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La Hora: El estado actual de nuestra justicia es muy frágil, al punto que alcanzamos hasta un 95 por ciento de impunidad, ¿por qué?

César Barrientos: Guatemala, desde 1985, enfrenta un proceso democrático que ha sido exitoso, en cuanto a que hay elecciones libres y limpias cada determinado tiempo; sin embargo, no escogió un camino republicano, porque de alguna manera diseñó poderes débiles y condiciones difí­ciles para los mismos partidos polí­ticos, al trasladar a las comisiones de postulación decisiones que deberí­an adoptarse por quienes representan a los sectores de población con intereses sociales y polí­ticos.

Se decidió trasladar esas decisiones a comisiones de postulación que están integradas -se quiera o no- por sectores que no necesariamente representan los intereses nacionales; esta fue una decisión de carácter corporativista, ya que resulta más fácil negociar con pequeños grupos, que con partidos polí­ticos o sectores de la sociedad representados en ellos.

Ese sistema de elección, además de no haber adoptado una carrera administrativa, ni judicial y tampoco en el Ministerio Público, hace que en cada determinado tiempo tengan que discutirse, de conformidad con los intereses de turno, o con poderes particulares de época, quiénes estarán a cargo del poder Judicial. Entonces, en la estructura constitucional se adopta un sistema judicial, en el que cada cinco o cuatro años, se discute quiénes son los funcionarios que ocuparán los cargos -y no se eligen por capacidad y méritos-, de manera que eso abre espacios para el tráfico de influencias y las relaciones clientelares.

LH: ¿Por qué en Guatemala no avanzan los casos judiciales y por qué nunca se cumple con los plazos?

CB: A partir de 1985 se dio un proceso de desvalorización o disminución de los Juzgados de Paz; esta situación ha incidido en un proceso de desintegración nacional y es una de las causas de la violencia, la frustración y del abandono de la tutela de los derechos por el Estado, porque cuando todos los casos pasan de los municipios a los departamentos, entonces en las localidades se pierde la sensación y la idea de prevención, y de una entidad que resuelve conflictos.

Los casos de conflictos que pasan a los departamentos van haciendo un gran número que se concentran con detrimento de las poblaciones, aldeas y municipios del interior. Todos esos casos se van sumando a los juzgados de instancia y eso aumenta mucho el número de casos para el Ministerio Público; eso hace que todo el número de casos sea imposible de resolver porque es mayor el número de casos que las posibilidades de los tribunales para resolver, y eso ha ido aumentando la mora judicial.

La mora judicial sólo es una consecuencia secundaria, lo principal en esta situación es que se fracturan los ví­nculos nacionales y se pierde la presencia del Estado y eso hace que aumente la delincuencia y que se generen condiciones de impunidad. Se ha centralizado la justicia de una manera indebida.

En el programa liberal de Mariano Gálvez, que fue quien planteó la creación de los juzgados de paz, se proponí­a que en una población de 200 habitantes iba a haber un juzgado de este tipo, que no sólo cumplí­a con la función de supervisar la paz, sino que también solucionaba conflictos.

En Guatemala, desde 1985, cuando pasan a ser abogados los jueces de paz, se desentiende o se corta la aplicación del derecho consuetudinario -el derecho indí­gena- en los municipios en donde tiene representatividad; además, se genera un corte de la relación entre la población y el juzgado, pues hay lugares donde los jueces no hablan el idioma local, no conocen a la población y no la entienden, porque están aislados en sus tribunales y a eso se suma que se les quitó las funciones que tení­an en materia penal. Serí­a importante que se hiciera una investigación al respecto, porque podrí­a ayudarnos a vislumbrar bien lo que ocurre.

Los juzgados de paz tienen muy poco trabajo en los departamentos; es una estructura estatal sin función, por haberles extraí­do los casos y no haber buscado una solución alterna, entonces todo se centra en la ciudades más grandes -en los departamentos-, en los jueces de instancia, de tal manera que aquí­, por ejemplo, solo en la capital cada juzgado de instancia tiene un promedio de una mora judicial, desde 1996, de 10 mil causas, más o menos. No es sólo el cumplimiento de plazos, sino que en esencia es la falta de la presencia institucional del sector justicia por la ausencia de procedimientos que les permitan a los jueces de paz asumir el papel original, de resolver un importante número de causas. Esta situación se tradujo en que los juzgados de paz no tienen trabajo; todo el trabajo pasa a los departamentos y hay una sensación de impunidad generalizada, una mora judicial incontenible e imposible de resolver.

