En 1999 la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) pronunció en el Teatro Nacional su contundente juicio histórico: “…La CEH concluye que agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas en los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya que residía en las cuatro regiones analizadas [Maya-Q’anjob’al y Maya-Chuj, Huehuetenango; Maya-Ixil, Quiché; Maya-K’iche’, Quiché; y Maya-Achí, Baja Verapaz]…

La CEH tiene información de que hechos análogos ocurrieron y se reiteraron en otras regiones habitadas  por el pueblo maya… En relación con los crímenes genocidas la CEH concluye que el Estado de Guatemala incumplió su  obligación de investigar y castigar los actos de genocidio cometidos en su territorio”. El 10 de mayo de 2013 –luego de superar los obstáculos impuestos por fiscales y jueces corruptos, infiltrados militares y la Corte de (In) Constitucionalidad (CC), que se han dedicado a cubrir con el manto de la impunidad a los oficiales, funcionarios y personas particulares responsables– el dictamen de la CEH, que tenía vedado dar a conocer nombres y cuyos hallazgos no podían hacer parte en juicios, fue ratificado por la sentencia condenatoria a Ríos Montt, ex Jefe de Estado, a una pena de 80 años de prisión por el delito de genocidio perpetrado contra el pueblo Ixil por las fuerzas armadas y de seguridad bajo su mando.
La farsa que los “poderosos” han montado después de esta histórica sentencia –la deleznable actuación de la CC, el intento de Ríos Montt de acogerse a una amnistía que no es aplicable a crímenes de lesa humanidad, la salida temprana y definitiva de Claudia Paz y Paz de su función de Fiscal General y los ataques contra la jueza Yassmin Barrios–  que ha culminado con la decisión del Congreso de negar el genocidio, retrasará la marcha de la historia pero no la descarrilará. Este acto inconstitucional, al inmiscuirse en lo que corresponde al Poder Judicial, hará que el juicio se haga también en tribunal internacional. Los diputados serán motivo de burla, nacional e internacionalmente, como le ha ocurrido al exgobernante iraní que negó que existiera el Holocausto. Peor aún, los diputados se han puesto en una situación delicada de cara a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por el Estado de Guatemala en 1949, que dice claramente que son punibles los actos siguientes: a) genocidio; b) conspiración para cometer genocidio; c) incitación directa y pública a cometer genocidio; d) intentos de cometer genocidio; y e) complicidad para el genocidio. Los diputados que votaron a favor de “tapar el sol con el dedo” quedaron expuestos a investigación y juicio, desde los que pudieron haber participado en cometerlo hasta quienes puedan ser acusados de complicidad por ocultarlo.  Esta responsabilidad, expuesta con su voto, puede llevar a Estados Unidos a cancelar las visas y a la Unión Europea a capturar en sus países a los presuntos perpetradores del genocidio o cómplices. En el exterior nos preocuparemos de que la Convención se aplique cabalmente.