El doctor Miguel Ángel Reyes habló con La Hora sobre las reformas que impulsa el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, que a su criterio son inconvenientes “porque no se atacan los problemas fundamentales del país”.

Reyes, quien es doctor en Sociología Política por la Universidad de Bielefeld en Alemania y fue asesor y firmante de los Acuerdos de Paz, indicó que de llevarse a cabo las reformas éstas tienen que ser sometidas a la mayor discusión posible y con los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca, algo que no se ha realizado al momento.

¿Considera que son necesarias las reformas constitucionales y es el momento propicio para llevarlas a cabo como lo propone el presidente Otto Pérez Molina?
No son necesarias y el momento posiblemente no es el adecuado, porque no son reformas sustanciales que vayan al fondo de los problemas del país, que son el punto de partida para pensar en reformas a la Constitución. Para pensar en reformas a la Constitución tienen que considerarse los problemas centrales, porque la Constitución es la ley fundamental, la que trata de organizar la institucionalidad del Estado y los derechos de los ciudadanos en función de lo que quiere el pueblo para sí mismo en su mejoramiento, o sea, la solución de sus problemas centrales. Y precisamente la gran deficiencia de las propuestas de la Presidencia es que tratan de encontrar fórmulas de solución a problemas de carácter secundario. Ese es el punto principal del porqué no son necesarias. Sobre el momento adecuado, no existe en la experiencia ni en la literatura sobre la materia lo que podríamos llamar momentos adecuados para reformas constitucionales, porque éstas, cuando son reformas de fondo, sustantivas, que son las que el país necesita, normalmente surgen en situaciones en las cuales existe lo que podríamos llamar una “voluntad política nacional”, que provenga de todos los ciudadanos y sectores. Cuando son reformas menores, como en este caso, se necesitan también condiciones favorables para que así lo sea y en este momento el país está más bien en una situación de mucha tensión que se puede ir agravando si no se van encontrando las políticas adecuadas para resolver los problemas centrales. Cuando no existen esas condiciones hay que crearlas y yo creo que lo que está haciendo nuestro Gobierno es no creando esas condiciones.

 ¿Por qué considera que existe una oposición a las reformas por parte de varios grupos, incluyendo al sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil, y también al sector indígena?
Hay una coincidencia que responde a criterios y propósitos diferentes de los sectores que se oponen a las reformas. Yo voy a agregar otro sector importante que se opone también a las mismas, que es la mayoría del sector intelectual y académico, al cual, también de alguna manera puedo tratar de interpretar. Y no sé hasta qué punto en la actualidad los grupos empresariales y sus diferentes manifestaciones organizativas se opongan al nuevo planteamiento de las reformas, porque se oponían al principio pero en las segundas discusiones que hubo con el Presidente y sus asesores, introdujeron las modificaciones que ellos querían.
Entonces tendrán ahora menos razones. Ellos no querían que se constitucionalizara un monto sobre las actividades extractivas, públicamente se había hablado de un 40 por ciento, y se lo quitaron. Era una de las oposiciones centrales. Entonces tienen menos razón para oponerse. La otra razón que ha dado la iniciativa privada es que se puede resolver con leyes secundarias, con leyes ordinarias. Ahí hay coincidencia entre el planteamiento que hacemos con el Instituto de Desarrollo Económico y Social de América Central (IDESAC)  y el Consejo de Instituciones de desarrollo (COINDE) y otros sectores sobre las reformas. O sea, problemas menores se pueden atender con leyes menores. Aunque podemos hacer matices que diferencian las coincidencias.
Y el tercer punto donde creo que sí hay todavía oposición y que es el más grave y que es lo que está causando gran parte de los problemas actuales es el de reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos propios. Este punto es al que ellos se oponen centralmente porque creen que la exposición que hace la propuesta presidencial va a permitir todo un conjunto de resultados dañinos para la nación guatemalteca. Y por supuesto este punto difiere con los puntos de vista de los pueblos indígenas y de sus organizaciones y de muchos intelectuales y del planteamiento nuestro. Vemos la propuesta del Presidente en este particular, como una propuesta trivial que únicamente va orientada para decirles a los pueblos indígenas “miren, sí les estamos atendiendo”, pero no tiene ninguna consistencia. Esa es la razón fundamental por la cual todavía creo que habrá una oposición del sector privado. Los criterios y los puntos de vista de muchos integrantes del sector académico e intelectual del país, como de las organizaciones sociales y particularmente de los pueblos indígenas y los señores de Totonicapán, es por otras razones por las que dicen “no”. La coincidencia es puramente fortuita.

