El próximo año los guatemaltecos elegirán a sus nuevas autoridades en medio de un clima de violencia e inseguridad, en donde la credibilidad para los presidenciables es casi nula, así­ como el deseo de emitir un voto, sobre todo para las familias que perdieron a un ser querido, que por alguna razón desapareció sin dejar rastro o poco después su cuerpo fue encontrado en pésimo estado.

Estadí­sticas de la Policí­a Nacional Civil (PNC) indican que hasta octubre de este año no se conoce el paradero de mil 369 personas en todo el territorio nacional.

La estadí­stica podrí­a representar un subregistro, pues en algunos casos se sabe que los familiares de los desaparecidos no dan a conocer la información a las autoridades.

Entre los móviles de las desapariciones, de acuerdo con las denuncias recibidas, están los asesinatos, la trata de personas y los secuestros.

Esas situaciones, según expertos, influyen al momento de emitir un voto o ejercer lo que se conoce como «democracia y ciudadaní­a», sobre todo para aquellos que sufren las secuelas psicológicas de perder a alguien o encontrarlo de una forma denigrante.

En esos casos se originan dos escenarios. El desánimo de emitir un voto, o bien la vulnerabilidad para confiar en los discursos populistas de candidatos que ofrecen medidas extremas para combatir la inseguridad.

Según un investigador de la Policí­a, en el caso de la niñez desaparecida, el problema se origina porque las ví­ctimas reciben malos tratos o abusos y huyen de sus casas, y luego son cotizados como esclavos sexuales y potenciales proveedores de órganos.

Los móviles más preocupantes, según la persona entrevistada, son las muertes violentas y los secuestros, debido a que los familiares tienen esperanza de saber de sus seres queridos o por lo menos conocer en dónde quedó el cadáver de su pariente para darle una sepultura digna.

Frente al amplio espectro de consecuencias que deja la violencia, el sistema de partidos polí­ticos no ofrece una solución clara y real, y es entonces cuando la democracia deja de tener sentido para la población, lo que se evidencia con la abstención electoral en los comicios.

Madre abnegada

«No fue a cualquiera a quien mataron y brutalmente descuartizaron, fue a una mujer dedicada a su hogar, una madre abnegada, responsable y muy trabajadora», afirman los parientes de Wendy Mariela Colí­n Chávez, la mujer de 32 años, que fue secuestrada de la colonia Atlántida, en la zona 18 y posteriormente hallada desmembrada frente a las instalaciones de una radioemisora en la zona 15.

La vida de los parientes de Wendy dio un giro significativo, cuando la mañana del 28 de junio recibieron una llamada que les alertaba sobre el secuestro de la jefa de personal del Preventivo para Varones de la zona 18, al mismo tiempo, de la muerte de su pareja, quien se opuso al plagio de la joven mujer.

Horas más tarde, los medios informaban sobre el hallazgo del cuerpo de Wendy, totalmente desmembrada, sus restos abandonados en bolsas de plástico en la zona 15.

«Cuesta hablar de esto, la forma en que la asesinaron, cómo se dieron los hechos, las causas que hasta hoy no sabemos y que de plano no vamos a saber, como todo en este paí­s que supuestamente se investiga y nunca se llega a nada, es bien duro, ya no quisiéramos recordar nada de lo que pasó, porque ya no tenemos fuerzas para seguir y superar tanto dolor. La verdad, no confiamos en las autoridades, sólo en Dios que si es justicia», expresan.

La terrible escena del hallazgo del desmembramiento de Wendy es sustituida por sus familiares al recordarla por sus cualidades de persona trabajadora.

«Ella empezó a trabajar en 1992 como guardia de Presidios, pero su deseo de superación y su inteligencia le permitieron entrar al área de recursos humanos, al poco tiempo fue jefa de personal; todaví­a la recuerdo, todos los dí­as a las 4 de la mañana juntando agua, lavando y pensando qué le iba a dejar de comer a sus hijitos, no es justo lo que le sucedió… «, dice la fuente derramando lágrimas.

De acuerdo con el relato, al momento de las honras fúnebres, los familiares estuvieron en desacuerdo con el servicio de la funeraria, pues no era un lugar digno para la ví­ctima, por lo que prefirieron buscar otro lugar para dar una sepultura digna a Wendy.

«Cuando llegamos, vimos que ese lugar lo único que tení­a era un toldo, cómo í­bamos a utilizar esa funeraria, creo que ya tení­amos demasiado con la forma en que murió ella, mejor decidimos llevarla a una funeraria digna», indica.

Rudy Esquivel, vocero de la institución, se abstiene a responder que son respetuosos de los familiares de la ví­ctima y si ellos consideraron trasladar el cadáver de Wendy a otro lado, tení­an derecho a hacerlo.

«Somos respetuosos de los familiares de Wendy, si ellos consideraron que era mejor trasladarla a otro lugar, ellos saben por qué, están en su derecho», dice Esquivel.

Al mismo tiempo, el funcionario argumenta, con la copia de un finiquito, que los familiares de Colí­n Chávez ya recibieron Q25 mil del seguro de vida, aunque admite que otros trámites post mórtem aún están pendientes, pero supuestamente no depende del SP, sino de la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), a donde los empleados públicos deben acudir.

Mientras los trámites en la Onsec se gestionan, los familiares de Wendy muestran su preocupación y desesperanza, pues indican que no tienen recursos, incluso para hacerse cargo de los cuatro niños que dejó esta mujer.

