Recientemente el diputado Manuel Baldizón y representantes del departamento de Petén plantearon al seno del Congreso una iniciativa de ley relacionada a la creación del fondo de petróleo para distribuir las regalías provenientes de los contratos de explotación y extracción de crudo en el país. Aunque no conozco lo suficiente al diputado Baldizón, estimo que lo hizo de buena fe; sin embargo, no concuerdo con su planteamiento.
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Todo el subsuelo, según nuestra legislación, es un bien nacional propiedad del Estado; es decir, de todos los habitantes del país, no es parte de la superficie territorial de los departamentos o municipios; recordemos que los límites son producto de decisiones temporales, económicas, políticas y sociales que pueden cambiar.
En este momento de crisis económica, de elevación constante de los precios del crudo y de los derivados del petróleo, las regalías existentes y las regalías futuras deben ser un recurso que el gobierno utilice para paliar la constante elevación de precios que tanto afectan a toda la población, especialmente a la clase media y a los servicios públicos de transporte urbano y extraurbano.
Las regalías existentes y futuras deben de convertirse, primero que nada, en un subsidio al consumidor de gasolina, diésel, kerosina y gas propano, emulando de cierta forma el subsidio que existe en países productores en América Latina como Venezuela, México y Ecuador. Podría dárseles un beneficio como aspira el diputado Baldizón y compañeros a algunas municipalidades donde se ha instalado en su superficie el equipo de extracción de crudo, que insisto proviene del subsuelo.
Cualquier empresario o economista sabe que después de 20 años de haber obtenido el beneficio de extraer, comercializar estos productos, la inversión inicial y los gastos administrativos están más que recuperados y si bien quienes se encuentran en ese momento realizando dicha explotación ya están ahí, eso sólo significa una ventaja que les permitiría competir en mejores condiciones que quienes compitan por primera vez por la adjudicación de este beneficioso contrato de explotación.
Usar como argumento que eso incrementará la producción es técnicamente injustificable, la producción no se deriva de quien lo esté explotando, sino del yacimiento y de la inversión que se haga para extraer el crudo. Tampoco puede decirse que quienes actualmente tienen el beneficio de explotación son más eficientes que quienes pueden aspirar a tenerlo, porque las tecnologías y las decisiones administrativas de cada empresa son otro de los factores que los hace ser más o menos eficiente.
Los diputados al Congreso de la República, como representantes del pueblo que les eligió, no deben equivocarse. Es improcedente mezclar la renovación de los contratos de explotación en una ley, eso no es materia legislativa. No puede económica y políticamente hacerse esa prorroga con la excusa de la creación de un fondo que beneficie a parte de las municipalidades, hacerlo desprestigiaría tanto a los ponentes como al Congreso.
El Ministro de Energía, como experimentado empresario, sabe que el futuro del crudo es de un constante aumento, tiene que saber que las condiciones de explotación y contractuales han cambiado, por eso deben de hacerse nuevos contratos que beneficien más a Guatemala, prorrogar los actuales sería sumamente negativo para el país y se convertiría, no sólo en un error sino en un motivo de críticas y sospechas en contra del actual gobierno. Equivocarse políticamente hundiría a la UNE como partido gobernante.