De los cuatro macrotemas, el fortalecimiento de la justicia y seguridad, el fortalecimiento del sistema de transparencia y rendición de cuentas, el fortalecimiento del sistema político y el fortalecimiento fiscal del Estado, ¿Cuáles podrían resolverse sin pasar por una reforma constitucional?
Voy a poner uno o dos ejemplos que sean fácilmente asimilables. En uno de los spots del Presidente, donde él habla, se refiere a la corrupción, y así está también en la exposición de sus planteamientos, que lo que se trata de evitar es la corrupción en general. Y para eso, que se reforme la Contraloría General de Cuentas y una serie de propuestas que hace.
Y ese punto de vista es absolutamente contradictorio con la oposición que su partido, el Partido Patriota, hace a la Ley contra la Corrupción que está en el Congreso. Si esta ley se aprobara sin las enmiendas que le han tratado de hacer y que seguramente le harán, el Presidente resolvería este problema, sin necesidad de modificar la Constitución.
Veamos otro ejemplo, en materia de seguridad que ese es el asunto quizá más grave. En el tema de seguridad la actual propuesta del Presidente tiende a dejar concentrado en el propio Presidente y en su gabinete la decisión para hacer intervenir al Ejército en cuestiones diferentes a las funciones centrales de lo que deben ser las fuerzas armadas y que no deben tenerlas.
Por ejemplo, si ahora a raíz de los conflictos en Totonicapán que se están modificando los protocolos y que se va a modificar precisamente una ley secundaria para evitar eso. Pero la modificación que quisieran hacerle a esa ley o a cualquiera si se aprueba lo que está proponiendo el Presidente en la Constitución, eso queda modificado.
Y entonces se constitucionalizaría las facultades propias del Ejército para intervenir en cuestiones de seguridad pública las veces que quisiera solo bajo la decisión del presidente y del Consejo de ministros mediante acuerdo gubernativo.
Aquí, astutamente él y sus asesores, tomaron uno de los Acuerdos de Paz y le quitaron toda la otra parte, relacionada con los puntos que se acordaron en esos Acuerdos  (Acuerdo Sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral, Funciones del Presidente de la República, artículo 24, párrafo 2) y que son leyes de la República, porque los Acuerdos son reconocidos como acuerdos de Estado y que están propuestos para reformar la Constitución.
En esa propuesta que hacen los Acuerdos de Paz se establece que esa decisión debería ser consultada e informada al Congreso de la República, antes, durante y después de tomada la decisión. Esa parte la elimina la propuesta actual del Presidente.
Es decir les estaría dejando las manos completamente limpias para que el Presidente hiciera intervenir al Ejército en cualquier momento que lo considerara adecuado. ¿Cuál es el argumento acá? Que con estas propuestas de reformas presidenciales en primer lugar no se atacan los problemas fundamentales del país sino problemas secundarios y que esconden sus verdaderas intenciones, como en este caso, al darle más facultades al Ejército para intervenir en la seguridad pública cuando su función fundamental es frente a conflictos armados externos, para defender al país de enemigos externos, no contra su población.
Las propuestas de la Presidencia no solo explícitamente no van a resolver problemas centrales del país, sino que los agravarían. Esas propuestas no deben pasar, es uno de los puntos centrales de nuestro planteamiento.

¿Sería necesario que antes de realizar alguna reforma constitucional ajena al sistema político electoral, se realice una reforma sustancial a la Ley Electoral y de Partidos Políticos?
Todos son temas muy complejos y su respuesta no es sencilla. Ése es el valor de nuestro documento (de IDESAC-COINDE), de que los planteamientos los hace de una forma abierta, no está diciendo “esta es la solución”.
Hay una propuesta actual, de nuevo en el Congreso, de partidos políticos, y si esta se aprobara, que no es el 100 por ciento de lo que se querría que fuese, pero ya es una ley ordinaria que no provocaría los gastos que está haciendo el proceso de reforma constitucional. Después se podría ir a un proceso de reforma constitucional, pero ya con un sistema de partidos diferentes, porque los partidos políticos eventualmente tendrían que ser los encargados o teóricamente son los encargados de articular y movilizar los intereses generales en función de un proyecto político. Pero estos partidos ya no son solo electorales y electoreros sino que son para hacer dinero. Y el control de los partidos políticos lo tienen sus financistas, es decir, no son instituciones democráticas, no son partidos políticos, son agencias de hacer dinero, para la acción política. Con estos partidos y con esta forma, también ninguna reforma constitucional puede servir a la población.
Pero como decíamos, el problema es mucho más complejo y por eso la solución que encontramos es de procedimiento, no de contenido… el procedimiento es que se abra una amplia discusión y particularmente con las poblaciones, las comunidades, los sectores a los que no se escucha. Ahí estaríamos creando las condiciones para una reforma constitucional legítima.
El Presidente escuchó a algunos de estos pero no los tomó en cuenta como él mismo lo dice, nosotros lo señalamos. Y  ahora en el Congreso es precisamente lo que se está haciendo y por eso los exconstituyentes piden que no sea así, porque están cerrando la discusión solo a funcionarios públicos, a solo personajes y personalidades que están cerca del gobierno. El Congreso que es el representante legalmente, teóricamente, del pueblo de Guatemala, y que debería estar más cerca de él es quien ha cerrado la discusión con el pueblo.
Y el pueblo es el verdadero soberano y el verdadero poder constituyente. No hay otro. No es el Congreso, ni es la Asamblea, es el pueblo.