Al concluir la entrevista, la fuente que pide no ser citada por el riesgo que conlleva, dice que no existe ningún tipo de esperanza en su vida, mucho menos se detiene a pensar en lo que hoy escucha en los medios de comunicación, sobre la polí­tica y las próximas elecciones.

«No me interesa votar, no lo voy a hacer, no tengo nada que perder ni nada que ganar, creo que nadie va a devolver a Wendy, pero ojalá que gane alguien con la mano bien dura», manifiesta.

¿Democracia?

Carlos Martí­nez, reconocido periodista salvadoreño que labora para el diario digital El Faro, y quien ha seguido de cerca al único criminalista que tiene a su cargo la búsqueda de personas desaparecidas en cementerios clandestinos de El Salvador, principalmente por la violencia generada por las pandillas, destaca cómo el Estado es incapaz de dar respuesta a las familias que sufren la ausencia de su pariente y derivado de esto la dificultad para la construcción de un Estado o una democracia real.

«El problema de esto es que cuando un Estado es incapaz de resolver una cuestión tan básica, aleja absolutamente al ciudadano de esa construcción lujosa que llamamos Estado y mucho más de aquel ordenamiento al que llamamos democracia», refiere el experto.

«Â¿Qué carajo le puede importar a quien pierde a un familiar y ha perdido las esperanzas de hallarlo con vida? ¿Qué carajo le puede importar esa construcción lujosa que ofrecen los candidatos presidenciales, esa construcción lujosa de que yo les garantizo más democracia, más libertad? Yo me pongo en el papel de estas personas y la única pregunta que queda por hacer, la libertad de qué, de qué clase de libertad les hablamos, si la única libertad de la que gozo es la libertad de morirme», afirma.

Según el entrevistado, en Guatemala y El Salvador la violencia es una de las situaciones que más aflige a la ciudadaní­a, pero también uno de los puntos más aprovechados por los polí­ticos.

«En el ámbito de seguridad, las campañas presidenciales en El Salvador se han construido inevitablemente alrededor del tema de la seguridad pública, en la medida que somos la parte más peligrosa del continente, el paí­s más peligroso relativo a la tasa de homicidios, por encima del 70 por cada cien mil habitantes. Es imposible que los polí­ticos no construyan su campaña electoral alrededor del tema que más aflige a la población», indica.

A decir de Martí­nez, pese a las medidas que supuestamente buscan contrarrestar la violencia en su paí­s, éstas no han dado resultados, porque son «demagógicas y sin operativización», muestra de ello es la ley antipandillas, que a su criterio, no da respuesta al problema de la violencia.

«Hay una serie de medidas que no pasan de ser demagógicas. Eso ocurrió de la siguiente forma: un dí­a, un grupo de pandilleros del barrio 18 quemó un microbús del transporte público con 16 personas adentro, a las que quemó vivas; el Presidente no pudo quedarse con los brazos cruzados y no se le ocurrió otra cosa que dar una conferencia de prensa en la que anunciaba una ley antipandillas, pero simplemente anunció un cascarón. No habí­a un proyecto de ley, no habí­a un análisis jurí­dico, mucho menos un análisis técnico sobre lo útil que podí­a ser esta ley, cuando le llegó la hora de cumplir su promesa al Presidente y a su partido, se encontraron con una serie de trabas jurí­dicas, donde no sabí­an donde apuntalar la ley», indica.

El profesional destaca en relación a las medidas propuestas por las fuerzas armadas, la simpatí­a que provoca en la gente.

«Las fuerzas armadas están cobrando un papel protagónico en la seguridad pública, cuando no están diseñadas para eso, el Ministro de la Defensa Nacional propuso públicamente ejercer estado de Excepción en el que se supriman las garantí­as constitucionales en algunas partes del territorio del paí­s a fin de poder hacer capturas sumarias, de tener a la gente por más tiempo, de poder allanar casas sin permiso judicial, entonces claro que la aflicción de la ciudadaní­a es muy susceptible en este tipo de medidas, porque cuando proponen cercos militares o meter a las Fuerzas Armadas a las cárceles eso goza al principio de mucha simpatí­a de parte de la población», dice.

El comunicador concluye en la necesidad de que para reconstruir la ciudadaní­a, se vincule a los ciudadanos con el Estado, aunque es complejo, porque la gente no percibe la existencia de tal Estado, que hasta puede convertirse en victimario.

«No se trata de inventar fórmulas mágicas, pero por ejemplo necesitamos como ciudadaní­a, una cosa que parece un abstracto, vincular a los ciudadanos con el Estado y eso sólo se concibe si los ciudadanos perciben que el Estado existe y que además existe para bien, por ejemplo a mi familia y a mi no nos van a matar porque el Estado nos va a brindar seguridad, o si nos ocurre algo, estoy seguro que el Estado nos va a proveer justicia y voy a acudir al Estado con la confianza de que así­ va ser y a los que les toque investigar lo van hacer, y a quienes les toque protegerme lo van hacer, pero en tu paí­s y en el mí­o tenemos muestras de sobra, de que los ciudadanos ya no pueden esperar ni siquiera de que los funcionarios que no cumplen con este trabajo no lo hagan sólo porque son inútiles, o porque están sobrecargados de trabajo o porque no tienen los recursos, sino por una razón todaví­a más aterradora, porque son parte de los victimarios», indica.