El pasado domingo 20 de julio murió Fredy Fernando Morales Villagrán, en el Hospital General San Juan de Dios, donde se encontraba internado desde hace más de un mes por serias heridas de bala. Morales era integrante del Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Distribuidora del Petén, S.A. (SITRAPETEN).

A través de un comunicado de prensa, los integrantes de SITRAPETEN denunciaron anomalí­as en el proceso de inscripción del sindicato, propiciadas por autoridades del Ministerio de Trabajo y por los personeros de la empresa que, no está de más decirlo, pertenece a la Corporación Castillo Hermanos; esta reconocida firma agrupa también a Cervecerí­a Centroamericana y Agua Pura Salvavidas.

Luego de seis intentos fallidos, los trabajadores lograron que el Ministerio de Trabajo reconociera la formación del sindicato, pero dí­as antes, la Empresa Distribuidora de Petén se declaró en quiebra.

«Desde febrero de 2007 los trabajadores de la Empresa Distribuidora de Petén -señala el comunicado-, iniciaron trámites para la inscripción del sindicato (…) sin embargo, la respuesta ha significado una abierta campaña de acoso, represión e incluso amenazas de muerte contra los miembros de SITRAPETEN.» Según los trabajadores, el atentado que cobró la vida de Morales Villagrán formó parte de las acciones que tomó la empresa para reprimir la organización sindical. La denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público que maneja la hipótesis sobre un encontronazo «casual» entre Morales y una bala perdida. El derecho a la libre sindicalización, sin ningún tipo de discriminación, está contemplado en la Constitución Polí­tica de la República, y también se encuentra garantizado en una serie de tratados internacionales de los cuales Guatemala forma parte. Sin embargo, la clase empresarial de este paí­s, retrógrada y avara, no puede concebir una sociedad en donde la población pueda organizarse para velar por mejores condiciones de vida.

Aquí­ priva el interés de unos cuantos y del capital, mientras miles de hombres y mujeres, a través de su fuerza de trabajo, dejan la mayor parte de sus energí­as y de su vida en las empresas para engrosar las cuentas millonarias que jamás dejan de llenarse. La clase trabajadora, la que genera la riqueza pero no puede gozar de ella nada más que para sobrevivir, se encuentra totalmente desamparada ante este Estado débil e incapaz de velar por el cumplimiento de los derechos laborales.

Es necesario que el Gobierno ponga especial atención en la situación de las garantí­as fundamentales de la clase trabajadora, y cumpla con su mandato constitucional de velar por la seguridad y el bienestar de la población.