Ustedes sugieren la discusión de otras reformas constitucionales relativas al patrimonio público, en el que el Estado coordine con las poblaciones indígenas mediante procesos de consultas la administración de bienes naturales en sus territorios. Explíquenos esta propuesta.
Aquí debemos de partir desde puntos de vista filosóficos y teóricos. Los bienes de la naturaleza no fueron dados en particular para nadie y es cuestión de la organización social legal y estatal organizar su administración.
La Constitución actual nos habla de los bienes del Estado, pero el Estado no es la sociedad ni son los pueblos. Y los bienes son de la sociedad y de los pueblos, entonces el Estado tiene que encontrar la forma de armonizar con ellos. Por ciertas corrientes constitucionalistas que vienen de Occidente se fue legislando que el Estado fuese el que decidiera.  Pero afortunadamente en las últimas décadas los pueblos originarios y las culturas históricas, tanto en el Asia como en el África y América, en este caso nuestros pueblos indígenas, han tomado conciencia de esta realidad dual. Y a partir de sus propios conceptos, filosofías y cosmovisiones entienden que no es así, entonces aquí lo que debe ser es cambiar la Constitución. Y ahí sí es un problema central y se pueden hacer reformas constitucionales en esa dirección, y no serían las primeras, porque sobre esto ya hay procesos avanzados en América del Sur, en el Ecuador y en Bolivia ya hay propuestas constitucionales y normas constitucionales que van en la dirección diferente a esta otra que centralizaba en el Estado determinadas facultades.
Es devolverle a los pueblos y a las poblaciones los derechos originarios que les corresponden y encontrar la forma de coordinar con el Estado su administración. Y para este caso que es un problema central, ahí sí reforma constitucional.  No como lo que en este momento las propuestas presidenciales hacen, que buscan en forma escondida debilitar más al Estado para que cumpla con sus obligaciones fundamentales.
Todo el conjunto de reformas orientadas al control de los funcionarios públicos y de los empleados públicos, no van orientados a la eficacia como ellos dicen porque eso se puede hacer con la ley de Servicio Civil, que es una ley secundaria y que se debe mejorar.
No es necesaria la reforma constitucional pero sí es necesaria para ciertos intereses, de que el Estado esté más débil, que no intervenga, es el modelo económico que favorece las grandes empresas, eso está escondido ahí.
Tampoco se dice nada respecto al régimen económico y social del país qué se puede mejorar y qué es lo que nosotros proponemos porque hay contradicciones en la Constitución y sobre todo la interpretación que hacen los grupos económicos más poderosos y las transnacionales que son las que están fundamentalmente tras los bienes naturales. Por supuesto que quieren una Constitución más diferente y con los funcionarios públicos más atados, más supervisados. Hay que leer eso entre líneas y es lo que nosotros hemos hecho.

Los temas de la reducción del número de diputados y el reconocimiento de la nación guatemalteca como “pluricultural, multiétnica y multilingüe” son vistos como un gancho para la aceptación de las reformas, ¿constituyen en sí cambios de fondo?
No son cambios de fondo, son cuestiones de carácter secundario. Por ejemplo, de poner un número fijo de diputados si seguramente se necesitaría la reforma del artículo 157 como efectivamente están proponiendo ellos. Pero para reformar y dejar un número fijo de diputados con esos partidos y con esos diputados, esa reforma no es sustancial. Entonces ese es el chantaje en el planteamiento presidencial. Esconder los verdaderos propósitos y si se deshila el planteamiento se encuentra que no van a solucionar los problemas centrales sino que incluso los pueden agravar.
Tomemos el caso de los fideicomisos que no deberían existir, porque es un truco que inventaron para sacar dinero del Estado  y ponerlo en los bancos para que los bancos hagan funciones que le corresponden al Estado y que los bancos no puedan ser supervisados. La Contraloría General de Cuentas (CGC) no los puede supervisar por el secreto bancario, por una serie de disposiciones legales que hay.
Lo que está haciendo aquí el Presidente es constitucionalizar los fideicomisos, ya no se podrían quitar; ahorita se podrían quitar con leyes secundarias.
Es largo explicar artículo por artículo y su relación con otro. Se puede hacer, para eso, los foros. Queremos hacer este planteamiento en el Congreso; ahora la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales no nos lo permite porque cerró, pero ahora los exconstituyentes dicen “abran la discusión y ante los sectores que quieran”, pues nosotros queremos y hacerles ver la responsabilidad que van a asumir si aprueban reformas que pueden causar más problemas en el país.

