He caminado a altas horas de la noche en los alrededores del Parque Concordia –en la zona 1 de la Capital– y también por las cercanías de algunos bares en la Zona Viva, y en ambos lugares he visto adictos.

Claro, unos huelen pegamento y otros aspiran cocaína, pero al final todos son adictos que necesitan de las sustancias químicas para poder vivir con aparente tranquilidad, aunque poco a poco se estén matando, unos entre la pobreza y otros solo por placer.

Realmente ambos son cuadros tristes y desoladores que invitan a la reflexión sobre las necesidades creadas y la drogadicción. ¿Y qué tienen que ver los políticos? Pues no se me ocurrió mejor situación que la de los adictos para plantear una analogía sobre “la droga” de la deuda pública, esa sustancia que enloquece a muchos de los que nos gobiernan y que hace estragos en la sociedad.

¿Qué todas las sociedades necesitan de la deuda? No soy economista y estoy a años luz de serlo, pero sí entiendo que la deuda pública –soberana–  es instrumento de la política monetaria y fiscal, que puede ser determinante en la definición de los presupuestos y la economía, entre otros aspectos fundamentales para el Estado.

Sin embargo, debo reparar en la insistencia enfermiza del Gobierno y los gobernantes para adquirir más deuda sabiendo las instituciones están copadas por la corrupción, mientras que los recursos adquiridos a través de préstamos y bonos jamás llegan a los destinatarios, y lo que resulta aún más incomprensible es que no haya un freno para esas decisiones totalmente desacertadas.

Un aspecto que no debe pasar por alto es que los políticos disfrutan de la droga de la deuda, porque claramente sacan más de algún provecho cuando ésta se aprueba y los recursos llegan a sus manos, pero los que realmente salen afectados en el largo plazo son los ciudadanos, porque de sus bolsillos sale el dinero para pagarle a los acreedores.

No hay que equivocarse. Jamás un Presidente, un ministro o un diputado han hecho un aporte personal al pago de la deuda pública, aunque sí haya consentido el endeudamiento. Los verdaderos afectados son las personas que pagan impuestos, así como lo serán sus hijos, nietos, bisnietos y toda la demás descendencia, que tendrá que aportar a futuro para cumplir con los compromisos adquiridos por el país.

Es un problema verdaderamente serio que debería preocuparnos. Al 31 de octubre pasado, según el Banco de Guatemala, el endeudamiento interno se estimaba en Q51,295.1 millones, mientras que la deuda externa se calculaba US$6,623.4 millones.

En total, la deuda pública registrada por el Banco Central es de Q103 mil 686 millones 194 mil, lo que equivale a unos 47 millones 743 mil 153 salarios mínimos. Y eso sin contar la deuda flotante de Q3 mil 500 millones –que este Gobierno pretendía aprobar– y las millonarias deudas no registradas que han adquirido todas las municipalidades sin control o fiscalización estatal, pero que tarde o temprano se tendrán que pagar.

Si los hospitales funcionaran, si las escuelas ofrecieran educación de calidad, si se evitara la muerte de niños por hambre, entonces sí tendría sentido el endeudamiento, pero todos sabemos que eso no pasa y que con el sistema actual de endeudamiento los ganadores son los políticos y sus financistas.

Ya es hora de quitarles su droga.