A más de un año de aprobación, la Ley de Acceso a la Información cumplirá un año de vigencia el 21 de abril, pero el acceso total a los datos públicos se ha intentado desviar y las solicitudes algunas veces sólo se retrasan en trámites administrativos.

Una ley que fue aprobada luego de ocho años de discusión y trabajo constante de varias ONG, la Ley de Acceso a la Información, la cual garantiza a los ciudadanos obtener información pública sin permisos o autorizaciones previas.

Después de 60 enmiendas a los 70 artí­culos que conforman la legislación, la ley fue aprobada. Varias organizaciones no gubernamentales apoyaron esta iniciativa de ley con campañas y publicidad masiva, tratando de dar a conocer los beneficios que esta norma podrí­a traer al paí­s.

La ley afecta a todas las instituciones del Estado, así­ como también a entidades gubernamentales y empresas que manejan fondos o información pública. Además, garantiza el libre acceso a la información pública y también delimita claramente cuál información puede considerarse restringida y cuál no.

Adicionalmente prevé los castigos a las personas que comercialicen datos personales de los ciudadanos, oculten o destruyan información pública. Las sanciones que pueden dárseles a los funcionarios del gobierno que quebranten la ley, van desde el despido hasta penas de cárcel.

Para explicar la difí­cil tarea de fiscalizar las entidades públicas, entrevistamos a la diputada Nineth Montenegro, quien ha sido una de las personas que ha debatido una lucha constante -antes y después de la ley-, para acceder a información que no es permitida en muchas entidades del Estado.

– ¿Cual considera que es el principal problema en el acceso a la información?

– La opacidad dentro de las estructuras del Estado, porque no es un proceso actualizado, es decir, es un proceso que viene de años atrás y se pudo haber agudizado durante las dictaduras militares. Quien en esa época querí­a acceder a la información pública era ejecutado extrajudicialmente o desaparecido.

Eso fue permitiendo que se generaran redes de profunda impunidad que se fueron reciclando, rearmando, reestructurando y consolidando. Terminaron las dictaduras militares e insertada la institucionalidad democrática en 1986 se quiso comenzar un proceso de transparentar la información pública, pero todaví­a habí­a predominio militar.

– ¿Entonces continúa este problema?

– Actualmente está probado que esas raí­ces que se originaron durante las dictaduras persisten y no han muerto, con una sola ley de acceso a la información no vamos a terminar años de poca transparencia. Años de opresión y años de esconder la verdad.

La ley no es negativa, al contrario, la ley es un paso positivo hacia la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, pero tiene que ver con más de 36 años en los que esas estructuras se fueron mezclando con el crimen organizado, con las mafias, con el lavado de dinero y fueron creando estructuras fuertes que aún perviven en el Estado.

No nos engañemos, sean del gobierno de Portillo, de í“scar Berger o el actual, tienen dentro de sus mandos medios estructuras en este sentido. Pero más allá de eso hay un sector empresarial, entre comillas emergente, que vive de esa forma del Estado.

– ¿Cuál cree que ha sido la postura del Gobierno?

– La posición del Gobierno ha sido de esconder información trascendental que tiene que ver con el uso de dinero público; ellos son los que más se han negado a hacer uso adecuado de la Ley de Acceso a la Información.

Aunque hay que reconocer que la ley tení­a nueve años de estar en el Congreso y ningún gobierno la habí­a apoyado, excepto ellos, sabiendo que iban a enfrentar este monstruo. Porque desnudar al Estado no es cosa fácil. Es la trama que viene de muchas décadas atrás.

Pero ellos aceptaron la ley porque se sintieron presionados por la comunidad internacional, porque ahora para querer dar la información hay temor, o hay algo escondido que no se quiere evidenciar, lamentablemente.

– ¿Qué opina del constante bloqueo de información en las entidades?

– Las polí­ticas públicas que ellos han implementado pueden ser positivas, pero la forma en que las han operado es desconocida, toda vez que no quieren dar información y quieren cerrar información estadí­stica de compras del Ministerio de Gobernación porque no usan la Ley de Contrataciones.

Porque, ¿quiénes son los 500 mil beneficiarios de Mi Familia Progresa (MiFaPro)? Pero lo peor que este gobierno tiene es que nos quiere enfrentar otra vez a los guatemaltecos, y comienza que si ricos o pobres, esta no es una situación de ricos y pobres, es una cuestión de paí­s, de honestidad y búsqueda para que los recursos lleguen a los más pobres y no se los quede alguien en su bolsillo.

– ¿Qué problemas han sido los que ha encontrado para acceder a los datos?

– En general, he detectado desorden; el Gobierno, este año que recién pasó, hizo 447 transferencias por 11 mil 500 millones de quetzales, desbancando a ministerios importantí­simos como el Ministerio de Gobernación, quitándole 600 millones, por ejemplo, trasladando a gastos superfluos como la compra de revistas, desinfectante o gasolina.

Me parece confusa su propuesta porque dicen que es un gobierno democrático que apoyará al más pobre, pero que no haga esto de quitar en seguridad para trasladarlo. ¿Quién se beneficia con 15 millones de revistas?

