Entre los sectores más influyentes de la sociedad ha generado malestar la forma en que se produjo la protesta campesina que interrumpió el tránsito no sólo en las carreteras próximas a los poblados de los departamentos, sino que trasladó a los accesos principales de la capital el bloqueo. Es preciso entender, sin embargo, que los grupos campesinos no tienen acceso a los medios de comunicación para mantener vigentes sus demandas, por lo que son permanentemente ignoradas y únicamente se repara en ellas cuando toman medidas de hecho y obligan a que se les atienda.
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Si existiera un mecanismo político adecuado para atender con regularidad y respeto a los grupos campesinos e indígenas, éstos no tendrían necesidad de recurrir a medidas de hecho, pero las mismas son consecuencia de la secular indiferencia que mostramos ante los problemas que padecen y que permanecen invisibilizados porque no forman parte de la agenda cotidiana ni de los grupos de presión, ni de los medios de prensa, ni -mucho menos- de los políticos y de quienes hacen gobierno.
Han pasado varios meses desde que se reunieron con el Presidente y establecieron una llamada Mesa de Diálogo en la que se alcanzaron algunos acuerdos. Pero ninguno se implementa porque es obvio que para la mentalidad capitalina y urbana, la problemática del campo y del mundo indígena no es trascendente ni causa de desvelos. Ni siquiera para un gobierno que se dice socialdemócrata y que debiera ponerle atención especial a esos temas, pero que está concentrado en el clientelismo electorero.
El asunto es que se trata de cuestiones de fondo, no de simples peticiones que se pueden resolver de un plumazo o que generan votos, como pudo ser el reclamo de los patrulleros civiles que, por cierto, también recurrieron a medidas de hecho para lograr que se les diera alguna compensación, porque en Guatemala tristemente quien no llorar no mama y la única manera de que se escuche el llanto es tomando medidas de hecho que alteren la vida normal y hagan que todos sintamos el efecto de la protesta.
Estamos ahora frente a planteamientos serios de temas que tienen décadas de permanecer sin atención, entre ellos la problemática agraria del país que es compleja y se agrava porque nadie tiene los atributos de entrarle a un asunto que siempre despierta resquemores. No es secreto que vivimos en un país donde prevalece la ley del más fuerte y eso se aplica indudablemente en el tema de la tenencia de la tierra, puesto que los débiles han sido históricamente despojados de sus derechos por quienes tienen el poder y el recurso para sobornar a los integrantes de un sistema judicial que se vende al mejor postor.
Para quienes no entienden en absoluto la relación que hay entre el indígena y la Tierra, las protestas son inexplicables cuando se aborda el tema minero y hay pendejos que hasta sostienen que son protestas contra el desarrollo, conclusión a la que llegan porque no ven más allá del derecho de su nariz y de la forma en que fueron indoctrinados en sus centros de estudio. Entender esa particularidad, que forma parte de una cosmovisión que no se puede entender si no se conoce, lleva a muchos ignorantes a pontificar torpemente con base en criterios que pasan por alto la raíz misma del conflicto.
Esta protesta viene de años y ha sido seria. Formó parte de las causas del conflicto que desangró al país y sigue, hoy como ayer, sin ser tomada en cuenta y al menospreciar la protesta terminamos jugando con fuego.