Es evidente que muchos sectores comprometidos en el pasado conflicto armado interno hicieron esfuerzos desde la campaña electoral por perfilar un futuro gobierno de Otto Pérez Molina como un régimen militar que representaba la vuelta al pasado. Y también es obvio que, una vez electo, Pérez Molina ha hecho serios esfuerzos por no dar esa apariencia y por mostrarse como un gobernante distinto a los que fueron caracterizando esa figura tan cuestionada de los gobiernos militaristas que dirigieron al país desde 1970 hasta 1982.

Por ello es que considero que no reparó en las consecuencias de la propuesta que aparentemente le hicieron desde la Secretaría de la Paz para restringir el ámbito de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque justamente lo que provoca, ya no sólo a nivel nacional sino en el plano internacional, es la visión de que efectivamente está adoptando las mismas medidas en materia de derechos humanos que sirvieron para perfilar a aquellos regímenes. Leía yo en la prensa española, por ejemplo, las reacciones ante el anuncio de que Guatemala planteaba ampliación a su reserva y el énfasis hecho en que era el gobierno del “general” Pérez Molina, es decir, de un miembro de las fuerzas armadas.
 
 Antonio Arenales Forno es reconocido como una de las mentes más privilegiadas de nuestro medio político y es respetado porque tiene verdaderas ocurrencias capaces de provocar cambios de impredecibles consecuencias. El caso Belice con Serrano es un ejemplo de ello y ahora la iniciativa para sustraer al Estado de la responsabilidad por los hechos del conflicto armado es otra muestra de su enorme influencia. Pero en este caso vale la pena recordar aquella vieja expresión de “no me defiendas, compadre”, porque la reacción nacional e internacional ha sido un revés muy duro para el Presidente y para su empeño por mostrarse ante el mundo y ante la sociedad guatemalteca como cabeza de un gobierno ajeno a las formas que tipificaron la imagen de los gobiernos militares.
 
 Obviamente el tema económico es importante y el Estado puede resentir las condenas que obligan al pago de cuantioso resarcimiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos que son las que se conocen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero por mucho que se pueda argumentar respecto a eso y al impacto que tiene en las finanzas nacionales, no se puede ignorar que finalmente se está abordando el tema central de lo que fue nuestro conflicto interno en materia de irrespeto a las garantías elementales del ser humano.
 
 Por ello no sorprende que el mismo Procurador de los Derechos Humanos haya alertado al presidente Pérez Molina sobre los efectos de esa decisión que no se proyectan únicamente en el plano económico sino que tiene indudables aristas políticas y por supuesto jurídicas.
 
 Aún los incidentes de Totonicapán que en las primeras horas fueron utilizados por algunos para reiterar que habíamos caído de vuelta en el pasado del militarismo autoritario, que es el punto esencial del cuestionamiento, fueron manejados con cierta habilidad por el gobierno, tanto así que no llegó a cuajar la crítica ni se propagó en la forma en que hubieran querido sus iniciadores. Pero queriendo evitarle al gobierno el trago amargo de pedir perdón, sobre todo cuando es obvio que la maquinaria de la justicia al fin de las quinientas está pasando revista a hechos vinculados con la guerra y con violaciones de derechos humanos, se le ofreció al Presidente una salida que en el papel pudo parecer interesante y atractiva y a la que él dio luz verde, tanto así que ya fue publicada como acuerdo en el Diario Oficial, pero sus efectos locales e internacionales pueden ser devastadores para la imagen que obviamente quiere proyectar el mandatario.