Mucho se ha hablado de la reforma fiscal y las implicaciones que tendrá en la economí­a de los guatemaltecos el nuevo impuesto a la telefoní­a celular, sin embargo, hay otros gravámenes que tienen también oposición.

No solo los empresarios de las telecomunicaciones deberán hacer un nuevo pago, además, otros empresarios percibirán un aumento a los impuestos de Solidaridad y Sobre la Renta. Pero, existe un rubro que deberá incrementarse y que encuentra a su más agresivo opositor en el Colegio de Abogados.

Dentro de la propuesta de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo, se encuentra un capí­tulo cuya intención es modificar algunos artí­culos del decreto 37-92 del Congreso de la República en donde se indica que el monto a pagar por los Timbres Fiscales y el Papel Sellado Especial para Protocolo es de tres por ciento.

En la propuesta se lee que, según la reforma al artí­culo cuatro de dicho decreto, el gravamen deberí­a consistir en seis por ciento y que su recaudación, «generada hasta por tres puntos porcentuales, (3%), de la tarifa de seis por ciento, (6%), se asignarán especí­ficamente en el año 2010 la cantidad de cien millones de quetzales para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social». Además, se indica que dicha cartera destinará los recursos obtenidos para el pago del personal que labora en él.

Así­ también se pretende que en caso de que la recaudación final sobrepase el 3%, el dinero sobrante a los Q100 millones serí­an trasladados al fondo común del Gobierno central. Se indica que el monto a pagar por cada hoja de papel sellado será de Q10.

Además, en el documento se publica que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala podrá suscribir convenios con la Administración Tributaria para optimizar la distribución y venta del papel sellado y que esta última entidad será la encargada de establecer los procedimientos y controles para ello.

Pero el hecho de que se deba pagar más por elementos que son requeridos para trabajar ha despertado inconformidad también en los abogados.

El colegio en contra

Oscar Cruz, presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, se ha pronunciado en contra de este nuevo gravamen, indicando que tanto la Junta Directiva, como el colegio en su totalidad consideran que este pago, como los otros que pretende implementar, serán percibidos por el consumidor final.

«Para la población en general, el aumento de los impuestos viene a perjudicar, no solo al notario, porque él básicamente traslada el costo al usuario», señala Cruz.

Este incremento se percibirí­a al momento de realizar cualquier tipo de trámite, ya que el abogado encargado de la gestión cobrarí­a una cantidad de dinero mayor a la tradicional para poder sufragar los gastos de compra de este material.

Por otro lado, se espera que a raí­z de este aumento, se incremente también el costo de los pagos a las aseguradoras, así­ como a los premios de entidades no lucrativas como lo son las loterí­as, rifas y sorteos, así­ como el precio de las bebidas importadas.

Para aumentar el PIB

En reiteradas ocasiones, el presidente ílvaro Colom ha asegurado que lo que se pretende con este ajuste fiscal es incrementar la recaudación de ingresos del Estado, pues actualmente esta se encuentra en 9.9% por lo que se desea llevarla al 11%.

El mandatario se mostraba confiado en que esta reforma serí­a aprobada antes del 31 de diciembre de este año. Sin embargo, debido a la interpelación del ministro de Finanzas Públicas, Juan Alberto Fuentes, es muy poco probable que el pleno del Congreso de la República llegue a conversar sobre este tema antes de iniciar el periodo de vacaciones del fin de año.

Para justificar este aumento, Colom asegura que esta es la primera vez que un Gobierno presenta una propuesta de reforma fiscal «transparente» pues se tienen bien definidos los destinos especí­ficos de los más de tres millones que se espera recaudar con el incremento a los impuestos de Solidaridad, Sobre la Renta, Papel Sellado y timbres fiscales, así­ como el de la telefoní­a celular.

Sin embargo, diversos sectores de la sociedad se han mostrado en contra de dicho aumento, de este modo, tanto la Camara de Comercio, como la Camara de Industria y las empresas de telefoní­a celular han mostrado su rechazo, ahora también se suma el Colegio de Abogados.