En una reunión a la que asistí la semana pasada y en la que estuvieron presentes algunos militares “retirados”, uno de ellos me preguntó: ¿cuándo escribirá algo positivo respecto del actual gobierno?, a lo que le espeté: cuando haya algo digno de haberse hecho en beneficio de la población.

Les molestó mi respuesta y me llamaron antigobiernista; francotirador y entre carcajada y carcajada reiteraron que su institución seguirá por muchos años siendo la rectora de la actividad gubernamental. No quise contradecirlos y la seguridad manifestada en lo dicho me hizo pensar en la posibilidad de seguir con la militarización del actual y del venidero gobierno.

     Si hace 30 años se estrenó el uso de los derechos ciudadanos con la vigencia de la Constitución Política de la República de Guatemala, y desde entonces no hay cambios en la forma de pensar y actuar de quienes DEBEN aplicarla, respetarla y velar por que se cumpla, ¿Qué podemos esperar para los próximos 30 años? Habrá una nueva generación de funcionarios y empleados dignos, probos, decentes, honestos que trabajen por y para el beneficio de la población?

    Durante ese lapso, treinta años, hemos visto la forma descarada, ilegal, impropia, absurda, cobarde, incorrecta, improcedente, desatinada, desvergonzada e insolente, en que los funcionarios y empleados públicos, desde magistrados hasta policías, tanto hombres como mujeres, ministros, secretarios, alcaldes, diputados, contralores, fiscales, oficinistas así como parte de la iniciativa privada, incumplen, inobservan, les vale 20, contravienen, infringen, vulneran y transgreden el contenido del cuerpo legal que, se supone, contiene el parámetro de conducta legal entre los habitantes de Guatemala.

    Lamentable es tener que reconocerlo, pero así somos, vivimos en una selva pseudo tropical donde la ley del más fuerte impera en todo sentido, el abuso de autoridad es la herramienta para sojuzgar a los desposeídos; el hurto y robo al erario nacional pareciera ser obligatorio en las huestes que hicieron y hacen gobierno (Legislativo, Judicial, Ejecutivo y municipal).

    Escribir de algo positivo se me hace difícil, porque en mi concepción de la vida diaria, no he visto cambios actitudinales en los gobernantes que puedan dejar obras positivas de beneficio popular y/o general. ¡Claro! Que han hecho algunas cosas buenas, pero… comparado con el tiempo que han usufructuado el poder y el dinero público utilizado, hueveado, robado, malgastado, desviado y/o malversado, resulta casi nada. ¿Entonces…?

    Los problemas sociales no han querido ser resueltos por las autoridades, por eso seguirán las manifestaciones, toma de instituciones, invasiones y protestas ante el cansancio de quienes sufren los efectos colaterales de dichas actividades.

    El organismo Judicial cooptado en todas sus manifestaciones por el dinero; el Legislativo nadando en su miasma mismo, el Ejecutivo transando el territorio nacional con transnacionales y los alcaldes abusivos en sus lares… ¿Es eso algo positivo? ¿Es digno de alabarse y celebrarse? El irrespeto al Convenio 169 es positivo para la población? ¡MALDITO ENTREGUISMO!