Aparte, tenemos una cultura caracterizada por los formalismos; el Código Procesal, desde el principio, se determinó que era predominantemente oral, pero continuaron todos los procesos escritos y no es sino hasta el decreto legislativo 18-2010, que abren una nueva posibilidad de audiencias. En este momento podrí­amos decir que se han mejorado las condiciones y posibilidades del aceleramiento de plazos, pero los tribunales no se dan abasto aunque se aceleren los plazos para resolver.

LH: ¿Y qué alternativa existe?

CB: Hay varias alternativas. Esto deberí­a ser lo más importante para la solución de los conflictos: de vuelta al programa liberal. En cada lugar donde hay un número grande de pobladores debe haber un juez de paz, quien en gran parte concilia y resuelve conflictos de la localidad; el juez entiende los problemas y los conoce por su relación con la misma población, y al fortalecerlo podremos iniciar un proceso de integración nacional, porque el Estado no se puede ausentar en lo que se refiere al sector justicia. No hay una ciudadaní­a posible si no hay solución de conflictos. Así­ como vivimos juntos, también tenemos problemas por eso, debe haber juzgados de paz fortalecidos.

Pero también debe hacerse algo novedoso. Los juzgados de paz deben tener las funciones penales que históricamente habí­an tenido a su cargo, es decir, no sólo deberí­an hablar el idioma y ser parte de la localidad, sino también coordinar con las autoridades indí­genas, para tener una doble situación: la primera es que el Estado apoye las decisiones propias del derecho indí­gena y pueda servir para manejar un contacto entre los dos ámbitos jurí­dicos; así­ también, las autoridades indí­genas fortalecen al juez de paz. El reconocimiento del derecho indí­gena ocurrió siempre en el paí­s hasta 1985, cuando los alcaldes indí­genas eran jueces de paz y es lo que volverí­amos a tener; es una realidad inobjetable, y a medida que se abran los espacios de solución de conflictos en cada municipio y en cada localidad, se destensará el sistema.

Por otro lado, Guatemala es un paí­s pobre y no puede darse el lujo de tener en este momento unos 300 jueces de tribunal de sentencia; nosotros tenemos ahora 144 jueces, entonces la propuesta para el Congreso es, que como no somos un paí­s rico y no nos podemos dar el lujo de que tres jueces se encarguen de un hurto -está bien que juzguen un asesinato-, proponemos que los juzgados de sentencia sean juzgados y tribunales al mismo tiempo; los tribunales trabajarí­an en casos de riesgo y los juzgados cuando se trate de delitos no graves; entonces podrí­amos triplicar, cuadruplicar, o hasta quintuplicar las sentencias.

LH: ¿Y lo que falta?

CB: Lo que falta puede hacerse sin muchos recursos porque la estructura está montada. Los jueces de paz ya existen, sólo se trata de darles las facultades, y los tribunales de sentencia ya existen, lo que hay que hacer es introducirlos de manera gradual para que la Defensa Pública y el Ministerio Público puedan ir a los departamentos y podamos hacer esto de una manera racional.

Antes hubo un decreto legislativo, que fue impulsado por una de las Cortes anteriores, en donde crea tribunales de jueces de paz de sentencia y jueces de paz de primera instancia; eso significa que deberí­amos tener más de 300 juzgados de paz, pero el paí­s no puede dárselo. Lo que necesitamos son tres cosas fundamentales en el paí­s: el derecho indí­gena hay que reconocerlo y coordinarlo a través de los jueces de paz, ampliar las posibilidades de la mediación y la resolución alterna de conflictos, e implicar el peritaje cultural cuando juzga el Estado a un guatemalteco de una cultura de las diversas que forman el paí­s, para aplicar los aspectos que eximen de la responsabilidad penal o que la modifican de manera favorable y al mismo tiempo, seguir impulsando la oralidad. Pero en esencia debemos frenar esa sensación que generó el vací­o de justicia en muchos municipios del paí­s, y eso sólo lo podemos lograr fortaleciendo a los jueces de paz, pero además involucrando a la población en la solución de conflictos.

