Hoy publicamos un trabajo en el que se detalla el pésimo estado del llamado sistema carcelario de Guatemala donde prevalece el hacinamiento, la corrupción que manejan los mismos reclusos, y el uso de tecnología para dirigir desde adentro de las cárceles las operaciones del crimen organizado en nuestro país. Aquella vieja idea de que con el operativo de Pavón en tiempos de Berger se había recuperado el control de los centros de detención que estaban en manos de los reos, no tiene sustento cuando uno se da cuenta de lo que hoy en día tenemos.
En realidad los reos siguen teniendo el control del sistema porque las condiciones de podredumbre que prevalecen los convierten en amos, mientras que los carceleros son a la larga, sirvientes de los reclusos. La posibilidad de que, de acuerdo a las modernas teorías del derecho penal, en las cárceles las personas que tuvieron conducta antisocial puedan regenerarse para insertarse de nuevo en la vida ordinaria, no cuadra con nuestra realidad porque las prisiones son, más bien, lugares de adiestramiento para perfeccionar la actitud criminal. No hay ni métodos ni políticas que permitan suponer que en la actualidad los internos podrán encauzar de nuevo su vida por senderos de bien, puesto que para sobrevivir en esa jungla tienen que sumarse al carro de los delincuentes que tienen el control absoluto de los centros de detención.
El hacinamiento es un serio problema, no obstante que en la realidad resulta que el Estado no puede controlar a los delincuentes y la mayoría de éstos andan sueltos por la existencia de un régimen de impunidad prácticamente absoluto. Si de pronto nuestras autoridades cumplieran con su deber y procedieran a una efectiva persecución de los criminales, no habría capacidad de albergar a todos los que merecen estar en prisión, no digamos de recluir en centros de máxima seguridad a los maleantes de mayor peligrosidad.
Pero el sistema carcelario no es sino reflejo del país. Todo anda patas arriba en Guatemala y no habría razón para que las prisiones fueran la excepción a esa triste y dolorosa regla. La necesidad de renovar toda la institucionalidad nacional es evidente y urgente, aunque no se vea por dónde se puede lograr que nuestros políticos, por quienes tiene que pasar cualquier iniciativa de reforma, entiendan esa realidad y se comprometan a hacer cambios que, necesariamente, tendrían que afectar sus corruptos intereses. Lo que no se puede ocultar ni negar es que la propaganda que hicieron con el operativo de Pavón, cuando pintaron todo como un éxito en el rescate del sistema carcelario, no fue sino una farsa más en la larga historia de engaños que hemos sufrido.