Nuestra fragmentada sociedad ha permitido que algunas personas consideren un atributo el criticar y destruir o el denigrar, no respetar, ni honrar a quienes en la trayectoria de su vida han sido personas que han ocupado las máximas responsabilidades en el sector público; se olvidan del respeto que merecen quienes han ocupado como funcionarios nacionales, civiles y militares, la responsabilidad de dirigir y presidir el paí­s.

 

En el mes de diciembre (encontrándome ausente del paí­s) dejó de existir el general Kjell Eugenio Laugerud Garcí­a, presidente de la República 1974-1978; ministro de la Defensa y director de la Escuela Politécnica, a quien no se le respetó y honró conforme a su jerarquí­a. Qué lamentable y censurable omisión.

 

En los paí­ses desarrollados nunca deja de ser reconocido alguien con esa trayectoria porque honrar honra; se le rinden los honores que corresponden -vivo o muerto- por haber ejercido la Presidencia, la Vicepresidencia de la República o haber presidido el Organismo Legislativo, el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia, que son los tres poderes principales del Estado democrático.

 

Respetar, honrar debe ser una norma institucional, una tradición, especialmente cuando alguien pasa a formar entre los muertos. Varios han sido los columnistas que se han referido a la omisión que se cometió con el presidente Laugerud Garcí­a. El no haberle otorgado los máximos honores fúnebres es un acto que contradice la nobleza de quienes son responsables que estos honores le hubieran sido otorgados. ¿Quién se menoscabó? El presidente Kjell Eugenio Laugerud Garcí­a, que en paz descanse, o nuestras actuales autoridades e institucionalidad.

 

Durante el gobierno del que fui parte como vicepresidente fallecieron dos presidentes: Ramiro de León Carpio, en Miami, a quien se le trasladó en un avión del Estado, se condujo su féretro en un armón, se le rindieron los honores en el Palacio Nacional, en la iglesia Catedral y en un desfile se condujeron sus restos mortales al cementerio. Asimismo, falleció el general Carlos Arana Osorio, de igual forma fue respetado y honrado en actos públicos celebrados en el Palacio Nacional. Ambas personas eran polí­ticamente distintas y por supuesto no les faltaban detractores, pero coincidí­an en el hecho de haber presidido el Gobierno de nuestro paí­s, de haber sustentado las máximas jerarquí­as como funcionarios públicos.

 

Debemos aprender y emular a los paí­ses desarrollados de América Latina y del mundo, comprender y aprender que los sentimientos, que las reacciones personales que podamos tener no deben subordinar nuestros principios de respeto. Esa laguna jurí­dica debe enmendarse por el Ejecutivo y el Legislativo, especí­ficamente debe de preverse en la Ley de Ceremonial Diplomático (Decreto No. 86-73). Si un ciudadano en su momento ha sido electo presidente o vicepresidente de la República, presidente del Organismo Legislativo o del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, es alguien que históricamente ha ocupado un lugar fuera de lo normal y por ello es un deber, una obligación el proceder con nobleza, con respeto, el no hacerlo nos deshonra y  evidencia nuestra falta de desarrollo, madurez e institucionalidad.