En otros paí­ses están implementando un proyecto que iniciamos en Nicaragua en el 2001, y este se ha generalizado en América Latina; ahora está en Bolivia, Perú, Argentina. La Cámara Penal fue recientemente a Nicaragua para constatar lo exitoso del programa: el juez de paz va a cada población de su municipio, hace una asamblea ciudadana y los lí­deres que designan son nombrados como mediadores; les enseñan a mediar y no sólo tratan de solucionar los problemas, sino también están en conexión con el juez, cuando aprecian un delito para que el juez avise o notifique a la Policí­a o le pida que interceda; es un sistema como de comisionados de justicia, que tienen una similitud con los comisionados militares, sólo que estos son comisionados de paz, que llenan el vací­o de justicia y sirven de aliados de la justicia en cada localidad, a quienes se les enseña a mediar para aprender el diálogo y la tolerancia, pero lo más importante es que cuando empiezan a detectar un problema extraño o interno, le avisan al juez y este acude al lugar; no es un juez que está en su despacho todo el tiempo, sino que sale, va al lugar y allí­ resuelve el problema o busca soluciones; por ejemplo puede darse que una comunidad empiece a tener problemas de linderos con otra, entonces le avisan a los jueces, y estos buscan una coordinación para resolver desde allí­. Es un plan de integración nacional a través de justicia.

LH: Usted ha impulsado varios cambios que diversos sectores de la sociedad civil los consideran positivos para el sistema, pero al parecer, algunos de sus mismos colegas no los estiman así­ y en ocasiones, ante la opinión pública, pareciera que no lo apoyan del todo, ¿por qué se da esa situación si todos deberí­an procurar el mismo fin?

CB: La idea es, y la Corte Suprema de Justicia así­ lo ha expresado en muchos casos, sobre todo lo que hace la Cámara Penal, es que se ha contado con un apoyo. Algunas de las medidas que se han dictado son un tanto novedosas y hasta audaces, eso hace que se tenga cierta, si no desconfianza, sí­ cierta resistencia porque son aspectos también muy novedosos sobre los que debemos transitar.

Por ejemplo, para la instalación de las videoconferencias era obvio que era una necesidad y estaba en la ley, pero habí­a que analizar ciertos aspectos, por ejemplo si violaba el debido proceso el que estuviera el procesado en un lugar diferente, o si el testigo no está en la sala de debates sino que está en otro lugar, habí­a que llegar a las comprensiones y a los análisis técnicos sobre la presencia virtual. Pero en casi todo ha ido prevaleciendo el sentido de que Guatemala tiene la necesidad de adoptar medidas un poco drásticas y necesarias para enfrentar la delincuencia y que en efecto, debemos ser audaces dentro del marco de las garantí­as constitucionales y los tratados y acuerdos internacionales para poder enfrentar el delito; por ejemplo se necesitan algunas leyes que serí­an importantes, como la ley de extinción de dominio, porque nosotros apreciamos que se procesa a una persona, se le condena pero mantiene todo el poder desde la prisión y cuando termina incluso ha aumentado su poder económico y su poder de influencia.

Otro aspecto en el que hay que ser audaces por ejemplo, es en lo que se refiere a la ley antimaras de El Salvador, que es un poco más audaz que nuestra legislación y las sociedades deben prepararse para enfrentar este tipo de hechos, aunque también está visto que esta no es la medida total ni completa, porque evidentemente es la educación, el esfuerzo, el trabajo de la sociedad, el amor mismo, el que hace que nuestros jóvenes encuentren espacios de reconocimiento y realización en nuestra sociedad, pero el problema está dado, es inmenso, grave y terrible, y entonces hay que enfrentarlo de diferentes maneras.

LH: Usted hace unos momentos mencionaba que en el paí­s, en general, hay ausencia de justicia y que el Estado no logra satisfacer a los ciudadanos ante sus necesidades ¿Eso genera los linchamientos?

CB: Es parte. Los linchamientos expresan frustración, temor, cólera y una serie de sentimientos negativos que se generan porque las personas no encuentran una respuesta a sus demandas de justicia, una tutela a sus problemas jurí­dicos.

Los problemas pequeños han ido creciendo porque no hay nadie quien los atienda; el juzgado de paz no conoce ningún caso, la fiscalí­a tiene excesivas denuncias, no puede atender las causas pequeñas, entonces se va generando esta situación que en efecto la refleja la ausencia de justicia, sin la cual no puede existir un Estado, porque podrí­a fallar todo.

Las personas son inteligentes y pueden tener sus propios lí­deres y también pueden definir sus propias reglas de convivencia, pero lo que no pueden hacer es resolver sus propios conflictos, entonces para eso debe darse esta situación que es parte de esta sensación de impunidad.

LH: La semana pasada, a unas personas que se salvaron de ser linchadas, las rescató la PNC y al consignarlas a tribunales las dejaron libres por falta de pruebas se dijo. ¿Quién o qué está fallando? ¿El MP al no presentar pruebas, el juez al no juzgarlas de manera técnica y correcta, el sistema en general, o la sociedad al intentar linchar a los «supuestos delincuentes»?

