La ley de libre acceso a la información pública será conocida mañana en el pleno del Congreso en una sesión extraordinaria que se verá marcada por la oposición del Partido Unionista y del Frente Republicano Guatemalteco.
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El bloque azul firmó el dictamen, más no la solicitud de sesión que promovieron varios diputados, de esa cuenta, analistas consideran que la oposición del Partido Unionista, PU, y del FRG obedece a que temen que se descubran acciones anómalas cuando hicieron gobierno.
La normativa que consta de 70 artículos será conocida mañana y aunque algunos bloques pretenden aprobarla de urgencia nacional, la Unidad Nacional de la Esperanza prevé que la iniciativa sea discutida en su trámite normal (tres debates).
Tres enmiendas
Además, se presentarán enmiendas sobre el orden de que la ley cobre vigencia seis meses después de aprobada, en lugar de dos meses, para dar tiempo a que se creen, como lo manda esa norma, las unidades de información en cada institución. Es decir, que será hasta el próximo año cuando la ley sea efectiva, aún cuando se apruebe en los días siguientes.
Otra de las enmiendas que promoverá la UNE es que se garanticen reservas para información relacionada con investigaciones y quienes las efectúan, para evitar obstáculos a la aplicación de la justicia. No obstante, dentro del cuerpo de la ley ya se estipula que para dar la calidad de secreto a un documento deberá hacerse a través de un acuerdo que se publicará en el diario oficial.
La tercera enmienda aclarará que esta normativa es una ley de orden público para no atentar contra garantías constitucionales privadas y la mayor expectativa sigue siendo que esos cambios ya fueron consensuados.
La oposición
Aunque al principio se veía con reserva la emisión de una ley que transparentara la gestión pública, al final, solo dos bloques legislativos se han opuesto a esta ley. Por un lado, Iván Arévalo, jefe de la bancada FRG, quien al firmar el dictamen favorable se mostró anuente a apoyar la norma, no firmó la solicitud de sesión, mientras que sus compañeros de partido han dicho que están en la mejor disposición de analizarla.
Por otro lado, Mariano Rayo, distribuyó entre los jefes de bloque un documento en el que señalaba las deficiencias de la ley, mismo que no fue bien visto por el resto de los diputados.
Además, el unionista afirma que sólo la Contraloría General de Cuentas está facultada para fiscalizar en uso de fondos públicos.
Los impulsores
En contraparte, muchos otros son los diputados que se han dado a la tarea de impulsar la aprobación de la ley, incluso, algunos lo hacen con el propósito de que al ser decreto, personalidades como ílvaro Arzú rindan cuentas a la población.
Rosa María de Frade, ponente de la iniciativa junto a Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, expone que la iniciativa contempla el ejercicio del derecho que tienen los ciudadanos a conocer la información que sobre ellos tienen las diferentes instituciones del Estado, a actualizar dicha información y que la misma esté protegida para que no pueda ser utilizada por un tercero para cualquier fin.
Es decir, que con la legislación tampoco se busca desproteger a las entidades de Gobierno, pero sí, mantener las puertas abiertas, aclaran diputados de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que tienen a su cargo la firma del dictamen favorable que se concretará hoy.
Fortalecimiento
Para el Consejo Ciudadano de Transparencia la ley de acceso a la información es una alternativa que puede ser fortalecida a través de la incorporación de un capitulo relacionado a la Clasificación y Desclasificación de información Estatal reservada.
También, recomiendan garantizar el derecho al acceso a la información por medio de un organismo independiente, integrado por un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo, la Procuraduría de Derechos Humanos y cuatro representantes de diferentes sectores de la sociedad civil guatemalteca.
El proyecto en discusión contempla solo la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH-como ente rector de la ley, pero para los analistas, quedaría limitado porque su carácter es de asesor y sólo da recomendaciones y emite juicios morales.
El consejo, que está adscrito a la Coordinación de ONGs y Cooperativas, Congcoop, recomienda extender la aplicación de la ley al ámbito privado, para regular el uso de información en manos privadas.
Ante la posibilidad de que algunos funcionarios públicos sean renuentes a la ley, en el proyecto se estipulan sanciones penales y administrativas. Un ejemplo de ello es el artículo 64, titulado Retención de Información:
«Incurre en el delito de Retención de Información el funcionario, servidor público o cualquier persona responsable de cumplir la presente ley, que en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a la información requerida. Será sancionado con prisión de uno a tres años, con inhabilitación especial por el doble de la pena impuesta, y multa de 50 mil a 250 mil quetzales, dependiendo de las circunstancias del hecho que serán calificadas por el Juez competente. La sanción penal se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades civiles correspondientes y los daños y perjuicios que se pudieran generar por la retención de la información».