Cuando estos programas se iniciaron no tení­an estructura programática y el contralor nunca dijo nada y sigue sin decir nada. Pedimos que tuviera estructura programática y al fin de los 13 programas, 4 ya la tienen, pero los demás todaví­a no.

Por lo menos ya pudimos saber de dónde salí­a el dinero, qué transferencias habí­a y a qué municipios se dirige, pero no sabemos si las personas existen o no y ¿cómo empieza mi duda? Dicen que están apoyando 500 mil, pero no quieren decir dónde están. Y dicen «vayan el dí­a que haya pago», pero puede haber mucha gente, pero uno no sabe si en realidad son o no.

– ¿Entonces es un camino difí­cil?

– Es como caminar a ciegas, pero el artí­culo 55 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo dice que es obligación del diputado fiscalizar directamente la polí­tica pública para conocer su evaluación, su desempeño y si realmente hay calidad en la polí­tica.

Me han dado información, pero no puedo creer que el contralor diga que es normal que tengamos cédulas repetidas, y todos nos quedamos como si no pasó nada. O que haya dos personas que tengan el mismo nombre, apellido, cédula, municipio, departamento ¡pero diferente código para recibir el dinero!

Alguien se está quedando con una de las remesas porque no pueden haber dos personas iguales.

– ¿Qué piensa que muchos ven como normal el difí­cil acceso?

– Nos hemos acostumbrado a que es normal ser corruptos, es normal ser ladrones, es normal que alguien robe «honradamente» solo el 10% de la comisión.

Por eso vivimos en un paí­s donde los principios se perdieron, y cuando se pierden, todo se acaba, entonces por supuesto que es grave. No es responsabilidad exclusiva de este gobierno, viene de años atrás.

Pero alguien tiene que empezar a meterse en la entraña del lobo. Este monstruo está creciendo. No nos sorprende que haya empresas fantasmas, no nos sorprende que haya cobro de comisión para la hechura de obras. ¿Qué nos va a sorprender entonces como guatemaltecos? Ya estamos curtidos.

– ¿Con qué entidades ha tenido mayor problema?

– En el Gobierno de í“scar Berger habí­a mucha secretividad de la SEP, la secretarí­a de la Presidencia. Empezamos a detectar que algo estaba pasando y la SEP era la que estaba manejando algunos programas de Foguavi y habí­a cuotas de viviendas para los diputados.

También comenzamos a ver que la SEP se encargaba del listado geográfico, y decidí­an a quién le daban como funcionario la obra, y decidí­an quién iba a ser la empresa contratista, y eso puede seguir siendo así­.

En el Gobierno de Portillo se descubrió que el Ministerio de la Defensa era el organismo ideal, porque no usaba la ley de contrataciones y habí­a empresas fantasmas, impresoras para hacer facturas falsas, empresas que se dedicaban desde vender huevos hasta clavos, que al final resultaron inexistentes, por lo que mucha plata se perdió.

Y en este perí­odo vemos fallas en las compras en general, desde medicamentos; en el listado geográfico, otra vez, a veces hay duplicidad de obra, en un paí­s tan pobre, o hay obra mal hecha y en mal estado, y pagada elevadamente.

MiFaPro también no quiere entregar datos de quienes son los beneficiarios, sólo es saber si verdaderamente lo están recibiendo.

– ¿Cómo estamos antes y después de la ley?

– Hay información a medias, y hay búsqueda de mecanismos para evitar la verdad; por ejemplo, para no usar la ley de contratación vengo y busco otro mecanismos dentro de la misma ley que se llama «compra directa», que quiere decir, que yo voy a comprar diariamente y por eso no tengo que decir a qué empresa se lo compro, puede ser que lo esté comprando o no, eso están haciendo ahora.

O utilizan el mecanismo de contrato abierto, que es otro mecanismo para decir que sólo el Ministro de Finanzas es el que puede decir qué empresas van a ofertar, y regularmente cuatro empresas son las que ofertan: vehí­culos, medicamentos y fertilizantes. Son las cuatro que él dice, las demás están fuera de la jugada, el problema es encontrar modos de evadir la ley usando la misma ley, que talvez es peor, porque es usando la ley.

– ¿Entonces la ley tiene faltas?

– La Ley de Acceso a la Información es bastante completa y plantea sanciones; por ejemplo, que quienes no cumplan con la ley, define qué castigos tendrán, hasta el delito de negatoria de acceso a la información, penas económicas, cárcel, ahí­ está en la ley, pero no se cumple. Yo lo que creo es que necesitamos un cambio de actitud, más que un cambio en la ley. Este paí­s nos pertenece a todos y necesitamos cuentas claras.

– ¿Qué retos habrí­a de aquí­ en adelante?

– Tenemos que dar a conocer en los pénsum de estudios, para que cualquier ciudadano sepa que tenemos la facilidad de pedir información. Siempre van a haber problemas, pero hay que comenzar a pedir controles.

La ley ahí­ está y si se aplicara fuera maravilloso. Pero lo que nos falta es una nueva afirmación de ciudadaní­a y exigir que la institucionalidad funcione.