CB: El sistema de justicia está en crisis. Las debilidades ocurren tanto en la Policí­a, el Ministerio Público y en tribunales. Lo que apreciamos es, en esencia, que alguna de esas tres cosas fallan en un momento determinado y se produce lo inesperado. El esfuerzo de coordinación debe ampliarse; la Cámara Penal está trabajando con la Defensa Pública, el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario y el Ministerio Público; lo que pasa es que si una sociedad no da los recursos suficientes para que las instituciones funcionen, estas no funcionan. Pero estamos en una contradicción, porque la sociedad quisiera dar cuando estén funcionando las instituciones, pero para funcionar necesitan los recursos.

Cómo debemos hacer para romper este juego, que es algo así­ como el huevo y la gallina, pues debemos empezar con las dos cosas: debemos pedir un cambio de actitudes en los funcionarios y los empleados públicos, debemos estar acostumbrados a una sociedad donde se rinden cuentas, donde la obligación del funcionario y el servidor es servir al público y atenderlo, y en donde existieran los controles necesarios para premiar el buen trabajo y para sancionar lo incorrecto, pero no hacemos ni lo uno ni lo otro. Y entonces eso va generando también la apatí­a; recordemos que en una sociedad en donde no se enfrentan los males, donde no se sanciona, no se castiga, estos se vuelven más poderosos e impunes.

LH: A una sociedad cansada de la falta de justicia, en la que los corruptos se salgan con la suya, tanto en el sector público como en el privado -en el caso de bancos, por ejemplo-, ¿qué ofrecerle y transmitirle para pedirle que detengan la justicia por propia mano y cómo se le garantiza que la justicia se aplicará de manera pronta, cumplida y sobre todo, de manera correcta?

CB: Debemos trabajar arduamente. No es algo que se consiga de la noche a la mañana, porque no tenemos una estructura judicial, y tampoco una estructura del sistema de justicia para responder a todas las demandas y necesidades de la población. Pero sí­ debe hablar una regla: Rousseau decí­a que nadie bueno que vive entre malvados puede sentirse virtuoso, porque de alguna manera, lo acepta como cómplice, lo tolera o se hace indiferente.

Yo creo que una de las tareas inmediatas de todos los guatemaltecos serí­a asumir una actitud correcta. Tratemos de cumplir con la Constitución y con las leyes, porque en todo este fenómeno lo que ha pasado es que las personas miran sus derechos pero no las responsabilidades, y entonces se genera un egoí­smo o una sensación de aislamiento que hace que una persona no se sienta parte coherente del grupo social, y entonces, al no tener una justicia y equidad, se van propiciando todos estos problemas. Creo, como hombre de leyes, que las personas no pueden convivir si no aceptan las reglas, si no insistimos en ellas, y no decidimos acatarlas y exigir que se cumplan. En el caso de la corrupción deberí­amos denunciarla todos. López Portillo, un Presidente de México, decí­a: «la corrupción somos todos», y uno decí­a: «qué cí­nico», y en efecto, lo dijo con cinismo, pero implica, de todas maneras, una tarea de todos. Ninguno debe ser corrupto y todos debemos denunciar, aunque es difí­cil porque existe también temor y posibilidades de represalia; también existe la posibilidad de que las autoridades no hagan nada frente a las denuncias como muchas veces ocurre, pero al generar la denuncia y la presión, entonces podemos encontrar una situación novedosa en Guatemala.

Por ejemplo la prensa en un esfuerzo notable, ha ido creando condiciones para algo que no tenemos del todo conciencia como las denuncias públicas, pero en Guatemala, mientras la prensa siga haciendo su trabajo, ya no se puede gobernar como antes, y ese es un gran paso. Ahora hay que hacer lo que sigue: la sociedad civil, los medios de comunicación y los protagonistas sociales deben trabajar en ese tema. Pero hay que resolver otros aspectos de fondo; los partidos polí­ticos, muchos, son clientelistas, porque no hacen programas, no toman parte en las decisiones fundamentales del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, o la Contralorí­a de Cuentas, entonces no ofrecen programas y como no hay carreras, ofrecen puestos de trabajo; los partidos ganan porque ofrecen puestos de trabajo, esencialmente, o algunos conceptos ajenos a la realidad haciendo ofrecimientos que exceden las posibilidades, pero esencialmente el guatemalteco vota pensando en que va a ser beneficiado por el partido que gana. Mientras eso siga pasando así­, los ciudadanos no podemos esperar nada más; si ofrecieron puestos para 100 mil personas, sólo van a dar uno, pero los 99 mil 999 creyeron que se los iban a dar. Esto pasa en los partidos en donde no hay carrera administrativa; los partidos seguirán ofreciendo puestos, y cuando hayan carreras en las diferentes entidades del Estado, serias, firmes, respetables, tendrán que ofrecer otra cosa y lo que tendrán que ofrecer son soluciones serias a los problemas nacionales.

