El ejercicio de la democracia demanda la alternabilidad en el ejercicio del poder y prácticamente todas las Constituciones establecen límites para la cantidad de períodos en los que se puede ejercer la Presidencia. Cuando se produce una asonada, golpe de Estado o Revolución, se anulan esas leyes que contemplan limitaciones y se asume que los caudillos pueden gobernar a su sabor y antojo.

En otras ocasiones, las dictaduras no provienen de alteraciones del orden constitucional de ese tipo, sino maniobras como las que se dieron en Guatemala en los tiempos de Barrios, de Estrada Cabrera y Ubico, quienes acudieron a modificaciones constitucionales ejecutadas por Asambleas ad hoc que eliminaron las barreras establecidas para la reelección.

Viene a cuento lo anterior porque a partir de la columna que escribí sobre Somoza y Ortega se plantean discusiones que pretenden marcar diferencias y en el fondo lo que hay es una cuestión de carácter ideológico que sesga el debate. La gente de izquierda valora las políticas sociales que se puedan implementar desde una dictadura, afirmando que muchas veces no es posible lograr avances tan importantes en medio de modelos de poder en los que los períodos breves y la alternabilidad impiden la definición de políticas de largo plazo y de gran envergadura. El ejemplo de los Castro en Cuba sale a relucir en esa vertiente que no considera tan mala la tiranía si a cambio se produce un notable impulso al desarrollo social.

Por el lado de los conservadores la cosa no es muy diferente, puesto que algunos estiman que dictaduras como la de Pinochet que impulsan la libertad económica, aunque restrinjan otras libertades, se justifican porque sólo en el marco de un régimen autoritario se puede avanzar con tanta firmeza y celeridad cuando hay que eliminar subsidios y beneficios sociales, políticas que generan malestar entre la población pero que “son necesarias”, según se dice, y por lo tanto para cierto sector de la derecha, una dictadura que proceda de esa forma es más tolerable.

La verdad es que unos y otros actúan en contra de los valores esenciales de la democracia y asumen con carácter mesiánico que son los únicos que pueden resolver los problemas de sus pueblos y que éstos tienen que someterse y renunciar a sus libertades para que proceda la “salvación” que puede ser a favor de los pobres, en unos casos, o a favor del sector de mayor poder económico, en los otros.

El ideal desde tiempos de los griegos ha sido la democracia aunque hay que decir, también, que en su nombre se cometen enormes barrabasadas y que no son pocos los que la usan como parapeto para imponer otras formas de tiranía. En Guatemala, hoy mismo, vivimos bajo la tiranía de los financistas de las campañas políticas que cada cuatro años cambian al Presidente, pero únicamente para asegurar que puedan continuar ordeñando al erario nacional para su propio beneficio. Las elecciones no son muy distintas a las que puedan darse en el marco de reformas constitucionales como las que hoy discute el parlamento de Nicaragua para facilitar la elección indefinida de Ortega y el resultado tampoco difiere en gran cosa porque, al final de cuentas, nos roban nuestra libertad. Puede hacerse con subterfugios, con paliativos, o puede ser resultado de una renuncia de nuestra parte a la capacidad de actuar, pero el resultado es la ausencia de democracia real y efectiva.

Así como con la corrupción lo mismo da que robe un pícaro de izquierda que uno de derecha, en el tema de la tiranía lo mismo da que nos sojuzgue alguien de izquierda que alguien de derecha. Y ni la corrupción ni la dictadura debieran de terminar siendo aceptadas.