La tendencia a la crítica, al contrario de lo que algunas corrientes de pensamiento aseguran, no es cuestión de “modaâ€. Vivir en Guatemala duele y es algo que no se puede ocultar. No se trata de una realidad que percibamos desde un libro. La desigualdad, la exclusión y sobre todo la impunidad, nos llega cada día por todos los sentidos.
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Son esas estructuras desiguales, con privilegios para unos sobre otros, las que arrojan datos indignantes por desnutrición, pobreza, muertes maternas, feminicidios, etcétera.
No obstante, aunque esa espiral absurda de muerte nos envuelve a diario, existen batallas y esfuerzos que no pueden ni deben ceder, porque son fruto directo de luchas incansables de diferentes sectores a lo largo de la historia.
Por lo tanto, las acciones para lograr los avances que hoy se tienen sobre la –tan anhelada– construcción de una ruta que marque algunos lineamientos básicos en materia de combate a la impunidad, no puede ocultarse o desprestigiarse.
La reciente actuación de la Asociación de Jueces y Magistrados en contra de la CICIG, más que autónoma y soberana, parece una muestra clara de directrices específicas que ciertos grupos –ni tan oscuros, ni tan clandestinos– dictan desde hace tiempo en nuestro país.
Esos grupos de poder amparados en la impunidad, intentan socavar cualquier indicio de acciones que pongan en riesgo su estabilidad. Es seguro que no han conciliado el sueño desde que se demuestran cambios significativos en los procesos de investigación desde el Ministerio Público, que con argumentos sólidos y pruebas científicas contundentes permitieron la captura y primer juicio por genocidio contra un alto mando militar en Guatemala; el esclarecimiento por autoatentado de Luis Marroquín, candidato a alcalde por el partido Lider en San José Pinula, y el caso Alfonso Portillo, entre otros.
La actuación corporativista de algunos jueces, mina los esfuerzos de cientos de personas guatemaltecas que solicitaron apoyo para encaminar los procesos de depuración que acaben de raíz con el problema de impunidad. También, constituye un claro atentado contra los principios democráticos que rigen el funcionamiento de las instituciones, que sustentan el espíritu que da razón de ser a los jueces y magistrados.
Ya no se vale seguir esquivando responsabilidades y repartir culpas. La población que por mucho tiempo se creía en estado letárgico, está viva, tiene los ojos bien abiertos y está cansada de tanto atropello.
Las sentencias absolutorias –pese a pruebas sólidas, como ya se indicó– en juicios a exfuncionarios públicos, no han pasado desapercibidas. Es claro dónde se fraguan los favores judiciales y dónde no.
La tarea de la CICIG tiene un tiempo y espacio delimitado, pero la tarea de la población guatemalteca en búsqueda de justicia apenas empieza. La urgente necesidad de un cambio estructural también debe pasar por aquellas y aquellos que administran justicia.
El 31 de marzo de este año, la II Muestra De Cine Internacional, Memoria, Verdad, Justicia se inauguró con la presentación de un documental que narra la experiencia que Chile vivió en 1998, cuando Juan Guzmán, un juez que había apoyado el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende y dejó en el poder al militar Augusto Pinochet, fue designado para investigar una querella criminal histórica.
Veinticinco años después de su incondicional apoyo a un régimen de terror y muerte, el juez Guzmán tuvo el valor de enfrentarse con la verdad de los hechos y asumir el compromiso personal que define la naturaleza de su posición: “mis investigaciones abrieron los ojos de mi alma, un país necesita conocer la verdadâ€, indicó Guzmán.
Definitivamente este constituye un claro ejemplo de transformación, compromiso y redención por parte de un verdadero administrador de justicia. ¿Cuántos decidirán aquí, asumir el ejercicio independiente y efectivo de la impartición de justicia?