LH: La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala está a punto de llegar al fin de su mandato y en muchos casos lo ha hecho sin mayor apoyo del Estado, ¿Qué nos espera del futuro sin la CICIG? ¿Está lista nuestra sociedad guatemalteca para liderar la lucha contra la impunidad?

CB: Parece que nosotros no estamos listos para transitar sin el apoyo de la comunidad internacional. Somos parte de la comunidad de naciones y por lo tanto legí­timamente podemos aspirar y considerar la posibilidad de apoyo y merecerla como Estado; tendrá que pasar más tiempo con la Comisión, pues las instituciones son todaví­a muy débiles, no hemos terminado del todo la estructura legal que pertenece al paí­s, no tenemos la carrera fiscal por ejemplo, que nos permita pensar que dentro de cinco años no vamos a estar en el problema de elegir un Fiscal General, otra vez o con mayor tráfico de influencias, con mayor presión del crimen organizado, y tampoco las estructuras fuertes, el Ministerio Público no tiene fiscalí­as especí­ficas que puedan investigar a la altura, con la fuerza, con los conocimientos técnicos o recursos que tiene la CICIG.

Pero creo que en Guatemala, hay una generación de jóvenes que van a tomar el paí­s en poco tiempo, y que lo harán con mucho valor; creo que debemos dejarles el espacio y trabajar muy duro para trasladarles esta tarea y que ellos puedan hacerlo con el valor que tal vez no hemos encontrado, y tal vez no es que no hemos encontrado, porque no hay espacios para enfrentar como lo hace la CICIG, los grandes problemas del Estado. Por ejemplo en muchas ONG, que con mucha valentí­a hacen denuncias, pero esas entidades no pueden pasar de la denuncia, por lo que lo que debemos tener es la estructura que reciba, analice e investigue si procede la formulación de la acusación respectiva. Entonces, no estamos preparados, yo creo que deberí­amos pensar en tener por más tiempo a la CICIG, pero también deberí­amos pensar muy seriamente en hacer una reforma constitucional, por lo menos del sector justicia, porque el paí­s no puede avanzar con la estructura actual que tiene el sector justicia, no es factible que no haya una verdadera carrera judicial, no es factible que pueda darse esta situación cada cierto tiempo de someter a diversos poderes el conflicto de que definan por intereses y aspectos no necesariamente nacionales, quiénes van a ocupar estos cargos. No es bueno que la administración del poder judicial la tenga la misma Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Organismo Judicial, hay que avanzar, y lo tenemos que hacer con seriedad, y para eso hay que eliminar el corporativismo y dejar que sean los intereses nacionales los que decidan quiénes son, y dar estabilidad en los puestos.

LH: ¿Cree que es atinada la propuesta de que la CICIG investigue crí­menes del conflicto armado, o es sólo una estrategia para debilitar más a la Comisión?

CB: Yo siempre he pensado que la regla es no entrar al pasado, aunque hay excepciones. Pero del pasado debemos aprender las lecciones y debemos cerrar las heridas y lanzarnos a un proceso en el que dediquemos esfuerzos al presente, eso no le gusta de las ví­ctimas que quieren justicia, pero yo pensarí­a en este caso en una verdad histórica podrí­a ser suficiente. De todas maneras pienso que lo más importante ahora, en este momento, lo que pesa, y lo que deberí­amos evitar primero es que se dejen de violar derechos humanos, que no vuelva, ni se genere impunidad, por ejemplo, en los casos en contra de defensores de derechos humanos, creo que el crimen organizado es muy grande como para dispersar lo poco que se tiene, entonces, salvo en los casos en donde la Corte Interamericana ya ha mandado, por eso en un mandato de la Corte Interamericana, los otros casos deberí­amos enfrentarlos si se quiere, pero no a través de CICIG.

LH: Las mafias están en contra de CICIG al punto que lograron unirse y consiguieron la renuncia de Carlos Castresana y se han terminado de consolidar por una causa común -la Comisión-, ¿cómo enfrentarlas desde el ámbito de la justicia?

