Nos duele la noticia del atentado, ayer, contra Mateo López, del SNTSG, principal dirigente de la lucha contra Unión Fenosa en Catarina, San Marcos. Se suma a los asesinatos recientes de Bruno Ernesto Figueroa (7/08), Fredy Geovani López Caal (26/09), David Pineda Barahona (28/09) y Carlos Enrique Méndez Ramírez (30/09), dirigentes de las luchas sociales. Pese a las protestas del movimiento social, que cuenta ya 20 asesinatos de militantes, como mínimo, en los últimos 12 meses, el Estado guatemalteco permanece impasible ante esta particular ola de violencia política. Ni siquiera la CICIG, que ha tenido buen papel en otros aspectos de justicia, ha tomado medida alguna para enfrentar la «privatización de la represión». El manto de impunidad es el caldo de cultivo para que la ola pueda ampliarse y agudizarse.
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El movimiento social recuerda nítidamente el período del conflicto armado interno. Durante 36 años, el Estado lanzó olas represivas, a veces selectivas y otras veces masivas e indiscriminadas, hasta acumular 200,000 víctimas mortales, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH). En cada una de esas olas el movimiento social no dejó de ser golpeado, habiendo regado con su sangre cada rincón del territorio nacional. Es intolerable que hoy, firmado el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, y viviendo, supuestamente, en democracia, se estén desatando nuevas olas, si bien ahora ocultas bajo la cobertura de los sicarios y criminales. Esto, de paso, no es casual. Se está dando en Honduras, a partir del golpe de Estado, y ha sido parte del sistema represivo de Colombia, cuyo ex presidente es ahora acusado en España de crímenes de lesa humanidad. Los presidentes deben entender que existe responsabilidad con relación a la vida de sus ciudadanos tanto por acción como por omisión. Por ello, no podemos dejar de exigir al presidente Colom que actúe de inmediato para detener las olas de violencia política.
En su oportunidad, en Nueva York, cuestioné al Sr. Castresana, Director entonces de la CICIG, sobre la falta de acción con respecto a estos actos de violencia contra el movimiento sindical, campesino, indígena y de derechos humanos. La respuesta fue muy desalentadora: la CICIG se ve imposibilitada de actuar porque tiene recursos solamente para actuar en zonas urbanas, principalmente en la capital, mientras que estos hechos de violencia han ocurrido principalmente en las zonas rurales o alejadas de las ciudades. Esta excusa es, desde luego, totalmente inaceptable. Cuando se presentan claras tendencias de crimen, con características de obedecer a planes específicos, la CICIG debe romper con la impunidad, porque para ello ha recibido mandato del Gobierno de Guatemala y de las Naciones Unidas.
Nosotros, guatemaltecos y guatemaltecas en el extranjero, no podemos ver con indiferencia lo que ocurre en nuestro país, sumido en la violencia y la inseguridad. Tampoco podemos seguir aceptando que Guatemala sea considerado como el país por excelencia en donde no se respetan los derechos humanos. Desde el exterior, estamos y seguiremos propugnando por medidas para evitar que siga el derramamiento de sangre. Lo que es un hecho es que ya es tiempo de que Colom y la CICIG actúen.