Si queremos reconciliación tendremos que conocer y condenar los actos injustos del pasado y a sus perpetradores, y dar voz a las víctimas; callar sólo atenta contra la sociedad y la legitimidad del Estado de Derecho, destaca un campo pagado publicado este lunes y firmado por más de 50 ciudadanos y ciudadanas.

El documento aclara que el conflicto armado no fue un genocidio en su totalidad, pero sí hubo entre 1980 y 1983 actos de genocidios contra pueblos indígenas, aspecto que no está en discusión, ya que fue constatado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico; a pesar del nivel de crueldad y saña, tales hechos no fueron excesos individuales, sino medidas institucionales racionalmente planificadas y ejecutadas.

La Ley de Reconciliación Nacional no concedió amnistía por genocidio, por lo que pueden llevarse a cabo juicios sobre los hechos, indica el comunicado, que entre otros está signado por Helen Mack, Karin Slowing, Ana Lucrecia Molina Theissen y Raúl Figueroa Sarti.

La información señala que el proceso de paz entre guerrilla y Estado no sólo buscaba terminar el enfrentamiento y reconciliar militares con guerrilleros; buscaba también reconciliar a los guatemaltecos y sanar el dolor de la violencia contra la población civil; la amnistía sirvió para cerrar el enfrentamiento, pero no debe confundirse con reconciliación ni justicia.

Para que el enfrentamiento no volviera se propusieron cambios sociales y económicos, y rescatar la memoria histórica; sin embargo, la desigualdad, el racismo, la exclusión, la pobreza y la conflictividad persisten; la reconciliación se quiso conseguir sin justicia y en silencio, indica el documento.

Asimismo, subraya que no se trata de juzgar al Ejército ni sólo juzgar soldados, ni siquiera juzgar sólo militares; se trata de afirmar una justicia igual para todos, que deduce responsabilidades dentro del debido proceso.

Finalmente, los firmantes del comunicado “La verdadera paz nace de la justicia”, concluyen que este juicio pone a prueba la impunidad de los operadores de justicia y presenta una oportunidad excepcional para fortalecer el Sistema de Justicia; aquí se demuestra la capacidad del país de construir un futuro con democracia y paz.

El juicio contra el general Efraín Ríos Montt y su jefe de inteligencia, general José Mauricio Rodríguez Sánchez, por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, cometidos entre marzo de 1982 y agosto de 1983, ha provocado reacciones de todos los sectores del país, entre ellos los que indican que no hubo genocidio, los que dicen que sí y exigen justicia, hasta grupos de militares con panfletos extremistas, en los que advierten que retomarán las armas.