Anticipo mi rotunda negativa a tocar la Constitución que nos rige al desvelarse las reales intenciones del Gobierno con sus propuestas que en nada van a cambiar la deplorable situación en que se encuentra el país. Las mañas persisten, otra vez, mientras se le niega a la población el derecho de estar bien informada, se siguen realizando en Casa Presidencial “juntas de negocios” en donde aparecen las mismas caras de siempre ávidamente persiguiendo llevar más agua a su molino.

Ahora y no mañana la población debiera preguntarse ¿a qué viene la propuesta? Soy del criterio que el origen de todo esto proviene de seguir poniendo sobre el fracaso total de su gestión, otra espesa cortina de humo similar a la “despenalización de la droga” y mantener vigente la sempiterna politiquería, causa principal de nuestras desgracias y de paso, terminar de deshacer el triste remedo de nuestra democracia.
Sigue impertérrita la manipulación que Portillo, Berger y Colom emplearon durante sus mandatos y si usted, estimado lector, duda de lo que afirmo ¿quién o quiénes elaboraron las propuestas “de mejoras” a la Constitución?; ¿ellos serán capaces y podrán demostrarnos con hechos su clara y limpia trayectoria para que fueran dignas de discutir con seriedad tales mejoras? Y ¿cuál es el temor de divulgar por todos los medios posibles de comunicación social el listado de propuestas con una  clara explicación de sus propósitos? Lo único que se puede responder de inmediato es que ha quedado demostrada la intención de quitarle el único recurso que le quedaba a la población, la de la Consulta Popular, que al menos intentaba impedir el insaciable apetito de poder de la élite politiquera gobernante.
Lástima grande que por ningún lado haya encontrado lo que el pueblo sigue pidiendo a gritos, para que al igual como se hace en otros países realmente democráticos pudiéramos revocar el mandato conferido a quienes hayan sido designados por elección popular después de transcurrido cierto tiempo sin haber demostrado capacidad, honestidad y fiel cumplimiento de sus deberes y, siguiendo ese mismo lineamiento le vuelvo a preguntar a la ciudadanía: ¿los actuales diputados podrán tener la honra y la capacidad de analizar, discutir, dictaminar y aprobar reformas constitucionales, cuando en cinco meses no han sido capaces siquiera de promulgar sinnúmero de leyes que seguramente sí contribuirían a cambiar la ineficiencia e incapacidad del Estado?
Solo en estado demencial pudiera consentir que se tocara ni un punto o coma a la actual Constitución, pues empezando porque el Organismo Ejecutivo no tiene la solvencia moral ni ética para hacer las propuestas, al no haber cumplido siquiera las más elementales promesas electorales, mejor debiera empezar por el principio,  haciendo propuestas concretas para modificar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para poner en orden a los causantes de la debacle en que vivimos y con ello lograr el bien común.