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La sola elaboración de un artículo de opinión se complica con los pensamientos de libertad y derechos, cuando éstos se visualizan amenazados; y no sólo individualmente, sino hacia toda una colectividad, entendida ésta como la sociedad que espera todo lo bueno de sus autoridades: protección, fidelidad, sacrificio y honestidad.

Iniciar un argumento jurídico sobre lo que recientemente se discute en torno a la reforma constitucional parece innecesario, pues no se trata de explicar al Presidente y sus asesores lo que la legislación constitucional y penal guatemalteca establece en cuanto a permanecer en el poder o tan siquiera promoverlo públicamente.  Tampoco se considera necesario que se indiquen los efectos que pudieran tener sus actos o de quienes los realicen en su nombre, notoriamente o sin revelación.  En un país como Guatemala, no se acostumbra llegar hasta las sanciones severas que se requerirían castigar conductas políticas como ésta.  La protección económica, política y militar están casi aseguradas, mas no la social, que al final puede ser la que más importe. Y quienes estén alineados a esta propuesta, corren la misma suerte, o al menos deberán ser juzgados por la historia, que siempre alcanza a todos. Sin embargo, los órganos de competencia judicial como los Tribunales de Justicia y el Ministerio Público deben con efectividad encarar este reto, y detenerlo a toda costa.

El análisis tampoco puede ser político, aunque muchos así lo quisieren. Porque del análisis político saldrían cualquier clase de conclusiones, de diversa índole, especialmente favoreciendo aquellos que determinaren una acción de continuidad en el poder como “justificable” por ser el mejor interés para el Estado.  El poder de convencimiento político ante una sociedad desinformada o sin educación ciudadana saldría siempre ganador, sin que se pudiere generar argumento contrario con fortaleza.  Por ello tan necesaria e importante la determinación de una oposición política responsable, en quien recaiga no un principio de oportunidad, sino de auténtica defensa nacional de la democracia.

Y si se tratare inclusive de pensar en las terribles consecuencias económicas que podrían surgir, es mejor lanzar la advertencia al sector privado organizado, que afortunadamente ha tomado ya una posición lógica, certera, jurídica y patriótica en la cual rechaza cualquier acción que pudiere pensar en una continuidad del poder político del Estado. Se espera su ratificación y reiteración, como obligación ciudadana.

Resta entonces el último análisis, quizá el más importante y el que ha logrado cambios históricos alrededor del mundo. Un análisis social y de masas, que bajo liderazgos estratégicos rechacen la aceptación de una circunstancia de esta naturaleza, y además, obligue a los funcionarios a respetar la Constitución y en general, a la población de Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos juega un rol trascendental, especialmente ante la amenaza de vulneración de los derechos democráticos de toda la ciudadanía, y de la democracia en sí.

Guatemala merece mejor suerte que la que se está pensando con estas acciones.  Pero dependerá de cada una de las personas, de todos los estratos sociales, ideologías, condiciones de vida, intereses y perspectiva, el de mantener un correcto ejercicio republicano y democrático.