¿Las reformas a la Constitución deberían realizarse por medio de una Asamblea Nacional Constituyente?
En el documento abrimos las dos posibilidades, pero que sea la población la que lo decida. Recuerde que cuando el Presidente hizo el primer anuncio de reformas, el partido Lider fue el primero que dijo “Bueno, hagámoslo por una Asamblea Nacional Constituyente”. El Presidente se hizo atrás, temió una Asamblea; temió que con una movilización nacional ganase un punto de vista diferente a los de los ellos. Cerró el diálogo, al igual que lo hizo la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Y la esencia de la democracia es precisamente la discusión amplia de la problemática de los países. Entonces, este país no es un país democrático. Es un país de una democracia de bajísima intensidad, que trata de establecer unos procesos democráticos pero esta forma de procedimiento utilizado y las propuestas van orientadas a restringir los derechos democráticos. Y por eso nosotros estamos pidiendo de que se abra, y que esto ya está en la Constitución actual y en los Acuerdos de Paz, lo que llamamos una democracia participativa. Y una de las formas es por medio de las consultas no a grupos cerrados sino a grupos amplios.
La Constitución con todas las deficiencias que tiene, si se aplicara realmente no habría necesidad de muchas cosas y no habría los problemas que hay. La Carta Magna tiene unos 40 mandatos que se le llaman leyes constitucionales.
El artículo 70 de esa ley se refiere precisamente a pueblos indígenas. Y dice “una ley desarrollará esta materia”, pero 25 años después de que fue hecha la Constitución no la sacan y hay propuestas que han elaborado los pueblos indígenas y que están ahí engavetadas.
Otro tema actual es la cuestión de la seguridad, las drogas y el orden público. Se mandata una nueva Ley de Orden Público en la Constitución. Nos están aplicando una ley o que es en gran medida  ilegal porque fue hecha en el año 1965. Lo que se hizo, con influencia de los militares, fue trasladar lo que se decía en esa Ley a la Constitución actual. Eso habría que modificarlo y quitarle las responsabilidades que las fuerzas armadas se han atribuido históricamente para controlar a su propia población. Esa es una reforma de fondo.
No se han desarrollado esas leyes constitucionales que son como 40, que la propia Constitución manda. Si esas se desarrollaran y se cumplieran, no habría necesidad de reformas. Ahora, si vamos a reformarla, reformémosla en lo sustancial pero consultemos.
Y volvamos a los pueblos indígenas, que es el punto central, porque el 169 de la OIT dice que toda medida legislativa, administrativa y de distinto orden que afecte a los intereses de los pueblos indígenas tiene que ser consultada. Estas reformas no se les han consultado. Los pueblos indígenas deben rechazarla.

¿Qué temas podrían afectarles a los pueblos indígenas?
Lo del Ejército. La propuesta del Presidente dice: “Cuando los medios ordinarios para mantener el orden público, la paz y la seguridad interna resultaran insuficientes, podrá excepcionalmente, disponer del Ejército para ese fin emitiendo para el efecto el acuerdo gubernativo respectivo. La actuación del Ejército se desarrollará bajo la autoridad civil, se limitará al tiempo y a las modalidades estrictamente necesarias tan pronto se hubiere obtenido su cometido”.
Las reformas le quitan los que los Acuerdos de Paz habían puesto explícitamente y que es a lo que se comprometió el presidente Pérez, quien es signatario de los Acuerdos. Él no está honrando los acuerdos al hacer esta propuesta, porque le quita la mitad del otro compromiso que se estableció en esos acuerdos.
Introducir todas las actividades extractivas. A menos que haya una oposición muy grande y le tienen miedo a esa oposición, si se planteara eso, la pierden.
Las comunidades indígenas en las consultas comunitarias han movilizado a 500 mil gentes. Y en las consultas por las reformas que ha habido en el 93 y en el 99 han votado menos. Esta vez votarían más y hay investigaciones estadísticas que demuestran que si se pone a votación nacional este punto pierden los que están a favor de las actividades extractivas. A eso le tienen miedo. Pero eso va a seguir y la gente va a seguir protestando. Van a seguir metiendo al Ejército y esto los está facultando más.

