El Movimiento Pro Justicia, integrado por Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, la Fundación Mack y Madres Angustiadas, denunciaron públicamente el escándalo que constituye el comportamiento de los funcionarios del Ministerio Público que se prestaron a borrar, de un plumazo, denuncias penales que habían sido presentadas contra la Fiscal General Interina, Encarnación Mejía de Contreras, por señalamientos concretos de abuso de autoridad, amenazas e incumplimiento de deberes y cohecho pasivo.
Todas las denuncias fueron desestimadas de oficio por el Ministerio Público que generalmente no mueve los expedientes que conoce, pero que en este caso con una diligencia y coordinación digna de mejor causa, procedió a borrar las manchas que podían afectar la intención de la fiscal interina para postularse para el cargo en forma definitiva.
Y decimos que no se quita la maña porque nuevamente vemos cómo las instituciones de justicia en Guatemala se ponen al servicio de intereses espurios. Lejos de borrar de un plumazo y sin duda siguiendo órdenes superiores, todas esas denuncias contra la licenciada Mejía de Contreras, los fiscales a cargo de cada una de ellas debieron diligenciarlas adecuadamente para que se pudiera establecer su veracidad o falsedad, pero no eliminarlas como resultado de un chaquetazo para quedar bien o siguiendo instrucciones precisas.
Si así se comportan los fiscales, no podemos esperar que haya en el país esperanza de que se avance en la lucha contra la impunidad. El espíritu de cuerpo en el Ministerio Público se hizo proverbial con el caso Matus, cuando fiscales llamados a luchar por la justicia y a perseguir a los delincuentes, hicieron causa común con el sindicado de haber obstruido la administración de justicia en el caso del comisario Víctor Rivera y hasta manifestaron públicamente para expresar su solidaridad con el compañero que había sido sindicado. Por supuesto que Matus tenía derecho a la presunción de inocencia y tenía que ser condenado en un juicio imparcial, pero esa misma imparcialidad quedaba en entredicho por la actitud de sus antiguos compañeros de trabajo y de algunos jueces que también criticaron a la Comisión Contra la Impunidad por el trabajo realizado.
Ahora ese espíritu de cuerpo se materializó nuevamente cuando fiscales que tenían a su cargo denuncias contra la interina Fiscal General, las clausuraron sin más trámite para dejarle el camino expedito para que pudiera presentar su candidatura a la Fiscalía.
El simple hecho de que borraran las denuncias sin más trámite que el de la desestimación, basta y sobra para que la candidatura de la fiscal Mejía de Contreras quede tachada y no se pueda considerar por la Comisión de Postulación. Y no son micos aparejados, sino simples conclusiones lógicas a la luz de los hechos.