Por otra parte, según el currí­culum vitae de ambos nuevos funcionarios del Ministerio de Gobernación, ambos son universitarios preparados y especializados en disciplinas de inteligencia, seguridad y defensa, con la ventaja que no se les ha señalado de ningún execrable antecedente, sea de corrupción o de otra í­ndole. Al punto que un abogado al servicio de los intereses del poder económico, sin duda por no tener conocimiento de hechos y actuaciones reprobables de Jiménez y Villagrán Campos, se limitó a decir que carecí­an de experiencia polí­tica, en lo cual está equivocado, porque el nuevo Ministro de Gobernación ha desempeñado importantes cargos durante las administraciones de Alfonso Portillo y í“scar Berger -lo cual podrí­a serle desfavorable. Pero es cierto el refrán que reza: «Hay aves que cruzan el pantano y no se manchan» y, al parecer, de esa especie es el doctor Jiménez y el licenciado Villagrán Campos hasta fue militante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y ha trabajado como investigador, consultor y analista polí­tico de las organizaciones Incidencia Democrática e Instituto de Estudios Polí­ticos, Económicos y Sociales. Además, tiene experiencia en cuestiones relacionadas con la polí­tica internacional, incluso militar, pues es diplomado en Estado Mayor, nada menos que en Vietnam, e incluso ha sido condecorado «por sus méritos académicos» por el Ministerio de la Defensa con la Medalla del Mérito Intelectual, lo que -con el perdón del aludido, a quien he apreciado desde hace muchos años- no le luce bien, porque una condecoración militar otorgada a nombre de un ejército genocida y etnocida no va bien en el pecho de un ex guerrillero de las FAR.

Sin embargo, lo anterior no es óbice sino más bien una circunstancia facilitadota para que Villagrán con su capacidad académica y experiencia polí­tica, así­ como por su autoridad en materia de inteligencia y seguridad, reconocida por las Fuerzas Armadas de Guatemala, sea en el ejercicio de sus funciones eficaz brazo derecho -aunque él sea de izquierda- del ministro Jiménez. Digo lo anterior porque si el Ministerio de la Defensa le aprecia y sabe de sus méritos, Villagrán tendrá oportunidad de lograr, a la par del ministro Jiménez, cambios importantes en las instituciones de seguridad (Policí­a Nacional Civil (PNC) y Ejército de Guatemala (EG)), que en vez de ser garantes de la seguridad y derechos humanos de los habitantes del paí­s, han sido instrumentos de opresión y represión de las clases sociales campesina, obrera, y pequeña burguesí­a y agentes de seguridad para la minoritaria clase dominante y de los intereses económicos y polí­ticos del imperialismo estadounidense, desde 1954 a la fecha. En efecto:

PRIMERO. En vez de haber actuado al servicio del pueblo y del acatamiento de las disposiciones constitucionales y legales, que le asignan al Estado la misión de «protección a la persona y a la familia» y que «su fin supremo es la realización del bien común» (artí­culo 1 de la Constitución), lo ha hecho a favor de la oligarquí­a nacional, haciendo más ricos a los ricos y más pobres a los pobres.

SEGUNDO. De conformidad con el artí­culo 2 de la Constitución «es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona».

Sin embargo, repetimos, desde 1954, el Estado no ha garantizado a los habitantes de la República, la vida, sea por ejecuciones extrajudiciales del terrorismo de Estado o del crimen organizado: ni la libertad, particularmente de campesinos y personas pertenecientes a comunidades indí­genas que se oponen al despojo de sus tierras, para empresas transnacionales de minerí­a, petroleras, hidroeléctricas, o nacionales como la cementera que está ya instalada en San Juan Sacatepéquez o por latifundistas guatemaltecos y extranjeros, pues constantemente son detenidos, encarcelados y procesados; ni la justicia, sea la ordinaria, civil, penal, privativa laboral y menos, mucho menos la justicia social, ni la paz, porque aun cuando en 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradero, que puso fin a la guerra interna que duró 36 años, en Guatemala no se vive en paz, por el inmenso grado de violencia imperante, gracias a la cual si hay paz es la de los cementerios.