Cuando se dice que diputados y funcionarios gestionaron viviendas ante el Fondo Guatemalteco para la Vivienda, Foguavi, podría pensarse que parte de las funciones de quienes desempeñan esos cargos públicos es ayudar a los necesitados y que en tal sentido la diligencia para apoyar gestiones en beneficio de particulares no es criticable. Sin embargo, lo que no se ha dicho con exactitud es que muchos de los diputados y funcionarios lo que gestionaron no fue eso, sino que se adjudicara la construcción de viviendas a determinadas empresas constructoras, haciendo de ese fondo un remedo de la porquería que ha sido el PACUR, diseñado como medio para permitir el enriquecimiento ilícito de los miembros del Congreso.
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Lo otro, lo de gestionar vivienda para simpatizantes, podría caer en el clientelismo político que es criticable pero que ocurre en todos lados porque, al fin y al cabo, esos fondos se diseñan y manejan con la mentalidad de que sirvan para ese fin particular. Pero influir para que la construcción de las viviendas sea ejecutada por las empresas recomendadas por diputados o alcaldes, es una cochinada inaceptable y debiera de ponerse en su lugar no sólo a los pícaros diputados que incurrieron en esa práctica, y que gracias a la diputada Nineth Montenegro serán desenmascarados la próxima semana, sino que también a los pícaros que dirigen el Fondo de la Vivienda, puesto que no puede justificar de ninguna manera esa complicidad con un acto de corrupción.
La verdad es que en eso de la corrupción hay algunos que no tienen descanso y dan zarpazos por donde pueden, desde el tal Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural, manejado con displicencia por la Organización Internacional para las Migraciones, hasta el Foguavi encomendado al señor Arturo Hegel, quien no atina a dar una explicación coherente sobre por qué esa dependencia se presta con tanta facilidad a realizar esas porquerías.
Y algunos de esos diputados son los que ahora están ofreciendo que para el próximo período van a hacer milagros para cambiar Guatemala y tienen el descaro de presentarse a programas televisados a hablar de dignificación de la vida política, cuando lo que tienen atrás es una larga cola de corruptela que los pinta de cuerpo entero a ellos y, por cierto, a los partidos que les confían la responsabilidad de presentarlos. El oficialismo tendrá que tener más cuidado con las figuras que usa para promoverse, puesto que si ya cometieron el irreparable error de postular a algunas chorchas, por lo menos debieran mantenerlas semiocultas al saberse que han sido de los largos que le sacan raja a la necesidad del pueblo para adquirir una vivienda.
Yo insisto que el problema de la corrupción es institucional y que tiene que haber una decisión política clara, contundente e incuestionable para modificar estructuras de forma tal que no sea fácil para cualquier pícaro de pacotilla aprovecharse del erario público para amasar fortuna.
Históricamente los diputados, especialmente los distritales, han tratado de ayudar a sus paisanos con recomendaciones para que les beneficie la obra pública y ello forma parte de la actividad política inherente al cargo. Se trata de una de las pocas cosas en las que se ve que persiste la comunicación entre el elector y el político que supuestamente les representa y por ello la gestión lícita en ese sentido no es deleznable. Lo que no se puede permitir es que un Fondo del Estado, como el Foguavi, esté al servicio de la corrupción institucionalizada y por ello hay que poner en la picota también a los administradores del Fondo porque tan sinvergí¼enzas resultan ellos como los que gestionan contratos para empresas constructoras que cuando no son propiedad de los diputados, por lo menos los salpican.