No es a lo climático a lo que me refiero en estas líneas. En realidad es en sentido figurado. Son básicamente a dos fenómenos que apuntan a una crisis que, como señaló el pasado domingo, Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño, «no nos podemos acostumbrar». Uno es el de la violencia y todos sus nefastos impactos, el otro, la crisis político-institucional. Ambas problemáticas nos ahogan. Sin embargo, pareciera que quedarnos impávidos es el común denominador.
Y es que en efecto pareciera que estamos a la espera a que «alguien» haga algo. En tanto la violencia no nos castigue con su manto de dolor, pues nos quedamos conformes. Como ese «alguien» no aparece, en el colectivo priva el sentimiento de la indiferencia. Hasta que, repito, nos toca y entonces despotricamos, nos quejamos y exigimos que haya eficiencia en el cumplimiento del deber del Estado en garantizar la vida.
En al menos 70 ciudades de nuestro vecino del norte, México, cientos de miles de mexicanos marcharon también el domingo último, en clara señal de protesta por la ola delincuencial que afecta allá como aquí. Las autoridades han reconocido una «clara descomposición en la que las autoridades han sido rebasadas por la delincuencia». Se ha planteado entre otros, la búsqueda de una sociedad más comprometida consigo misma y dispuesta a hacer lo suyo en salvaguarda de las garantías en esta materia.
Por aparte y como un primer paso, aquí se ha anunciado el impulso y con vigor el programa denominado «Escuelas Abiertas». Acción a mi juicio totalmente acertada. í‰ste se impulsa en el marco de la hasta ahora ausente política recreacional, que en principio pretende alejar a los jóvenes de las «malas» compañías e inspirar nuevos valores sociales. Pero hace falta aún más.
Y esto nos lleva a la otra problemática. La crisis político-institucional. Un rostro cruel de este estado de cosas nos hace reflexionar, por ejemplo, que no obstante los esfuerzos por un desarrollo sostenido del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el número de cadáveres que se entierran sin ser identificados llegan al 40 %%. Esto nos debiera de alertar no únicamente sobre el alto índice de criminalidad, sino del alto desprecio que en general se tiene por la vida humana. Vemos entonces que hay un vacío de valores que se refleja en múltiples aspectos de nuestra vida en sociedad y de una terrible actitud conformista.
Se requiere de una mayor entereza para encarar estas situaciones. En principio no debiéramos esperar porque otros hagan lo que podríamos hacer entre todos. Este es un momento crucial en nuestra historia contemporánea. Es necesario y urgente que revisemos la totalidad de la institucionalidad, las normas que le rigen y que en el marco de las viabilidades democráticas y legales, se busque un cambio completo de los parámetros que regulan las relaciones Estado-Sociedad y sociedad-sociedad guatemalteca.
Quizás lo más preocupante es que este tiempo se continúe viendo como un lapso de aplicación de medidas parciales. Y es que preocupa que no se pueda ver de una manera sistémica la búsqueda de soluciones. En tanto sigamos aplicando composturas que no aborden las causas de los problemas, éstos simple y sencillamente seguirán manifestándose y la desintegración social, en consecuencia, incrementándose.
El desafío en principio es gubernamental en tanto se es el administrador de la cosa pública. Pero también lo es de la sociedad organizada que no puede quedarse de brazos cruzados simple y sencillamente contemplando la irracionalidad de la violencia. Así como el desatino en el manejo de las instituciones y en cómplice silencio a la espera a que sea «el otro» el que inicie «algo».
El recién instalado Sistema Nacional de Diálogo, tiene ante sí un cuadro problemático que amenaza no únicamente el frágil equilibrio de gobernabilidad democrática. í‰ste apunta a desestabilizar la débil presencia del Estado en una atmósfera de dolor, incertidumbre y desasosiego. Es un desafío enorme que si no se encara en breve, tal estado de cosas nos terminará ahogando a todos. A todos.