¿Cómo se debería involucrar a los distintos sectores sociales y a la población guatemalteca en la discusión de la propuesta de reformas constitucionales?
En nuestro documento señalamos que si la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso no emite dictamen desfavorable a la propuesta, pedimos al Pleno del Congreso un punto resolutivo que abra la discusión a toda la población. Ya con eso bastaría para tener un apoyo legal del Congreso para que las poblaciones puedan reunirse a discutir estas temáticas.
En materia de legislación, ya los Consejos de Desarrollo como el Código Municipal, como el Convenio 169 de la OIT tienen disposiciones legales que son las que han facultado y permitido las consultas comunitarias que se han hecho. Y lo han hecho con sus recursos, el Estado no ha apoyado nada.
En el IDESAC y el COINDE ya comenzamos con esta actividad. Lo hacemos con prensa local y grupos locales, hablando sobre las reformas y sobre qué propondrían ellos. Es cuestión de darle orden a toda esa movilización y salida institucional para que no tenga una salida violenta. Procurar hacer representativa esta incipiente democracia representativa, para darle una salida institucional al país, para que tenga salida para sus problemas centrales. Si no es así, sí nos avecinamos a situaciones más delicadas.

Si se realiza el involucramiento de la sociedad civil para que conozca las reformas, ¿a qué aspectos considera que hay que prestarles más atención?
Nosotros hablamos de cuatro problemas fundamentales que no surgieron de nuestra imaginación. Hay dos indicadores grandes, normalmente en los períodos electorales abundan las encuestas de opinión y en estas encuestas no solo se quiere medir el comportamiento electoral e intención de voto sino también una apreciación del país y del Gobierno que terminó y de la futura administración. Y en esas encuestas siempre se preguntan cuáles son los problemas fundamentales del país y la población sistemáticamente, desde el gobierno de Cerezo hasta la actualidad ha contestado que los problemas fundamentales eran la economía, o sea la falta de trabajo, el costo de la vida.
Años después apareció un nuevo problema, que ahora ocupa el primer lugar, es la inseguridad. Esos son los dos problemas centrales que la población repite a través de las encuestas cada cuatro años. En nuestro documento (del IDESAC y COINDE) está considerada la cuestión económica y la cuestión de la seguridad como dos de los problemas centrales.
Luego, los Acuerdos de Paz que finalmente se firmaron. Nos costó 15 años la firma de los Acuerdos y modestia aparte que quien pensó los Acuerdos de Paz fue su servidor, yo los inicié. Los problemas que ahí consideramos centrales, ahí hablamos de cuatro problemas. 
El problema central es el del problema de la nación y los pueblos. Y este problema no se ha resuelto en 500 años y no se va a resolver si no se trabaja responsable, sincera y profesionalmente sobre el punto. Y ahí hay muchas propuestas que no se han cumplido. Acá replanteamos varias de ellas.

¿Su propuesta se presentará al Congreso?
Si el Congreso tiene el valor y profesionalismo para rechazar la propuesta presidencial y el coraje para abrir la discusión pública, podemos hacer planteamientos. Hay cierta institucionalidad para hacerlo. Si ellos oficialmente no participan y no se involucran como voluntad de Estado para encontrar la salida institucional, las poblaciones lo irán  haciendo. Y nosotros contribuiríamos a este proceso.
Es lamentable que el nuevo presidente del Congreso sea una persona que yo no creo que sea sensible a todos estos puntos de vista. Es un mal mensaje a las poblaciones. En lugar de estar viendo los problemas y lo que está causando, lo que hacen es presentar una ley de minería que desconoce las consultas, cuando ha habido otras propuestas de ley de minería que han quedado engavetadas. Estos mensajes son negativos para la población.

*Miguel Ángel Reyes es doctor en Administración para el Desarrollo por la Universidad de Birgmingham, Inglaterra, y doctor en Sociología Política por la Universidad de Bielefield, Alemania. Fue asesor, miembro del equipo negociador y firmante de los Acuerdos de Paz de 1985 a 1996. Fue subsecretario y secretario en funciones de la Secretaría de la Paz y ha escrito varios libros, entre estos “La Guatemala imposible”, “Bases para una Estrategia Nacional de Seguridad 2005-2025 y Patrimonialismo y Participación” y “Del Control del Estado a la lucha de los pueblos”. Actualmente es miembro del IDESAC y COINDE.