En Guatemala no estamos acostumbrados a ganar en temas de verdadera trascendencia y si en uno hemos sido ganadores en los últimos años, es en el reconocimiento de la existencia de un sistema de impunidad que tenemos impostergablemente que enfrentar y derrotar para poder buscar el desarrollo del país.

No se trata de que se apoye o no a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. De lo que hablamos ahora es que gracias a ese profundo debate sobre las formas generales, que nos ha llevado a poner atención a los pequeños detalles, los guatemaltecos estamos claros que el sistema de impunidad existe y es un monstruo. No queremos enfocarnos en la discusión de a quién le corresponde la batalla, sino a la necesidad en sí de enfrentarla.

Cuando ha surgido una nueva discusión entre jueces y el comisionado Francisco Dall´Anese sobre el papel de las judicaturas en procesos específicos, no puede simplemente asumirse una postura de rasgarse las vestiduras por el atrevimiento de acusar a los jueces por fallos en los que, evidentemente, las pruebas de cargo y las de descargo, no mantienen relación con la sentencia.

Lo que tiene que obligarnos a detenernos y manifestar enérgicamente nuestra postura, es que en lugar de querer enfrentar el problema de fondo que termina siendo impunidad, lo que peleamos es el derecho de alguna de las partes de seguir estirando la chamarra para taparse con ella y evadir las responsabilidades.

Entendemos y reconocemos que el Ministerio Público ha mejorado sustancialmente en la forma de llevar a cabo procesos, reconociendo también que la meta aún está al frente para seguir avanzando. Y estamos convencidos que lo más conveniente para el sistema de justicia, sería que los juzgadores se involucren en esa batalla para el combate a la impunidad.  Apelar a la independencia judicial cuando existen terribles elementos en esa relación entre las pruebas de los procesos y las acciones de las partes, es construir un muro para no poder avanzar en esa ruta por la verdadera justicia.

Guatemala necesita que el compromiso, así como el reconocimiento de la existencia del problema, sea generalizado. Desde antes del establecimiento de la CICIG en Guatemala, con la discusión sobre su creación, empezó a surgir una seria crítica contra la “intromisión” de quienes nos han venido a decir lo que estamos padeciendo.  Lo que debemos entender, es que sin la pasión que la discusión sobre los interlocutores puede generar, tenemos que entrar a resolver el problema de fondo que nos sigue acosando como ciudadanos.

La impunidad está allí y vive dentro de un sistema que sigue intentando encontrar defensores para mantener ese estatus. No es momento de estirar la chamarra para cubrirnos con ella. Es momento de enfrentar con responsabilidad los retos que tenemos al frente.
 
MINUTERO:

Hemos avanzado infinidad
al reconocer la impunidad;
ahora es ya la batalla,
y tenemos que dar la talla