratado de Protección Temporal, TPS, el cual urge más que cualquier otra acción que pudiera lograr realizar en el orden social y económico el gobierno y que esperan con gran ansiedad un millón y medio de guatemaltecos que se encuentran emigrados en Estados Unidos, de quienes dependen alrededor de tres millones de niños, esposas y padres en nuestro país.

Si en el segundo mandato del presidente Barack Obama no se logra el TPS por la Cancillería y el gobierno, será más grave que continúe el aumento de la canasta básica que afecta a los consumidores o que la inversión nacional y extranjera continúe solo logrando que el PIB crezca un 3.5% o menos.

El segundo aspecto que hereda el nuevo Canciller es el tema del diferendo territorial y marítimo con Belice, donde lenta y paulatinamente Inglaterra y sus excolonias regadas en el Caribe, en la OEA y en otras partes del mundo, pretenden convencernos que nos sometamos a una pregunta inconstitucional y mal redactada en una consulta, que nos costaría más de Q250 millones, a lo que se agregaría alrededor de Q100 millones en honorarios y gastos de profesionales que nos representarán ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, como le ha costado a Chile, Perú, Colombia y Nicaragua en sus recientes litigios, donde abogados franceses, ingleses, norteamericanos y de otras nacionalidades, para representarlos, requirieron honorarios de millones y millones de dólares más gastos. También se tendrían que agregar “los gastitos” en viajes, viáticos y honorarios para un grupo de funcionarios locales.

Aun así, el resultado, sabiendo la gran influencia de la Pérfida Albión y de sus tentáculos, sería negativo, distinto si el gobierno y las fuerzas activas del país comprendiéramos que la única manera de rescatar parte del territorio en disputa es mediante la negociación directa o la compra, como hizo Estados Unidos, con Luisiana, Alaska y la Florida exitosamente.

El tercer aspecto igual de importante y delicado es que el nuevo Canciller, demostrando su profesionalismo y su eficiencia, haga que la Cancillería, nuestros embajadores, cónsules y demás personal sea eficiente. Pretender que no existan embajadores y cónsules políticamente designados es ignorar una realidad que acontece en Estados Unidos y en todo el mundo, pero una cosa es darles la oportunidad y otra es no exigirles que trabajen con honradez y eficiencia, que sirvan a los intereses de Guatemala, que atiendan las necesidades y múltiples requerimientos de los nacionales que radiquen o sean transeúntes en los países donde ellos están acreditados. Si no lo hacen, hay que destituirlos. No podemos considerar que un embajador sea contratista o un becado y más triste aún que tengamos embajadores que no sean chapines de sepa.
¡Guatemala es primero!