Hace precisamente un año hablé en un artículo de la mala costumbre que tenemos hoy en día los guatemaltecos para abusar del diálogo. Es normal escuchar en estos tiempos que las empresas de inversión en energía y minería son culpables del complicado establecimiento y funcionamiento de estos emprendimientos por su falta de “socialización y diálogo” de las propuestas de inversión que se desarrollan en proyectos de este tipo.

Las leyes y normativas que nuestra Constitución y otras leyes ordinarias utilizan para regular la puesta en marcha de dichos proyectos parece ser poco útil si no se cuenta con la estrategia de comunicación adecuada y la “extorsión” satisfecha en el área del proyecto.  En otras palabras, hoy en día, muchos de los proyectos tienen que untar la mano de los líderes comunitarios y una sarta de pícaros y vividores de la comunidad internacional si desean que su aventura comercial salga adelante.  No basta con el círculo de corrupción que se genera desde los entes gubernamentales como consecuencia de la discrecionalidad del funcionario, además hay que tratar con las “organizaciones sociales”, que dicho sea de paso en la mayoría de casos no tienen ninguna representatividad real de la comunidad a la que supuestamente defienden.

Viene al caso mi comentario porque el día de ayer leí con agrado que en una actividad de la Cámara de Industria,  el Ministro de Gobernación indicó que los activistas de estas organizaciones sociales eran extorsionadores por solicitar diálogos con el Ejecutivo a cambio de dar vía libre a los proyectos o bloquean ilegalmente todas las carreteras del país si el señor Presidente no les da audiencia.  Lamentablemente, el señor Ministro no tardo ni un día en retractarse de sus declaraciones sin darse cuenta que es precisamente esa actitud, la de pedir perdón cuando no se ha dicho más que la verdad, la que ha envalentonado a estos activistas de tal manera que pueden paralizar al país entero tirando al trasto la institucionalidad de nuestro marco jurídico. Ya las leyes no sirven para nada, aquí en esta democracia perfecta, lo único que tiene valor es el diálogo.

Me parece que la actitud sumisa del Ministro es totalmente equivocada, como equivocada es la actitud del Ejecutivo al plantear mesas de diálogo para resolver cualquier problema.   Existen en nuestro sistema legal, con serias deficiencias, pero finalmente son los que tenemos,  medios para resolver conflictos de todo tipo entre actores de esta sociedad y no agrada para nada ver que los mismos funcionarios apoyen y propongan utilizar otros medios alternativos, ilegales al fin, para resolver “conflictos” inexistentes.   La “conflictividad” es precisamente el mero conflicto, sin razones, sin fundamentos y sin representatividad de los actores.

Se les recuerda a los señores del Ejecutivo que ellos están allí, por mandato constitucional, precisamente para ejecutar (por eso se llama Ejecutivo) lo que la ley les ordena, nada más, nada menos. Y entre las leyes y responsabilidades de los ejecutores se encuentra específicamente la obligatoriedad de hacer cumplir la ley misma. No se les elige o designa para encontrar soluciones, tampoco para dialogar los diferendos, ni siquiera para mediar entre partes como árbitros divinos. Los problemas sociales que tenemos deben de ser atendidos y resueltos con acciones ejecutivas enmarcadas en nuestras leyes y sin aceptar chantajes o extorsiones de ningún activista social, menos aún de organismos internacionales que no hacen sino violar nuestra soberanía. 

Nuestro pueblo pide a gritos desarrollo y los extorsionistas no hacen más que frenarlo ilegalmente porque se les permite.