Cuando se ve la forma en que se prepara el trabajo para copar las comisiones de Postulación y lo contrastamos con el optimista informe que presentó antes de dejar su cargo el comisionado Francisco Dall´Anese, tenemos que preocuparnos por el futuro de Guatemala porque el esfuerzo de la comunidad internacional para apoyar la lucha de los guatemaltecos para combatir la impunidad no ha sido tan fructífero como se hubiera deseado. En efecto, la cifra que nos ofreció quien dirigió la CICIG durante los últimos años indica que la impunidad se redujo a un setenta por ciento, cifra que aún sería muy alta, pero que me parece artificialmente disminuida.

Es muy difícil establecer estadísticamente los cambios en el sistema de impunidad en el país, puesto que cuando se habló en tiempos de Castresana de una impunidad de 97% por ciento se refería en forma concreta a los delitos contra la vida, según recuerdo. Pensar que de los crímenes que se cometen diariamente en el país un 30 por ciento llega a traducirse en una condena contra los responsables me parece exagerado. El año pasado casi llegamos a las cuatro mil quinientas muertes violentas y eso significaría que alrededor de mil trescientos cincuenta casos deberían estar resueltos. Cierto que nuestro sistema de justicia es muy lento y que seguramente de los crímenes cometidos en el año 2012 muy pocos, si alguno, está ya en fase de sentencia, pero la cifra de más de mil trescientos cincuenta es enorme para las capacidades de nuestros tribunales.
 
 Y eso es hablando únicamente de los delitos contra la vida, que son los que más nos agobian en el tema de la inseguridad ciudadana, pero en otros campos, como los delitos de corrupción, pienso que el 97 por ciento que se dijo en tiempos de Castresana se queda corto y en eso hemos avanzado poquísimo. Fuera de los cuatro o cinco alcaldes y exalcaldes que han tenido que enfrentar procesos, el resto de los pícaros y de sus socios contratistas están absolutamente tranquilos porque saben que ni la Contraloría ni el Ministerio Público mueven un dedo para ir tras los peces grandes.
 
 Para trabajar en contra de la impunidad tenemos que entender la dimensión del fenómeno y un informe extremadamente optimista para cerrar su capítulo de trabajo en Guatemala puede ser engañoso a la hora de asumir los desafíos pendientes. No es cierto que haya avances tan significativos y mucho menos cierto resultaría, entonces, que podemos sentirnos satisfechos con los logros. El sistema no ha cambiado tan radicalmente como para que haya motivos de satisfacción y, por el contrario, hay que poner las barbas en remojo porque el mayor efecto que tuvo la CICIG fue alertar a los grupos paralelos y poderes ocultos sobre sus riesgos y la necesidad de reinventarse para impedir que el brazo de la ley pueda alcanzarlos.
 
 En efecto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sirvió para demostrar que sí existen formas de llegar a los poderes que han creado el manto de la impunidad y los forzó a trabajar con más ahínco para asegurarse que pueden permanecer al margen de la ley sin temor a castigo alguno. Y ahora veremos cómo, al iniciar su trabajo las comisiones de Postulación, se habrán preparado de tal manera que aún y si sus propuestos reciben tachas, tras ellos vendrán los de repuesto preparados para funcionar para asegurar la cooptación del aparato de investigación y de administración de justicia en el país.
 
 No es demeritar el trabajo de Dall´Anese, sino simplemente de colocar las cosas en su justa dimensión. Creo que el Comisionado hizo un enorme esfuerzo y que tuvo logros importantes, pero la tarea que hay pendiente es enorme y no podemos adormecernos con una cifra tan alentadora como la que planteó en su informe.