Los empresarios del transporte urbano, beneficiados con un subsidio mensual de Q33 millones, señalan que las mejoras en la calidad del servicio dependerán de los proyectos que ejecuten las autoridades y de un «escalonamiento tarifario».
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Las mejoras en la calidad del servicio del transporte urbano no están garantizadas por los empresarios, a pesar de los millonarios desembolsos que efectúa el Ejecutivo en concepto de subsidio.
Adicionalmente, éstos delegan responsabilidades del Gobierno y la Municipalidad para que se superen las deficiencias que afectan a los usuarios del servicio.
Luis Gómez, representante de la Gremial del Transporte Urbano (GTU), asegura que el subsidio gubernamental que los empresarios reciben mensualmente está destinado únicamente para la compra de combustibles.
En consecuencia, el mantenimiento y renovación de los autobuses, la capacitación de pilotos y compra de refracciones no se contempla dentro de los acuerdos suscritos con el Gobierno Central.
Tras aceptar el incremento de Q8 millones en el subsidio, el consorcio empresarial del transporte urbano limitó su compromiso a sostener la tarifa de Q1, bajo las condiciones actuales en el mercado del diésel pero no a brindar un mejor trato a los usuarios.
Mejoras condicionadas
La posibilidad de contar con nuevas unidades de transporte estaría condicionada por un incremento al valor del pasaje que deben pagar los usuarios. Según Gómez, el proyecto de renovación de autobuses, previsto para los próximos 16 meses, traería consigo un «escalonamiento tarifario».
Por su parte, í‰dgar Guerra, de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, señala que las «chatarras» -autobuses- deben ser sustituidas en un tiempo breve y no en el lapso que plantean los empresarios, ya que la mayoría se encuentran en estado deplorable.
«Las ganancias que los empresarios tienen cada mes son suficientes para renovar la flota por completo (…) las camionetas que circulan actualmente son un atentado en contra de la seguridad de los usuarios y el resto de los automovilistas».
Muni y Gobierno responsable
De la misma forma que los empresarios condicionan la renovación de las unidades del transporte a los incrementos en el valor del pasaje para los usuarios, también delegan la tarea de capacitar a los pilotos de autobuses y demás personal que presta el servicio a la Municipalidad de Guatemala, quien desarrolla un proyecto para ese efecto.
La instalación de un sistema GPS (sistema de posicionamiento global) y otro de cobro prepago, para controlar de mejor forma los autobuses, estaría condicionado por los proyectos que desarrolle el Ministerio de Comunicaciones.
Al cuestionar a Gómez por el mal servicio que pilotos de buses prestan a personas de la tercera edad, éste se limitó a señalar que es de urgencia que se trabaje en la instalación del sistema prepago, para garantizar un buen servicio.
En relación a las consecuencias que han sufrido las personas mayores, en accidentes dentro de autobuses, señaló que la responsabilidad de investigación recae en el Ministerio Público y no en el empresariado.
La única garantía que ofrece la GTU a cambio del subsidio, es la promesa de que no se realizarán paros de labores o incrementos en la tarifa bajo algunas condiciones. En consecuencia, el buen servicio y atención amable que esperan los usuarios tendrán que esperar hasta que se llegue a nuevos acuerdos con los empresarios.
El ministro de Comunicaciones, Luis Alejos, afirmó que para septiembre próximo, esperan haber implementado el sistema prepago en el servicio de transporte urbano, aunque también realizan los estudios necesarios para colocar dispositivos GPS en las unidades.
«Queremos trasladar el subsidio al usuario. íbamos a empezar por el sistema GPS, pero hemos decidido que desde septiembre, llegaremos con un subsidio directo, implementando el sistema prepago. Luego en agosto, tras reunirnos con transportistas y ver los precios del diésel, será el momento oportuno para tomar decisiones, porque ahora es muy prematuro», dijo el funcionario.
Alejos advirtió que la Municipalidad de Guatemala tendrá la última palabra sobre liberar o no las tarifas del transporte en la capital, mientras que, en el interior, se descarta un subsidio para rutas cortas y servicio urbano en las cabeceras departamentales, por lo que se discute la autorización del incremento en el precio del pasaje.