La Ley de Extinción de Dominio para expropiar los bienes mal habidos parece condenada al fracaso en el Congreso de la República porque no hay voluntad política de impulsar una norma que sea efectiva en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La razón es simple, pura y llana: además de que algunos diputados puedan tener vínculos con el crimen organizado, todos los encargados de aprobar la norma tienen miedo de que algún día se la puedan aplicar a ellos si no pueden probar la legítima procedencia de bienes o fortunas amasadas durante sus años de ejercicio legislativo y, con tal de no correr riesgo, engavetarán la ley.
Esa es, al final, la triste historia de la Ley de Extinción de Dominio que, para desgracia del país y de su posibilidad de enfrentar eficazmente al narcotráfico y a las bandas criminales, no dispondrá de instrumentos legales efectivos que permitan, cuando menos, despojar de su propiedad a los que logran tener fortunas inmensas como producto de actos ilícitos. Y esa generalización sobre el concepto ilícito de la adquisición de bienes es el que más preocupa a distintos sectores que se unieron a los diputados y, por supuesto, a los miembros del crimen organizado, para encontrarles patas a las culebras en el análisis de la ley.
De hecho ha sido pírrico el apoyo brindado a la iniciativa porque aún aquellos que han convocado a conferencias de prensa para decir que están a favor, siempre le ponen un pero y piden cambios para ajustar la normativa a sus intereses y para que no se les pueda aplicar a ellos. Y es que en términos de propiedad mal habida son muchos los factores que pesan porque vivimos en un país en el que, con tal hasta de evadir impuestos, se simulan negocios y se hacen transacciones no declaradas en valores reales, lo cual imposibilita luego comprobar la legítima procedencia de los bienes y capitales.
Hubo en el proceso de discusión de esta normativa una doble moral muy propia de los sectores de la sociedad chapina. Se decía que estaban a favor de la ley, pero por debajo la torpedeaban minando su posibilidad de ser aprobada. Y lo peor de todo es que cuando finalmente quede olvidada, todos dirán que estuvieron a favor y culparán a otros del fracaso, sin reconocer que en el mismo tuvieron que ver sectores «honorables» de la sociedad que se encargaron de cuestionar la legitimidad de una iniciativa que pretende despojar de la posesión de bienes a los sinvergí¼enzas que andan siempre viendo cómo le juegan la vuelta a la ley para hacer más pisto.