Hace 15 años, el país estaba envuelto en una aguda crisis institucional que fue causa y efecto, a la vez, de la situación general por la que se atravesaba. La pita, como se dice, se rompe por lo más delgado y eso fue lo que aconteció entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 1993, no en favor de la institucionalidad democrática y participativa: terminó asegurando y dándole continuidad al poder de dominación y dependencia que se institucionalizó a partir de 1985 con la llamada apertura política.
Si bien en aquella oportunidad no se rompió el orden constitucional, se reforzó y afianzó el poder de lo más conservador y reaccionario del sector económico dominante. En lo nacional, esto garantizó la sucesión en el poder político de los sectores que habían entrado en contradicción con el entonces gobernante, Jorge Serrano Elías; y, en lo internacional, abrió aún más las puertas del país a las políticas neoliberales a ultranza y la globalización imperialista neocolonizadora.
El ingeniero Serrano Elías fue el más votado candidato en las elecciones de segunda vuelta de finales de 1990. Tomó posesión del cargo el 14 de enero del año siguiente. Estuvo al frente del gobierno hasta el 1 de junio de 1993, fecha en que por designación del Congreso de la República asumió el cargo el licenciado Ramiro de León Carpio. El 25 de mayo de aquel año, Serrano Elías había tratado de forzar la ruptura de la institucionalidad mediante un golpe de Estado. Puede decirse que fue un intento desesperado por depurar el Estado y sus instituciones, y poner coto a la ingobernabilidad a que orilló al país, ingobernabilidad muy parecida a en la que se está ahora.
Pero mayo de 1993 en nada se parece a junio de 1954 ni a marzo y abril de 1962, ni se tendría que parecer a lo que pueda suceder de aquí en adelante. Sus causas, motivaciones, consecuencias y desenlace no son los mismos. Si algo tienen en común es que son, en su momento, expresión de la continuada y recurrente crisis institucional en que ha estado el país desde junio de 1954.
De entonces para acá, no se han dado cambios de alguna importancia y trascendencia para el país. Al contrario, las cosas tienden a agravarse cada vez más para la mayoría de la población y en beneficio de una minoría de familias que acaparan, acumulan, concentran y lo tienen todo. Esta concentración del poder económico en un cada vez más reducido número de élites dominantes se da, a su vez, en el marco de un proceso deformante de la economía con características y rasgos propios de los países pobres, subdesarrollados y dependientes.
Las políticas neoliberales y la globalización, el consumismo, los tratados de libre comercio, la banca y consorcios comerciales locales absorbidos y dominados por el gran capital transnacional, la propiedad intelectual y las franquicias en interés de los monopolios, el estilo y modo de vida extranjerizante, así como la cada vez mayor dependencia de las remesas familiares (todo ello, en su conjunto, y algunos elementos más), están en la base y ponen al descubierto esas perversas deformaciones económicas que impiden el desarrollo del país, y vulneran nuestra soberanía e independencia.
Institucionalmente hablando, los guatemaltecos estamos ante un Estado fracasado, colapsado, carente de legitimidad, participación ciudadana y representatividad. La democracia no pasa de ser una democracia formal, secuestrada y, además, en manos del poder económico dominante local, las grandes transnacionales y los intereses del neoliberalismo y la globalización imperialista y neocolonizadora. Los gobernantes sólo son sus mandatarios, en una de sus más estrictas acepciones.
La carestía y elevados precios de los alimentos, la pobreza y el hambre que padece la mayoría de la población abandonada a su suerte, son los componentes principales de la crisis actual a lo que hay que agregar la falta de seguridad pública y ciudadana, la corrupción, el nepotismo, el narcotráfico, el crimen organizado, el lavado de dinero y la delincuencia común. Podría decirse que son la debilidad principal y el eslabón más débil del gobierno actual y que es hacia ahí a donde habría que enfilar el golpe principal de la lucha y movilización de los más amplios sectores de la población a fin de ganar a las fuerzas que es posible ganar, aislar a las que es necesario y posible aislar, y derrotar a las responsables de la gravísima situación por la que se está atravesando actualmente.
El estallido social que ya no hay quien no advierta en el horizonte y que parece que cada vez más está a la vuelta de la esquina, no puede ser repetición de lo ocurrido entre el 25 de mayo y el 1 de junio de 1993.
En las condiciones y situación en que está el país, tendría que ser el comienzo de una amplia y unitaria movilización social y popular que de paso a la construcción de un frente democrático nacional capaz de protagonizar, orientar y dirigir la lucha por los cambios de fondo que el país necesita.