De verdad que ya no tengo voluntad de seguir publicando artículos acerca de la explotación de los recursos naturales del país en forma indiscriminada, porque es en vano denunciar reiterativamente la forma como el Gobierno privilegia la codicia de empresas transnacionales, en menoscabo de los intereses de las comunidades afectadas en su entorno geográfico y social; pero es imposible permanecer indiferente al enterarme del proceder de funcionarios gubernamentales y de individuos al servicio de aquellas compañías.

Soy de la opinión que la inversión de capitales nacionales y extranjeros es necesaria para el desarrollo económico social de la nación, siempre y cuando no implique la entrega de la soberanía nacional, que se respeten las frágiles normas ambientalistas y que el Estado obligue a las industrias extractivas a pagar regalías equitativas a sus ganancias, que es lo mínimo que se puede exigir.

   Es más, me inclino por el aprovechamiento de energía de fuentes renovables limpias que abundan en Guatemala y que abaratarían el costo del servicio eléctrico, mediante el funcionamiento de hidroeléctricas, pero con la participación activa de los vecinos de las comunidades.

   Sin embargo, cuando uno lee las declaraciones del Ministro de Gobernación en torno a las causas que motivaron al Ejecutivo a implantar el estado de sitio en cuatro municipios del oriente del país, pretendiendo justificar la medida so pretexto de combatir a delincuentes -pero de esa manera se criminaliza a dirigentes y activistas sociales-, no es dable aceptar tan falsos razonamientos que el propio titular del Interior se ve obligado días después a desmentirse, sin mostrar rubor al aseverar que la organización de narcotraficantes los Zetas se había infiltrado en los movimientos de protesta; pero resulta que no se trata de esas peligroso banda, sino que, al parecer,  todo obedeció a una “pequeña confusión”, en vista de que entre los comunitarios hay una familia que se apellida Zeta.

   En este misma materia, indigna la repulsiva conducta de un extranjero llamado Alberto Rotondo, jefe de seguridad de la minera San Rafael, al ordenar a sus subalternos que eliminen físicamente a los comunitarios utilizando palabras soeces, como si los guatemaltecos que defienden sus legítimos intereses colectivos fuesen chuchos callejeros  rabiosos que se deben exterminar.

    Aunque ya Óscar Clemente Marroquín se refirió en su columna de anteayer a este caso, por la gravedad injuriosa de las maldicientes expresiones del empleado de la minera San Rafael, transcribo las órdenes insolentes y afrentosas de ese sujeto, aunque omito las palabras más vulgares: “Maten a esos hijos de la gran …” , “Malditos perros que no entienden que la mina genera trabajo” “Hay que quitar a esos animales pedazos de m…”…

   En vista de que ese despreciable sudamericano se enteró que se iba a proceder judicialmente en su contra intentó darse a la fuga, indicándole a un pariente suyo que “Como mandé a quebrar a unos hijos de la gran… me tendré que ir un tiempo de Guatemala” Fue capturado en el aeropuerto La Aurora, cuando se disponía a salir del país; pero ¡léalo bien! el Juez de Primera Instancia de Santa Rosa ni siquiera le dictó prisión preventiva, sino que simplemente ordenó arresto domiciliario. ¡Qué asco!

   (El litigante Romualdo Tishudo, asesor de comunitarios, parafrasea este refrán judío: -No te acerqués a una cabra por delante, a un caballo por detrás y a un juez o magistrado venal por ningún lado).