Entiendo que, efectivamente, el tema puede utilizarse como pretexto, pero eso dejarí­a de ser así­ si el Gobierno tuviera un compromiso claro con el combate a la corrupción. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que uno de los narcos atacados ayer a tiros sea uno de los principales contratistas de cohesión social según denuncia que hace en un video que se publica en la página de Nuestro Diario el dí­a de hoy? Ese tipo de cuestiones, que van más allá del simple hurto de caudales públicos y que coloca al Estado como parte de la red de lavado de dinero que hay en el paí­s, es algo de lo que llora sangre y que nos coloca en una situación en la que uno duda seriamente de cuán grande pueda ser el desví­o de los fondos públicos para esos fines.

Yo comparto la idea de que es negativo para Guatemala que se use cualquier argumento para torpedear toda iniciativa que apunte a mejorar los ingresos fiscales, pero el mayor argumento lo da el mismo Gobierno con actitudes como la que ha tenido en el tema de cohesión social al negarse rotunda, declarada y públicamente a entregar la información para auditar los gastos. La da el Gobierno al persistir en el uso de los fideicomisos que son una fuente de corrupción donde se pueden pagar salarios de más de cien mil quetzales a funcionarios, como pasa en la Municipalidad capitalina, sin que nadie pueda realizar las auditorí­as del caso porque el secreto bancario sirve de chamarra para tapar a los corruptos y los bancos que manejan los fideicomisos son los más interesados en que los mismos no sólo se mantengan sino que sean beneficiados por ese secreto.

Los guatemaltecos tenemos más que un perfecto derecho a exigir transparencia, una gorda obligación de ser vigilantes con el uso que se da a los fondos públicos. Precisamente porque hemos sido tolerantes hasta el nivel de la indiferencia, es que ha crecido la bola de la podredumbre en nuestra sociedad al punto de que no hay negocio público que no deje mordida, comisión o moco, como quiera llamarse al dinero bajo la mesa que entrega el empresario y recibe el funcionario. En este gobierno funciona una estructura jerárquicamente definida, a partir del señor Gustavo Alejos, en la que se controla toda contratación del Estado y hasta los menores negocios tienen que ser parte de ese mecanismo de control.

Eso lo sabe todo mundo en el paí­s y por lo tanto pedir transparencia no es descabellado sino es una obligación cí­vica que tenemos los guatemaltecos. Claro está que el paí­s necesita recursos públicos y que éstos sólo pueden provenir del pago de impuestos justos que paguemos los ciudadanos. Pero pretexto o no pretexto, el tema de la transparencia no se puede obviar y el gran pecado del presidente Colom sigue siendo el creer que únicamente el CACIF está en esa onda.