Al ver el tipo de propuesta que los partidos políticos tienen para enfrentar el tema de la seguridad ciudadana, nos damos cuenta que al final de cuentas todos entienden y reconocen que el Estado perdió su capacidad de ejercer autoridad y aplicar la ley, por lo que plantean variadas formas de rescate de tales facultades a fin de restablecer el imperio del Estado de Derecho. Pero el punto central es que Guatemala se ha convertido en un país en el que se satanizó de tal forma todo lo que huela a estatal que existe una aceptación tácita de que hay que seguir reduciéndolo a su mínima expresión y que todo lo privado es lo mejor, lo sano, lo ético y correcto en contraposición al odiado y vilipendiado estatismo.
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Yo creo que ningún extremo es bueno y que así como pensar en estatizar desde la economía hasta la última de las actividades humanas es un absurdo, también lo es esa idea de que todo debe ser privado y que la reducción del Estado es el objetivo final de la participación ciudadana. Y una forma silenciosa de ir minando al Estado para reducirlo a expresiones insignificantes ha sido la resistencia al pago de impuestos, misma que se justifica bajo el argumento de que de todos modos se roban el dinero, pero que al final de cuentas nos ha generado esta situación que hoy nos alarma, de absoluta incapacidad para cumplir con los fines esenciales, especialmente el de garantizar la vida y la pacífica posesión de bienes a los habitantes de la república.
Es imperativo que en el caso de la seguridad se entienda que los beneficiarios de esa absurda política de reducción del Estado han sido los capos del crimen organizado que han llenado los vacíos de poder generados por la torpe e insistente prédica para minimizar todo lo que es estatal, ignorando que factores como el de la justicia y la seguridad ciudadana tienen que ser prestados cabalmente por entidades del Estado.
Ahora, cuando la inseguridad nos tiene con el agua al cuello, es bueno que recordemos que los culpables de esta situación son aquellos que emprendieron hace muchos años una férrea campaña que en el fondo huele más que a libertarismo, a puro y absoluto anarquismo porque la ausencia de autoridad, supuestamente exigida para facilitar la acción de las fuerzas del mercado, se tradujo en la creación de enormes espacios en los que se pueden mover con absoluta independencia y facilidad las fuerzas del mal organizadas para cometer crímenes de todo tipo. En la realidad social nunca hay realmente vacíos de poder, porque si se produce alguno, inmediatamente es llenado por factores paralelos.
Esa realidad social es la que han pasado por alto los teóricos de las supuestas ideas libertarias que pregonan la reducción drástica del Estado que sin darse cuenta (o tal vez buscando cabalmente eso), han servido en bandeja de plata a los poderes más tenebrosos del país la posibilidad de ejercer controles casi absolutos que son posibles cabalmente porque los guatemaltecos caímos en la trampa tendida con esa propaganda contra el Estado sin entender que es imposible vivir en sociedad sin normas claras aplicadas a todos. Rescatar el poder público para asegurar el imperio de la ley será una de las tareas de los próximos gobiernos si es que queremos terminar con el caos y la anarquía cuya autoría es de quienes de manera insensata pensaron que vilipendiando lo público hacían un bien a la sociedad.