Viendo el listado de las empresas que sacarían la mayor tajada cuando se les pague la mal llamada deuda flotante que es básicamente una deuda ilegal e inmoral, no se puede suponer que hayan pecado de ingenuos cuando emprendieron obras tras firmar contratos en los que no había asignación presupuestaria. Se trata de consorcios enormes que gozan de asesorías jurídicas importantes y por lo tanto sabían lo que estaban haciendo y asumieron el riesgo.

Podemos hacer un símil también de construcción. Los miembros de la Cámara de la Construcción saben que si construyen en terreno ajeno se exponen a perder su inversión. No puede alegarse ignorancia o buena fe porque el derecho de propiedad le asegura al dueño del terreno el beneficio de cualquier obra que alguien haga en su solar.
 
 La ley en Guatemala establece que no se pueden realizar contrataciones de obra sin que exista una asignación presupuestaria para cubrir el monto de los trabajos, los materiales y del lucro de los contratistas. Entonces, si alguien realiza una obra para la que no había esa asignación, sabe que corre el riesgo de que no se le pueda pagar legalmente.
 
 Cuando vemos la lista que publicamos hoy en La Hora, donde se refleja acumulada la deuda flotante que corresponde a cada uno de los acreedores, vemos que son poderosos intereses los que están en juego porque estamos hablando de los meros meros de la construcción en el país. Empresas multinacionales y nacionales que facturan cientos de millones anualmente, además de lo que reclaman como deuda flotante; desde luego que hay empresitas de cartón que están cobrando y que sacan raja en el relajo, pero el grueso del monto adeudado, un 77% de los más de tres mil millones de quetzales, se reparte en apenas 93 empresas, aunque son diez las que se llevan la mayor tajada.
 
 Es curioso el cinismo que hay alrededor de este tema porque todo mundo reconoce y admite que la deuda flotante es ilegal. Todo mundo admite que se trata de negocios oscuros realizados por administraciones anteriores, pero se insiste en que el Estado tiene que “honrar” sus deudas, aunque éstas no sean realmente deudas honradas, deudas contraídas con apego a las normas legales vigentes en el país.
 
 Nadie ha podido defender la legalidad o la honestidad de la deuda flotante, y a pesar de tan claras y contundentes evidencias, resulta que se nos quiere obligar a que las próximas generaciones vean comprometido su futuro por la emisión de una deuda que nos colocará en posición vulnerable desde el punto de vista de la economía nacional. ¡Vaya descaro!

Minutero:

Exigen con talante 
que les paguen millones 
por esa deuda flotante 
sin castigo a los ladrones