No soy de los que pregonan el fin de las ideologías porque pienso que es imposible vivir sin ideas fundamentales, pero sí creo que hay ámbitos de la vida en los que no caben distingos ideológicos de ninguna naturaleza. El tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción es precisamente uno de ellos porque, en legítimo honor a la verdad, lo mismo nos da que robe un pícaro de izquierda que un pícaro de derecha.

El daño a la sociedad es exactamente igual porque se traduce en daño para los más pobres que sufren por la ausencia de programas efectivos para atender sus necesidades y ofrecerles oportunidades.
 
 La corrupción no tiene ideología y así lo hemos visto a lo largo de muchos años y a lo ancho del mundo. Asumiendo esa verdad, tenemos que decir que, igual, la lucha por la transparencia y contra la corrupción no puede tener ideología y debe formar parte de los principios generales de una sociedad que ha sufrido el saqueo de su erario por una constante y progresiva sucesión de malos manejos que merman la capacidad del sector público para funcionar con eficiencia y sentido de responsabilidad en el cumplimiento de sus fines naturales.
 
 Si en algo tendríamos que ponernos de acuerdo fácilmente es en los mecanismos para enfrentar a los corruptos, aunque hay que entender que estos tienen un poder extraordinario y aliados sumamente poderosos diseminados no sólo en las fuerzas políticas, en las instituciones públicas, sino también en la prensa, en el sector privado, en grupos de presión y grupos de poder paralelo que están bien identificados. Los comprometidos en la lucha contra la corrupción tenemos que ser más que quienes la apañan y defienden, aunque obviamente ellos tendrán más capacidad de hacer bulla y, sobre todo, de controlar la toma de decisiones porque influyen de manera directa en quienes a la hora de la verdad tendrán que votar para impulsar las acciones concretas que nos permitan iniciar la batalla.
 
 Lo que tenemos que identificar en este momento del debate que se ha abierto, para bien o para mal, alrededor de unas leyes maltrechas, es quiénes están apostando a proponer modificaciones que fortalezcan la capacidad de enfrentar la corrupción y quiénes están recurriendo a tácticas dilatorias o a proponer fantochadas que no persiguen más que institucionalizar los malos manejos y consagrarlos con la cobertura de disposiciones legales que hagan el papel de la tierra que el gato usa para enterrar su porquería.
 
 Y no hace falta más que sentido común para definir en qué bando anda cada quién a la hora de plantear el debate. Salta a la vista la maniobra para entorpecer el avance y también resulta evidente la propuesta que persigue facilitar la comisión de actos corruptos y facilitar el enriquecimiento ilícito. Repito que no es cuestión de ideologías porque desde la izquierda o desde la derecha se sabe exactamente cuando hay corrupción y cuando se trata de mantenerla y alentarla. Acaso la única diferencia ideológica pueda estar, honestamente hablando, en que algunos piensen que sólo hay pícaros en el sector público y otros piensen que el problema es general y se da también en el sector privado y que todos deben ser igualmente responsables si participan del saqueo del Estado. Y ello porque ideológicamente se ha satanizado lo público y exaltado lo privado, pero en el fondo, tirios y troyanos sabemos que los pícaros están en toda la viña del Señor.
 
 Lo que sí tiene que entender el Presidente y su círculo más cercano, es que está en juego su sitio en la historia. Si se da un paso firme y categórico contra la corrupción, el cambio en el país es incuestionable. De lo contrario, solo prolongamos la agonía de un modelo fracasado.