CB: Guatemala tiene deficiencias muy claras. No hay un delito en el que se identifique el tráfico de influencias; las penas señaladas en los delitos de cuello blanco u otros delitos de esa naturaleza son demasiado leves. Es cierto que la realidad no se enfrenta con leyes, pero nos permitirí­an enfrentar mejor este tipo de situaciones.

El Problema más grande de Guatemala desde el punto de vista polí­tico es que tenemos una cultura clientelar, y no es que siempre sea de mala fe, sino que se acostumbra a apoyar al amigo, al conocido, a la persona con la que se pueda tener alguna incidencia y esto se va generalizando en todo y con eso negamos uno de los principales derechos, que es el de igualdad de oportunidades; hemos ido cerrando por ese medio la igualdad de oportunidades y nos vamos condenando a la confrontación o a la imposibilidad de recibir los aportes de las personas que se esfuerzan y que merecen ocupar cargos; hay muchas cosas que hacer, pero estoy firmemente convencido de que tenemos que ir fortaleciendo la justicia como pilar esencial del funcionamiento polí­tico del Estado y el imperio de la ley; la idea es que todas las personas voluntariamente cumplan las leyes, y cuando no las cumplan vienen las consecuencias. Pero si tenemos un sistema en donde el que debe no paga, el que se compromete no cumple, el que se responsabiliza no hace que las obligaciones sean cumplidas, entones todo el paí­s empieza a desasociar, porque no hay forma de vivir. Entonces la tarea, es el darle imperio a las leyes.

LH: ¿Desde que asumió la Presidencia de la Comisión de Postulación se respiran nuevos aires, pero cómo ganarle la batalla a los mafiosos que seguro no se han quedado estáticos ante los cambios?

CB: Esto es un reto, y tenemos que descubrirlo juntos: la prensa, con su constante fiscalización; la sociedad civil, con su acompañamiento; las personas interesadas en justicia, con sus señalamientos y seguimiento en el proceso, y la Comisión haciendo todo para que sea transparente. Yo creo que la transparencia es lo único que puede ayudarnos, y vuelvo al tema, en este momento lo que el Estado de Guatemala deberí­a haber hecho es buscar a su mejor Fiscal, y el mejor es el más experto, el más esforzado, el que tiene la mejor estructura bajo su cargo, deberí­a asumir y así­ ejercer cada cierto tiempo, porque también es muy difí­cil llevar a personas a una institución que tiene 16 años, que no la conocen y no la entienden, aunque tengan muy buena fe; claro que tienen derecho a aspirar, pero les es más difí­cil, pero como no tenemos esa carrera hay que buscarlos en donde sea, pero que sea bueno, y en ese sentido, es importante que tenga capacidad, méritos y conocimientos, pero sobre todo que sea idóneo.

El problema más grande la comisión de postulación no se genera en la calificación, sino en la búsqueda de la idoneidad, porque la idoneidad es la capacidad para el puesto, y sólo la puede tener una persona que en su vida ha mostrado consecuencia en la defensa de los intereses y los derechos en general de la democracia. Pero un abogado litigante por ejemplo, que toda su vida ha defendido intereses particulares, y lo hace muy bien en los procesos penales, es muy buen litigante y podrí­a ser director de la Defensa Pública, pero no puede serlo del Ministerio Público porque hay conflicto de intereses. Entonces esa es la tarea más grande, porque hay gente muy buena, pero hay que buscar la capacidad para el puesto.

LH: ¿Cree que se presentarán candidatos ad hoc y qué mensaje le manda a aquellos abogados honrados y valiosos, con perfil para el cargo pero sin ganas de desgastarse por un paí­s que a veces se muestra demasiado indiferente ante quienes luchan por él?

CB: Pues lo que puedo hacer es invitarlos a participar, a confiar en el proceso. en la comisión de postulación estamos creando un mecanismo para evitar que sea un proceso de deméritos, y en ese sentido también ellos deben ayudar, aquellos que tienen conflicto de intereses saber que no van a poder participar, porque simplemente pueden ser aptos para muchas cosas, pero no para fiscales, y los otros hombres y mujeres que han trabajado y defendido los intereses generales o asumido en algún momento de su vida la defensa de los derechos humanos, o la defensa de la democracia, deberí­an participar y optar al cargo; lo que queremos hacer es que sea una elección transparente y que se sientan seguros de que su aporte y participación en el proceso es importante y que si reúnen los requisitos que se están planteando, que tampoco son extraordinarios, pues pueden pasar por una lista en donde lo que pretendemos es que no lleguen porque alguien los recomienda, sino por sí­ mismos .

LH: ¿Cómo puede el Fiscal electo soportar la presión de los grupos paralelos, y cuál puede ser la receta para enfrentar los riesgos que esto implica, incluso los que atenten contra su vida?

