Ayer publicamos un reportaje sobre la iniciativa de una nueva ley de minería que presentó el Ministro de Energía y Minas y que tiene barrabasadas tan graves como la eliminación de la consulta popular ordenada por los convenios con la OIT y la inclusión de un miembro de la gremial de minas de la Cámara de Industria en el Consejo Minero que tendrá facultades para decidir sobre las solicitudes que presenten particulares para realizar operaciones extractivas en el país.

La nota dice que grupos ambientalistas denunciaron que en agosto pasado vinieron al país congresistas de Canadá a realizar una visita a la mina Marlin y que se supone que venían con la intención de hacer cabildeo con autoridades guatemaltecas para que se aprobara una ley más acorde con las necesidades de Gold Corp. La verdad es que no fueron grupos ambientalistas locales los que dieron la información, sino socios minoritarios de la compañía canadiense que estuvieron en reuniones donde se acordó que había que “sensibilizar” a las autoridades guatemaltecas para que legislaran de manera que los intereses de la minera quedaran más protegidos y que se facilitaran otras inversiones en el futuro.

La Hora publicó la denuncia que recibimos antes de que vinieran los canadienses y la empresa mina Marlin negó la versión, pero a los pocos días vinieron los diputados, tal y como se había anunciado en la denuncia, y resulta que pocas semanas después nuestro Ministerio de Energía y Minas produce una iniciativa de ley que justamente recoge las inquietudes de la empresa. Se pactan las regalías que la misma mina Marlin “voluntariamente” empezó a pagar, se elimina cualquier mención a la posibilidad de consultarle a las poblaciones sobre la conveniencia o no de que se ejecuten los proyectos y se incluye a un representante de la gremial de empresarios de minería (controlada por la mina Marlin precisamente) para que sean parte del consejo que deberá calificar cada una de las solicitudes que se hagan para explorar o explotar nuestro territorio.

No cabe la menor duda de cuál fue el procedimiento porque esa historia ya la conocemos. Lo mismo pasó en tiempos de Castillo Armas cuando se pasó la primera ley petrolera del país, que vino hasta redactada en inglés y tuvo una muy mala traducción, no digamos ahora cuando el poder de la industria de extracción de minerales y metales preciosos se ha convertido en uno de los grandes poderes en el país por la cantidad de dinero que representan sus utilidades.

Personalmente no tengo una posición cerrada en contra de la minería porque entiendo que los minerales son necesarios, aún los preciosos, y que por su valor es conveniente explotarlos si eso le significa al país alguna ventaja. Pero estoy totalmente en contra de que nos vengan a ver la cara de pendejos y que simplemente hagan micos y pericos con el tema ambiental, destruyendo nuestro ya precario equilibrio, y además paguen una miseria que es lo que al final de cuentas le queda al país a cambio de entregar riqueza que no es renovable.

En otras palabras, el meollo de la cuestión está en lo conveniente o inconveniente que pueda ser para el país el resultado de la explotación minera, puesto que si la misma no rinde suficientes regalías y además hace daño al medio ambiente, por supuesto que estamos frente a un balance muy negativo. Pero lo peor es cuando asumimos posturas abyectas, como aquellas de que quien mucho se agacha las nalgas enseña, como hizo el Ministro de Energía y Minas con esa iniciativa suya que les entrega hasta la facultad de decidir sobre futuros proyectos.