El sector financiero y el empresarial del país han tenido rotundo éxito en posponer la aprobación de normas que terminen con el secreto bancario en el tema fiscal, de manera que el país se ponga a tono con el resto del mundo para permitir que la autoridad tributaria pueda utilizar la información financiera para determinar las obligaciones impositivas de personas individuales y jurídicas. Por ello la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que reúne a los países más industrializados del mundo, ha dado un plazo de seis meses al país para permitir esa transparencia bancaria para efectos fiscales, de manera que Guatemala deje de ser un paraíso fiscal y le apliquen sanciones.

En realidad hay que decir que existen criterios que no pueden ser totalmente absolutos y el tema del secreto bancario ha sido uno de ellos. Ya vimos que la Superintendencia de Bancos ha podido trabajar con su Intendencia de Verificación para combatir el delito de lavado de dinero que se ha propagado tanto en nuestro medio y en el mundo entero no sólo como resultado de las operaciones del crimen organizado, sino también como consecuencia de la evasión fiscal que da lugar a que fuertes sumas de dinero que tendrían que ir al fisco terminen siendo también “lavadas”.

Sin embargo, el tema preciso del secreto bancario con efectos fiscales es algo que constituye una piedra en el zapato para ciertos sectores del país que se resisten a abrir la información pertinente para que la Superintendencia de Administración Tributaria pueda cotejar informaciones y datos sobre las utilidades depositadas en bancos del sistema y sobre el uso de las cuentas para cubrir las operaciones.

Estamos todo el tiempo reclamando transparencia a los políticos y al sector público, pero la transparencia es una obligación de todos, incluyendo al sector privado que tiene que actuar con claridad y por supuesto al sector financiero que debe permitir que las autoridades cumplan con su deber.

Suficiente costo es para nosotros mantener el secreto bancario como cobertura para los robos que hacen con los fideicomisos para que además sea un instrumento que impida la verificación tributaria que nos permita recaudar lo legalmente establecido. Por ello es que se impone que el Estado se adecúe a las corrientes modernas para equiparar nuestras normas con las del resto de países del mundo en donde se hacen grandes esfuerzos por combatir la evasión fiscal y se hacen grandes luchas para evitar vericuetos que permitan gozar de privilegios que únicamente existen en los paraísos fiscales. No hacerlo, de todos modos, nos va a salir demasiado caro a todos, incluyendo a los que mantienen cerrada la llave de la información.

Minutero:
Luchar por la transparencia
es pura cuestión de decencia,
frenada por la tradición
de gozar con la corrupción