CB: Lamentablemente no hay recetas, lo que invocamos es el valor, el deber de servicio, la conciencia de la necesidad de aportar al bien de este paí­s, porque Platón decí­a eso, «nosotros no nacemos sólo para nosotros mismos», somos parte de una comunidad. Algunos tenemos hijos y nietos, no podemos seguir avanzando hacia una sociedad en peor estado de la que recibimos, serí­a algo terrible que entregáramos un caos, y haber avanzado hacia una situación de casi desarticulación del Estado; el Ministerio Público es vital, porque es un órgano inter poder, entonces debe ser autónomo, debe servir para mantener el equilibrio de poderes, persiguiendo a quien viola la ley; no hay Estado en el mundo que pueda perseguir a todos los que violan la ley, pero sí­ va generando una sensación de prevención, porque la gente siente que algo le va a pasar si transgrede la ley.

LH: Si usted llega a tener conocimiento, ¿denunciará injerencias similares a la de Glorí­a Torres, César Fajardo y el Rey del Tenis, Julio César López Villatoro en la elección de ustedes para la CSJ?

CB: No tengo conocimiento de cómo se dio el proceso, y si hubo injerencias, pero el hecho es que si la Constitución y las leyes nos mandan de que si hay presiones en contra de la independencia del Organismo Judicial, se comete un delito y hay obligación de denunciar; en ese sentido, el compromiso es cumplir con ese mandato, donde se conozca un acto de corrupción o un acto ilegal, se denuncie. No sabemos qué pueda pasar con la denuncia, pero hacerla.

LH: Ustedes, como cámara penal, sentaron un precedente con el juez que liberó a Napoleón Rojas, pero ¿cómo lograr que los jueces sean supervisados y sancionados en las diversas áreas jurí­dicas e instancias del sector justicia?

CB: Es una situación muy difí­cil, pero estamos proponiendo un proyecto de ley, reformas al Código Procesal Penal al Congreso de la República, que es la base al principio de la depuración en el poder Judicial; es una norma que se llama de injusticia notoria, y que permite la destitución de un juez, independientemente de las responsabilidades penales o de otro tipo de procedimientos; pero un procedimiento de destitución, cuando se encuentra a cualquier juez -menos a magistrados, porque el que decide es el órgano que nombra- con una resolución inexplicable, que es aquella que desde ningún punto de vista se encuentra lógica, o sentido común, coherencia, interpretación de acuerdo a una teorí­a del derecho; si la resolución ha sido revocada en la instancia superior, entonces el Ministerio Público, las partes, o los querellantes pueden pedir a la Cámara Penal la destitución de ese juez, y se da intervención a la Procuradurí­a de los Derechos Humanos, y en un procedimiento oral y público muy breve, se decreta la destitución, si se prueba; si esa resolución estaba firme por alguna razón, entonces procederá el recurso de revisión de la sentencia. Es una norma por la cual los jueces tendrán que pensar cómo van a explicar por ejemplo, que un extranjero que es detenido con armas, con drogas, con vehí­culos sin autorización para circular en el paí­s, por qué le van a devolver sus bienes, o van a justificar que no dictan una prisión preventiva por peligro de fuga.

LH: ¿Cómo hacer jueces de carrera? ¿Cómo remover a los malos y seguir promocionando y valorando a los buenos?

CB: Lo que pasa es que aquí­ nos está fallando el sistema de carrera judicial. En realidad, existe un principio de carrera judicial, porque la carrera sólo llega a jueces de paz y jueces de instancia, y eso no puede ser una carrera. Pero también hay que trabajar sobre los ingresos y los ingresos -que no son del todo adecuados-, creo que hay que trabajarlo más, hay que mejorar el reconocimiento de méritos, mejorar los sistemas que permitan tomar decisiones fundadas, para los ascensos y traslados.

LH: ¿Hay intereses o grupos que interfieren de manera directa en la labor de jueces, magistrados de Sala y magistrados de la Corte?

CB: Debe haber, porque es parte de la ambición clientelar y las comisiones de postulación dan las pautas para que este tipo de trabajo pueda generarse; entonces si alguien pensara que puede llegar a la Corte de Constitucionalidad, o que puede llegar a la Corte Suprema o al Tribunal Supremo Electoral, pues lo que tiene que hacer para esto es ganar espacios dentro de los grupos que votan, y ganar el espacio, la simpatí­a, y de esa manera obtener las candidaturas para estos puestos.

