Si el año que termina fue difícil para los guatemaltecos, el que viene no se presenta particularmente halagador porque la campaña política que se nos viene encima se perfila como una feroz batalla en la que no puede descartarse un aumento peligroso de la violencia asociada con la actividad electoral. Empieza el año con los ajetreos para elegir a la Corte de Constitucionalidad que será pieza clave de este proceso dado que hay un persistente ataque a las normas de la Constitución Política de la República de Guatemala en términos del principio de no reelección y de las prohibiciones para optar a la Presidencia.
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El oficialismo tiene enorme ventaja en ese sentido, porque podrá colocar a su gente en representación de los organismos Ejecutivo y Legislativo, además de que se afirma que el representante de la Universidad de San Carlos tendrá la misma tendencia dado el papel que jugó la UNE en la elección del actual Rector de la Universidad. En todo caso, el Consejo Superior Universitario tendrá que actuar asumiendo la responsabilidad histórica de la designación que hagan, lo mismo que con la Corte Suprema de Justicia y de manera muy especial el Colegio de Abogados, en donde los profesionales colegiados tendrían que participar en forma masiva para evitar que los grupitos de poder paralelo que han dominado las votaciones más recientes puedan imponer su perverso criterio.
Mucha gente que analiza el devenir de los acontecimientos en el país se muestra preocupada por la situación de violencia ya existente y por el riesgo de que la misma se pueda exacerbar como resultado de la actividad política, puesto que vivimos en un verdadero río revuelto en el que puede suceder cualquier cosa y donde muchos pescadores querrán obtener ganancias haciendo micos y pericos con tal de obtener el poder.
Yo no me hago ilusiones de que alguna de las fuerzas políticas nos haga un planteamiento serio, profundo y razonado para suponer que se ha de revertir la tendencia de ir entreteniendo la nigua y que el poder sirva únicamente para que los políticos inescrupulosos se vuelvan millonarios. No veo, hasta el día de hoy, una fuerza política que aborde con seriedad los temas de la agenda nacional y todos se mantienen en la superficialidad tan propia de nuestra estructura partidaria que carece de ideologías y, en consecuencia, de principios básicos que marquen el derrotero de sus dirigentes.
Pero sí veo que el debate será agrio y no descarto que en ese marco pueda incrementarse notablemente la violencia política en el país. Se habla ya de los ungidos por el gobierno para ir a la Corte de Constitucionalidad en representación del Ejecutivo y del Congreso de la República y, honestamente, para el pelo pensar que pueda concretarse ese plan de encumbrar a posiciones de tanta trascendencia en la construcción del estado de derecho a personas que han demostrado sin tapujos sus vínculos con el mismo crimen organizado pero que son, a la vez, operadores políticos del régimen actual.
La defensa del orden constitucional es un imperativo para el año próximo y eso significa un acatamiento preciso de la normativa que contiene nuestra Constitución. Dios nos libre de caer en situaciones como las que se vivieron en Honduras, pero hará falta mucha madurez de todos los sectores para ir sorteando las dificultades que plantea un agitado panorama electoral en el que de uno y otro lado se busca el manoseo que al final puede convertirse en manotazo.
Desear a los lectores un feliz y próspero Año Nuevo en ese contexto no es fácil, pero sí lo es reiterar el llamado de que debemos, los ciudadanos, cumplir con nuestro deber cívico de participar en medio de lo que puede ser una vorágine.