Como ya hemos anotado en nuestras entregas anteriores, en Acción de Desarrollo Nacional –ADN–, nuestros equipos de trabajo desarrollan una metodología que parte de los antecedentes del problema, para analizar luego la naturaleza y/o estructura del mismo, abordando finalmente, el tratamiento que debe dársele a cada asunto en particular. Se plantean tres elementos metodológicos fundamentales para el tema que nos ocupa: a) El fenómeno del desempleo no es nuevo y su incremento está relacionado con varios factores que trascienden lo económico; b) Está íntimamente ligado a la debilidad de nuestra economía, las décadas de conflicto armado interno y los errores conceptuales en torno al mismo; c) El Estado no debe verse como una agencia de empleo, su función es generadora mas no dotadora.
Acción de Desarrollo Nacional ADN
a) La carencia de empleos o bien la poca remuneración o atractivo de los mismos, han sido una constante en la historia del país; sin embargo, la demanda se ha vuelto cada vez más sentida, pues el crecimiento económico no se refleja en el aumento de plazas o de remuneraciones, por lo cual la dicotomía crecimiento económico-desarrollo económico, no mantiene una relación directamente proporcional. Además, el evidente atraso del sistema educativo no permite que la población pueda optar a mejores oportunidades, casi siempre relacionadas con posiciones que exigen conocimientos y habilidades en: inglés, computación, electrónica y otros.
La revolución de 1944 logró impulsar una modernización de la economía que, hasta el gobierno ubiquista, se había caracterizado por un atraso muy pronunciado con rasgos incluso feudales. La creación del Banco de Guatemala, la estabilización monetaria, la obligatoriedad del pago de un salario; la promoción de la industria y el comercio y diversas normativas relacionadas con la economía y las finanzas, en el marco de una incipiente y débil modernización del Estado, permitieron la generación de empleos, ya sea por el crecimiento de las instituciones públicas o por el incremento y desarrollo de la empresa privada.
Posteriormente, la polarización política y social del país, fue provocando rezagos y problemas que fueron impactando en diversas áreas, tal el caso del empleo.
b) La debilidad que acusaba la economía nacional y las finanzas públicas, fue la causa principal de esfuerzos como el Mercado Común Centroamericano, el cual le dio un impulso a la economía regional, mediante la unión de mercados, pero nuevamente, el crecimiento económico no se tradujo en desarrollo integral, y dentro de esto, no generó suficientes empleos dignos. Al respecto, los gobernantes militares nunca entendieron que la creación de un sólido mercado interno, es la premisa fundamental para el desarrollo, y esto sólo se logra mediante la generación de empleo digno, promoviendo el emprendimiento privado y semiprivado, así como la generación de oportunidades diversas. Luego, el conflicto armado surgido a inicios de los años sesenta se agudizó, y la inversión nacional fue impactada. El Estado guatemalteco orientó las finanzas públicas a la guerra y el temor del sector privado, estancó la generación y ampliación de empleos.
Por otra parte, a mediados de los años setenta fue consolidándose la concepción perversa de que el Estado era una agencia de empleos y un botín político para los correligionarios y financistas de las campañas electorales. Aun así, es justo reconocer que la situación se hubiera agravado de no salir el Estado a suplir las necesidades de empleo de la población, pero lo que debió ser una medida temporal, se convirtió en una “política de Estado no escritaâ€.
Ya en la era democrática, el clientelismo como herramienta política fue fortaleciéndose hasta llegar a los niveles actuales. Los ya existentes renglones presupuestarios 022, 031 y 029 (entre otros), empiezan a crecer desmedidamente como botín político, pues su maniobra permite otorgar sueldos más altos sin fiscalización ni responsabilidad. Surgen además otros renglones y el empleo como tal, se tergiversa, pues la mayoría de plazas llegan a estar conformadas por los renglones sin prestaciones, como un recurso indebido. A este fenómeno de desnaturalización del empleo, también contribuyen las cooperativas, las ONG y muchas empresas que empiezan a contratar personal bajo las condiciones de honorarios.
La relación del empleo/desempleo, se relaciona –ya vimos– con temas educativos, pero también con estabilidad económica, paz social, voluntad política y una coordinación efectiva y nacionalista entre el sector privado, el sector político, el sector social y el Estado.
c) ¿Qué hacer? El Estado debe generar/mantener los empleos necesarios que se deriven –única y exclusivamente– de su naturaleza, estructura y dinámica institucional. Esta función –además– es secundaria pues su papel fundamental es el de crear condiciones para que la sociedad organizada pueda generar empleos dignos y estables. En épocas de crisis, es razonable la intervención del Estado, pero como una medida temporal extraordinaria y no como una política de Estado no escrita.
El mercado interno guatemalteco sigue siendo débil y esto lo reflejan las estadísticas del Seguro Social en cuanto a asociados inscritos; así como los datos de la población económicamente activa y el vasto sector informal. Nuestra política de Estado para generar empleo se basa en tres pilares: 1) Descartar la idea de que el Estado es una agencia de empleo y tiene la responsabilidad primaria de generarlos, dando paso a una Ley de Servicio Civil en el marco de nuestra propuesta de Reforma y Modernización del Estado; 2) Debe reactivarse la economía con medidas enfocadas a la seguridad, la certeza jurídica, la facilitación de las acciones emprendedoras, la coordinación con el sector privado, la simplificación de trámites y gestiones para abrir empresas; la promoción de la inversión extranjera, la erradicación de toda forma de corrupción; el diálogo con las organizaciones laborales, entre otras. 3) Una mesa institucional público-privada que establezca las acciones concretas de cómo el Estado puede favorecer la generación de empleo digno, sin perjuicio de los intereses nacionales y los derechos constitucionales de los trabajadores.