Ayer publicamos un reportaje sobre las secuelas de la estafa sufrida por quienes invirtieron sus ahorros en el Banco de Comercio y realmente se vuelve a demostrar que ese caso llora sangre, que es una gran ingratitud la cometida con cientos de personas que confiaron en la solidez de nuestro sistema bancario y en la supervisión adecuada que conforme a la ley tiene que efectuar la Superintendencia de Bancos.
Cuando se va entrando en el detalle del drama que han vivido los afectados es natural que uno sienta hervir la sangre, sobre todo porque siendo el nuestro el país de la más absoluta impunidad, esa gente no tiene esperanza de que nadie asuma la responsabilidad. Los dueños del banco simplemente se hicieron humo y las autoridades que tenían que supervisar las operaciones para evitar abusos en contra de los clientes, se hicieron las babosas, confiando en el viejo axioma de que en Guatemala nadie asume la responsabilidad de nada y nadie tiene que pagar las consecuencias de sus actos o de sus omisiones, como es este caso.
Y no es que la legislación no contemple sanciones y hasta penas para quienes incumplen sus funciones públicas, pero realmente el sistema se encarga de apachar todos los clavos habidos y por haber, acaso por la vieja tendencia de que lo que hoy hago por ti, mañana lo hará alguien por mí y de esa cuenta no hemos visto que en el Ministerio Público ningún fiscal repare en los ilícitos que pudieron cometer los funcionarios llamados a ejercer el control de las operaciones que de manera abierta estaba realizando el banco en sus propias instalaciones para desviar fondos de los ahorros supervisados y controlados hacia entidades de papel que no tenían garantía como esperaban los ahorrantes.
Pensamos que es urgente sentar precedentes y que los funcionarios públicos entiendan que como tales tienen responsabilidad tanto por hacer como por no hacer. Es ingrato que el país siga pagando sueldos de gran calibre a personas que no sólo no hicieron lo que tenían que hacer, sino que contribuyeron al engaño con sus declaraciones en las que afirmaron que los usuarios del sistema tenían que estar tranquilos porque no había problema alguno en el horizonte.
El problema de la recuperación del dinero es grave porque no existe fondo del cual se pueda echar mano para atender a los que fueron estafados. Pero no puede ser que las víctimas no tengan ni siquiera el pobre y triste consuelo de ver que los responsables de la estafa tienen que responder ante la ley. Son cientos de personas cuyo pecado fue confiar en el sistema bancario para asegurar sus ahorros y para obtener el mejor rendimiento posible y ellos merecen al menos una satisfacción legal.