“La ignorancia es la noche de la mente; pero una noche sin luna y sin estrellas” Confucio

La mayoría de las relaciones que sostenemos se encuentran previamente normadas, más aún cuando de función pública, jurisdiccional y de opinión hablamos.

Viene a colación lo anterior, por la diferencia abismal que existe entre la resolución emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en el Tribunal de Amparo, y quienes argumentando la defensa del Derecho de Propiedad (¿de quién?) se han dado a la tarea de atacar a los magistrados de la Sala en mención; y el caso de José Rubén Zamora y la resolución de la licenciada Chinchilla, en respuesta a una petición de la señora Vicepresidenta.

Veamos: la Sala Tercera, en base a documentación legítima y legal, otorgó amparo a la Comunidad Indígena Vecinos de la Aldea de Chuarrancho del Municipio de Chuarrancho, del Departamento de Guatemala, al estudiar los antecedentes del caso, y el caso en sí, los Magistrados actuaron no solamente conforme a Derecho, actuaron como necesitamos que actúen todos los encargados de administrar justicia: Respetando la Constitución y las leyes ¿Qué si la resolución no le parece al gran capital? Pues que principien por respetar la Carta Magna, específicamente el artículo 67 que establece: “Las tierras de las cooperativas, comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o colectiva de propiedad agraria, así como el patrimonio familiar y vivienda popular, gozarán de protección especial del Estado”, por lo que, en base a información proporcionada, y documentación falsa que obra en el propio Registro de la Propiedad, y otros elementos más, los Funcionarios Judiciales,  dictaron la resolución cuestionada por quienes no aceptan, que la ley se debe aplicar por igual a todos los ciudadanos, aunque no sea del agrado de algunos.

En otro contexto, pero siempre dentro de la crítica constructiva o destructiva, depende de cómo la utilicen, los medios de comunicación, se encuentra la Vicepresidenta, quien  argumentando misoginia, que no se aplica al caso, presenta una denuncia contra el periodista mencionado, y sin el fundamento legal aplicable al caso, la jueza prohíbe acciones inaplicables, puesto que no se da el elemento específico para el asunto en cuestión, y esta es la relación de las partes (la Vicepresidenta y el periodista).

En base a lo anterior se hace necesario establecer: ¿Qué es la libertad de pensamiento y la comunicación social? La libertad de pensamiento a mi criterio es ilimitada, mientras no la obstruya el ser humano con sus propias acciones, todo individuo puede pensar lo que quiera, pero debe respetar el derecho de la generalidad, y más aún respetar un bien jurídico tutelado por la misma Constitución: La Independencia Judicial; significa que al emitir sus fallos los jueces deben actuar con total independencia, y que la misma no puede ser coartada, y no se debe permitir bajo ningún disfraz coacción alguna en relación al fallo, él mismo puede ser analizado, pero, si no estamos de acuerdo con él, existen las instancias para argumentar nuestro descuerdo, más restringir uno de los valores que más no ha costado lograr, eso sí es censurable.

Debemos separar, en  respeto a la democracia, dos casos muy diferentes, y que, quienes no ejercen una prensa independiente están echando en el mismo saco, 1) La vicepresidenta ha sido atacada por un antiguo amigo, y sus asesores recurren a la figura legal equivocada, 2) Los Magistrados de la Sala Tercera emiten una resolución apegada totalmente a Derecho, y son atacados por un grupo que defiende intereses personales. Señores no confundamos el cebo con la manteca que son dos productos diferentes, se debe analizar con profundidad un fallo judicial, más no mediatizarlo sin conocimiento del fondo del asunto, con el objetivo de coaccionar y condenar a los magistrados, por cumplir con su función, en un claro atentado contra la Independencia Judicial, la que debe ser sagrada y respetada, guste a los intereses de siempre, o no.