Ya antes otros habí­an dado la voz de alerta, pero, ni las autoridades ni las empresas que comprimen el fluido propano adoptaron medidas efectivas para evitar los desastres. En la actualidad, el Congreso de la República conoce una iniciativa de Ley de comercialización del Gas Licuado de Petróleo. El jueves 15 de febrero, los «expendedores de gas propano de Dagas», advirtieron que ese proyecto pretende «repartir por ley, entre las grandes empresas distribuidoras, todos los cilindros de gas propano que existen en el paí­s». Lo paradójico, por no decir irónico, es que Dagas es la que tiene menos envases de su propiedad en circulación; además, según los reportes de los cuerpos de bomberos que atienden las emergencias por explosiones de cilindros, es la compañí­a que más ha incumplido con los controles de seguridad.

Dagas y sus centenares de distribuidores sólo están preocupados por el logro de sus ganancias, sin que antepongan el bien común. La nueva ley obligarí­a a que las empresas troquelen sus nombres o iniciales en los tambos. Con esto podrá exigirse que mejoren el estado de sus envases y que asuman las responsabilidades civiles y penales en que incurran, ya que de los 4 millones de cilindros en el mercado, 800 mil se encuentran en malas condiciones.

La discusión de la nueva ley para comercializar el GLP no se enmarca en una lucha mercantil entre gaseras. El nuevo cuerpo legal responderí­a a la necesidad sentida de proteger la integridad de 8 millones de personas que consumen el hidrocarburo. El mal estado en que se encuentran los tambos de gas propano los convierte en auténticas «bombas de tiempo», ya que en cualquier momento pueden saltar en pedazos debido al menor detonador. Remediar esta situación y prevenir más desgracias con la aprobación de la nueva ley, será de beneficio para el paí­s y reportará réditos polí­ticos a los congresistas que apoyen su emisión, un logro oportuno en este año de elecciones generales.