LH: Se dice, que en el pasado, los magistrados se encargaban de «asignar» los casos a ciertos jueces. ¿Que opina al respecto? ¿Se sigue dando esa práctica?

CB: Dentro de una de las cosas que nosotros encontramos en la Corte Suprema de Justicia, es en efecto la posibilidad de manipular quién tiene el caso. Nosotros hemos ido trabajando para evitarlo, por ejemplo, en cuanto a antejuicios y el juez pesquisidor, se estableció un procedimiento que permite saber quién es, para que no pueda nombrarse un juez que sea distinto al que le toca en la Cámara de Amparos y Antejuicios. En el Centro de Gestión Penal estamos iniciando un proceso de reestructuración muy fuerte, porque en el Centro de Gestión Penal encontramos un gigantismo en la contratación de personas, y una estructura en donde se podí­an fugar casos; en los juzgados de turno por ejemplo, porque no es el juez el que llevaba el control del proceso, sino el gestor de despachos, entonces éste podí­a pasarle o no un proceso, o decidir cuándo se pasa porque el juez no llevaba un control del proceso. Y también en la gestión de despachos si se encontraron esas anomalí­as y nosotros hemos ido cerrando esos espacios. Hemos empezado ya este proceso de reforma a la gestión de despachos, en el que nos ha llegado un caso por ejemplo, en el que estábamos moviendo a más de 150 trabajadores, que estaban en esa estructura sin que tengan mayores cosas que hacer. Es una prueba de que se nombra de manera arbitraria, teniendo al poder judicial con necesidades, se coloca a personas donde no es necesaria su función, porque es un trabajo que se puede simplificar con una restructuración administrativa o una reorganización, que es lo que estamos haciendo. También simplificamos los tribunales para tener menos personal y tener la posibilidad de tener más juzgados o ubicarlos donde más falta hagan.

LH: Pedir la renuncia de ílvarez no debe hacer sido fácil, sin embargo usted dijo que era lo ético y correcto. ¿Como humano que es, qué pasó por su cabeza en aquellos momentos?

CB: Mire, trabajamos juntos en la Corte Suprema de Justicia, hemos tomado decisiones juntos, correctas y adecuadas, lo que pasa es que en ese momento uno tiene que hacer unos pesos y contrapesos, ¿con quién es la lealtad? ¿A quién se debe uno? y pues, todos hicimos un juramento constitucional; la lealtad es a la Constitución, la lealtad es a la justicia del paí­s, la lealtad es frente a los guatemaltecos, y pase lo que pase estaré dispuesto a continuar pidiendo esa misma actitud.

LH: Pero no fue sencillo tomar la decisión…

CB: No, no fue sencillo. Fue difí­cil.

LH: En otras administraciones en la Corte han existido magistrados que incluso han ostentado la Presidencia, que ahora son cabecillas de grupos de abogados que defienden a mafias y que son más conocidos de lo que la gente cree. ¿Usted considera que existe en esta administración ese tipo de magistrados?

CB: No, creo que esta Corte ha entrado bajo otros parámetros; como dice el magistrado Mendizábal, «somos la primera promoción de la ley de comisiones de postulación», y eso implica un compromiso, pero también implica el hecho y la realidad de una prensa y una sociedad que nos viene fiscalizando; implica también esta situación el deseo de hacer cosas buenas. Es una Corte que esta trabajando bastante, no es perfecta.

LH: ¿Qué papel le pide a la sociedad que juegue, con el afán que contribuyan al sistema de justicia en sí­?

CB: Yo creo que serí­a en tres sentidos: uno, pedirles que cumplan con sus responsabilidades y que ejerzan sus derechos, porque también cuando dejan de ejercer sus derechos y se resignan, se llenan de sentimientos negativos; que denuncien todos los hechos delictivos que conozcan, que denuncien la corrupción donde se presente, y apoyen en ese sentido el trabajo de depuración del poder judicial que tendrá que hacerse, y debemos hacer que los buenos jueces sean reconocidos. Un ejemplo de buenos jueces son los que están ahora llevando el caso de la narcomatanza, con tantas presiones, soledad y dificultades. Entonces, yo pedirí­a también que vean lo bueno y los esfuerzos, pero sobre todo trabajemos juntos para ser una sociedad de derecho; la única posibilidad que tenemos para no confrontarnos, para no desintegrarnos, es tener confianza en que tenemos una Constitución, tenemos leyes, y deberí­amos hacer lo posible todos y cada uno, por cumplirlas, porque en este desarrollo constitucional y en el cumplimiento de las leyes, es en donde podemos encontrar un futuro de nación.