Con Berger, fue sencillo; con un gabinete que representaba muy bien los intereses del empresariado guatemalteco y con polí­ticas que tendieron a debilitar al Estado para fortalecer el mercado, las cámaras empresariales estuvieron más o menos conformes. Sin embargo, con las propuestas dirigidas a modificar de alguna manera la estructura que les permite su status quo, no hay obstáculo que les detenga.

Prueba de ello fue la participación de los representantes del CACIF en el diálogo para la creación del Código Agrario en el año 2006. Bajo la excusa que las organizaciones sociales y campesinas buscaban la expropiación de tierras y en un flamante acto de respeto y apoyo a la propiedad privada, dieron al traste con la negociación que se habí­a iniciado en el Organismo Judicial. Tal fue el desequilibrio provocado por la élite económica que el entonces magistrado Rodolfo de León, encargado del Diálogo Nacional Agrario, tuvo que dar por concluido el tema a pesar de la problemática agraria existente en el paí­s.

No digamos con el tema del sistema tributario, en donde la Reforma Fiscal no avanza porque los empresarios, sus ideólogos y universidades, sus centros de investigación y los medios de comunicación que les acompañan, aseguran que nunca es buen momento para incrementar impuestos.

Esto, a pesar que los Acuerdos de Paz -sin duda el resultado del diálogo más importante de nuestra historia porque logró poner punto final al conflicto armado interno-, establecen que «la polí­tica fiscal (ingresos y egresos) es la herramienta clave para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales, y en particular aquellas relacionadas con el desarrollo social, que es esencial en la búsqueda del bien común»; además, el Acuerdo de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria señala que es necesario aumentar la carga tributaria en relación al producto interno bruto y aplicar un sistema tributario globalmente progresivo.

Este punto, vigente hasta nuestros dí­as, es crucial para el nuevo ejercicio de diálogo al que convocó el presidente ílvaro Colom, porque a pesar que ningún Estado puede funcionar con las arcas vací­as, que no se puede garantizar el desarrollo de la población si no se cuentan con servicios sociales básicos con cobertura universal, y que el paí­s no puede tomar otro rumbo si no se garantizan mecanismos eficaces para una justa distribución de la riqueza, nuevamente los empresarios y sus operadores polí­ticos han afirmado que el primer paso para sentarse a dialogar, es retirar el paquete tributario que el Gobierno presentó al Congreso «para empezar desde cero».

¿Con qué condiciones se dialoga en Guatemala entonces? Los empresarios no tienen ningún tipo de legitimidad popular, pero gracias a sus cuentas millonarias y a su capacidad de inversión, se toman la libertad de poner condiciones para entrar y luego deshacer espacios que bien podrí­an ser aprovechados para la construcción de acuerdos nacionales en donde el ser humano, y no el dinero, sea el centro.

Por supuesto que el proceso más sano para la construcción de una agenda polí­tica y económica nacional es un diálogo incluyente, en donde estén representados todos los sectores, tanto organizaciones sociales como quienes tienen la capacidad de inversión, y en donde se mantenga el respeto por las propuestas que se presenten.

Así­, el diálogo al que ha convocado Colom no es válido si no cuenta con la representatividad de la población y si el empresariado guatemalteco intenta convertirlo en un espacio para validar su modelo de desarrollo, que se ha demostrado, está caducado.